Barcelona archiva cinco sanciones por la reserva del 30% para vivienda protegida pero no descarta volverlas a abrir

El Ayuntamiento de Barcelona ha archivado cinco expedientes sancionadores que se incoaron en 2022 por incumplimiento de la norma que obliga a reservar un 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones para vivienda protegida, tal como ha avanzado el Diari Ara y lo ha confirmado la teniente de alcaldía, Laia Bonet, en una atención a periodistas este lunes.

Este archivo se da porque en septiembre de 2023, poco después de que Jaume Collboni llegara a la alcaldía de Barcelona, el nuevo Gobierno pidió a los servicios jurídicos un informe sobre los procedimientos que se habían llevado a cabo hasta ese momento para aplicar sanciones por incumplimiento de la norma.

El resultado de dicho informe que, de momento, el consistorio no ha facilitado, sostiene que hay “poca seguridad jurídica” en la manera en que se incoaron esos expedientes, todavía en época de Ada Colau. Las dudas se basan en que la administración anterior, ante la sospecha de que diversas promotoras habían pedido licencias de obra incorrectas para intentar saltarse la normativa, cometió algunos defectos de forma.

Básicamente, las dudas se basan en que iniciaron a la vez el expediente sancionador que el de restitución. Este último es el que debe resolver si se ha pedido la licencia adecuada o no y, según sostienen desde el PSC, no se pueden imponer sanciones sin tener claro del todo que se haya cometido una infracción a la hora de comunicar las obras.

“Para tener todas las garantías, lo que hay que hacer es resolver primero el expediente de restitución y luego, una vez aflora el incumplimiento, tenemos todas las herramientas con seguridad jurídica para imponer sanciones que no vayan a tumbarse”, ha explicado Laia Bonet. La teniente de alcaldía ha cargado contra Barcelona en Comú, a quien ha afeado “trabajar sin fiabilidad”, -aunque el gobierno de Barcelona en Comú era en coalición con el PSC.

Así, como la administración tiene un periodo de seis meses para resolver un expediente desde el momento en que se incoa y, en tanto que el informe de servicios jurídicos ha tardado más de un año en estar listo, los procesos que estaban abiertos caducaron y, por lo tanto, quedaron automáticamente archivados.

A pesar de ello, Bonet ha recalcado en que esto no significa que se hayan dejado en un cajón. “Están todos vivos y con la posibilidad de acabar en sanción”, ha reiterado la teniente. Así, en caso de que se acabe demostrando que alguna de estas cinco promotoras pidió una licencia de obras que no correspondía, el Ayuntamiento asegura que incoará un expediente sancionador. “Tenemos la firme voluntad de ir hasta las últimas consecuencias y de hacer cumplir la norma del 30%”, ha añadido.

Por su parte, los Comuns han respondido a Bonet y han acusado al gobierno de Collboni de “complicidad con el lobby inmobiliario” y consideran la decisión de archivar los expedientes como una “estafa”. Asimismo, consideran que, si no ha habido sanciones, es por falta de voluntad política y han defendido su manera de proceder recordando que, durante su mandato, pudieron finalizar dos expedientes incoados, asegurando que “existe” seguridad jurídica.

9 posibles infracciones detectadas

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona tiene nueve casos de posibles infracciones detectadas. Todos ellos vienen de una gran inspección que se realizó en 2022, cuando se investigaron 2.500 promociones. En total, se detectaron 17 posibles infracciones “muy graves”, pero la mitad de ellas -ocho- quedaron en nada porque se consideró finalmente que “técnicamente” no incumplieron la norma.

Entre las nueve restantes están las cinco que han quedado archivadas y otras cuatro, que inició el Ayuntamiento después de contar con el informe de servicios jurídicos. En el caso de las cinco archivadas, el consistorio ha vuelto a poner en marcha un expediente de restitución.

Todos los casos están a la espera de resolución, excepto uno de ellos, que afecta a una finca en la calle Castillejos. Este ya cuenta con una sentencia que constata que la promotora intentó saltarse la normativa pidiendo una licencia que no correspondía. El Ayuntamiento está “estudiando la sentencia” de cara a incoar el respectivo expediente sancionador.

El consistorio no ha querido aventurar cuánto tardará en llegar la resolución del resto de expedientes, necesaria para poder imponer sanciones. Este es un detalle no menor porque el Ayuntamiento está trabajando en una reforma de la norma de la reserva del 30%, que podría dejar fuera las grandes rehabilitaciones.

Aunque Laia Bonet ha insistido en que la reforma “no afectará” a la tramitación de los posibles expedientes sancionadores, fuentes jurídicas consultadas aseguran que si las multas se ponen después de la reforma, “podría ser complicado que las sanciones se pudieran llegar a sostener”.

Desde que llegó a la alcaldía, Collboni dejó clara su intención de reformar esta medida, que fue aprobada por Colau en 2018. Para ello, el alcalde cuenta con el compromiso del grupo de Junts, gracias a un acuerdo al que llegó con Xavier Trias, cuando todavía era el líder de la formación municipal.

La intención del consistorio es mantener la reserva del 30%, pero eliminar la obligatoriedad de que los pisos destinados a vivienda protegida estén en la misma promoción y, por tanto, se podrán colocar en otros barrios de la ciudad. En el caso de las grandes rehabilitaciones, la intención es que sólo se mantenga para aquellos casos en que sólo se conserve la fachada o en los que los que la superficie habitable aumente en 600 metros cuadrados.

El motivo de esta reforma es que, según apuntan desde el PSC, no ha funcionado. De hecho, según datos municipales, desde hace cinco años sólo se han creado 26 viviendas protegidas gracias a esta norma. Además también sostiene que ha reducido la construcción de nuevas viviendas y rehabilitaciones a pesar de que, según datos del colegio de arquitectos, cada año se construyen en Barcelona 1.000 pisos nuevos.