Dos exconcejales del PSC en L'Hospitalet admiten que simularon un despido y devuelven 47.000 euros

El exteniente de alcalde socialista de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Cristian Alcázar y el exconcejal y exprimer secretario del PSC en el municipio Cristóbal Plaza han admitido que simularon el despido de éste último en el Consell Esportiu de la ciudad. Ambos acusados han devuelto los 47.000 euros cobrados de forma indebida como indemnización.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este martes una vista de conformidad para cerrar el primer juicio del caso Consell Esportiu de L’Hospitalet. La Fiscalía y los Comuns, acusación popular de la mano del abogado Enrique Leiva, han llegado a un acuerdo con las defensas, ejercidas por los letrados Cristóbal Martell y Débora Quintero.

A cambio de rebajar las altas penas que pedían las acusaciones (cuatro años y medio Anticorrupción; hasta seis los Comuns), los acusados han admitido los hechos y han aceptado una condena de nueve meses por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social.

Para alcanzar la conformidad ante el tribunal, la Fiscalía y los Comuns han aplicado a los dos acusados la atenuante de reparación del daño, una vez han abonado los 47.147 euros de indemnización que les reclamaban por simular el despido irregular y otros 6.486,96 euros por las cantidades indebidamente percibidas por Plaza en concepto de prestación por desempleo.

En su escrito de acusación provisional que ahora se convertirá en sentencia de conformidad, el fiscal anticorrupción Luís García Cantón mantuvo que Alcázar y Plaza “concertaron sus voluntades” con el objetivo de que el segundo “obtuviera un indebido beneficio económico” con la excusa de poner fin a la relación laboral que le unía con el Consell, donde era director técnico administrativo.

Según detalla el fiscal, Alcázar comunicó a finales de 2016 el despido a Plaza basándose en un descenso de los ingresos del Consell que en realidad no se produjo, ya que aquel año la entidad obtuvo un cierre positivo de 598 euros y además no tenía ánimo de lucro.

Fuentes de la defensa han explicado que los acusados han aceptado la rebaja de condena, conscientes de que la documentación formal que dio cobertura al despido de Plaza no era la correcta y que no se sometió a la aprobación de la comisión directiva del Consell, como era preceptivo, si bien esta falta de “decoro formal” no se debió a una voluntad de esconder el despido.

Es más, insisten en que el despido fue regular y que se enmarcaba en una “amortización triangular” del puesto de Plaza: no se contrató a nadie en su lugar y la persona que en 2017 fue fichada como director del Consell desempeñaba funciones propias de otro cargo.

El juicio es la única pieza separada del caso Consell Esportiu, cuya investigación principal sobre la gestión económica de cargos del PSC, permanece en fase de instrucción. A la espera del informe pericial definitivo de la intervención general del Estado, el caso se ha desinflado respecto a lo que apuntaban los primeros informes policiales.