El Congreso aprueba el informe del Pacto contra la Violencia de Género y lo envía a Pleno con el único voto en contra de Vox

El Congreso ha dado este lunes un paso definitivo en el camino para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todos los partidos menos Vox han dado el visto bueno al informe que elaboró la subcomisión y viaja ya al Pleno para su ratificación. El nuevo texto la violencia económica como una forma de violencia machista.

El texto consta de 400 medidas divididas en diferentes ejes –una parte ya recogida en normativa vigente y otra nueva–, para cuyo cumplimiento el documento consigna un aumento del presupuesto hasta los 1.500 millones de euros en cinco años repartidos entre el Estado central, las comunidades y los ayuntamientos. Entre otras medidas, incorpora el reconocimiento de la violencia económica ejercida contra las víctimas a través, por ejemplo, del impago de pensiones, como una forma de violencia machista. 

Muchas de las novedades son “propuestas” que van desde la formación transversal en violencia vicaria a todos los operadores jurídicos a la supresión de los atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género. Además, propone reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 para incluir específicamente la violencia que se ejerce contra los hijos e hijas de las víctimas a través del régimen de visitas. Con ello se prevé hacer un reconocimiento más explícito a pesar de que los menores ya están incluidos en la norma.

Por otro lado, incorpora medidas para mejorar el “acompañamiento” a las víctimas y para ello crea la figura de las “unidades de apoyo en el ámbito local”. Propone el desarrollo de protocolos para mejorar la detección temprana de la violencia en las consultas de médico, para impulsar la formación en las aulas o para evitar que falsos síndromes como el SAP –según el cual, la madre manipula a los niños contra el padre– sean tomados en cuenta en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF).

Durante el debate en la comisión todos los grupos han celebrado el espíritu de este acuerdo por encima de las diferencias que varios de ellos han remarcado en sus intervenciones. “Es evidente que tenemos diferencias que llegan a ser muy profundas pero nos une la voluntad de acabar con la violencia de género”, ha defendido la portavoz socialista, Milena Herrera, que ha añadido: “No están, no estáis, no estamos solas”. “Pero es importante que el mensaje llegue también a quienes creen todavía en la violencia como forma de imponer su criterio o forma de solucionar un conflicto. Los agresores deben de escuchar y entender que están solos”, ha dicho.

También el PP ha celebrado el consenso y ha presumido de su trabajo a la hora de lograrlo, aunque no ha perdido la oportunidad de criticar al PSOE y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, “por insiltar” a su partido. “Por muco que les guste hablar de negacionismo nunca podrán negar la voluntad del PP de acordar en materia de lucha contra la violencia de género. ”Si este texto vuele a ser un pacto de Estado es por el PP y no solo por nuestro apoyo sino por nuestro trabajo. Si niega esto será una negacionista más“, ha dicho la diputada Beatriz Fanjul.

“No es el pacto que nos habría gustado, pero es el mejor pacto porque es en el que hemos conseguido ponernos de acuerdo. Hemos hecho un ejercicio de buena política, ejercicio ideológico, con matices, hemos aprendido de nuestros compañeros. Me duele la actitud de las diputadas de Vox”, ha sostenido por su parte la diputada de Sumar Júlia Boada.

Sumar ha conseguido sacar adelante un voto particular para colocar las campañas de prevención a jóvenes y adolescentes alrededor de la prostitución bajo la categoría de “sensibilización y prevención” y no “en atención a otras formas de violencia contra las mujeres”, toda vez que, justifican, “el objetivo es el de concienciar a los varones, poniendo el foco en quien mayoritariamente hace uso de la prostitución pudiendo reproducir diferentes formas de violencia contra las mujeres”. En su intervención también ha celebrado que no se mezclen los conceptos de “trata de mujeres y explotación”.

Varios grupos piden incluir la violencia obstétrica y la institucional

Aunque todos los partidos menos Vox han aplaudido el acuerdo para avanzar en este pacto, algunos grupos han presentado votos particulares para tratar de incluir posiciones que a su juicio quedan fuera del texto acordado en la subcomisión. Varios partidos como ERC y Podemos, por ejemplo, han lamentado que no se reconozcan también algunas violencias como la obstétrica y la institucinoal. “Este pacto reconoce nuevas formas de violencia pero entendemos que no podemos quedarnos ahí. La violencia obstétrica sigue siendo un gran tabú que no puede seguir siendo ignorada”, ha apuntado la diputada de Podemos Noemí Santana.

La portavoz de los republicanos en esta comisión, Etna Estrens, ha redundado en este asunto y ha puntualizado además que el texto que hoy han aprobado los grupos habla sobre ese tema mediante “eufemismos” al mencionar la “salud obstétrica”. También ha reclamado, en línea de su voto particular, que se aborde la “violencia institucional” para evitar casos como el del juez de La Manada o de la causa de Juana Rivas. “La violencia institucional se manifiesta en muchas formas y ámbitos. Es esencial que se reconozca para avanzar a una sociedad más justa”, ha pedido.