El juez envía al banquillo al president del Parlament balear, de Vox, por romper la foto de víctimas del franquismo

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha acordado enviar a juicio al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), acusado de un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. El juez rechaza, por su parte, las peticiones de archivo formuladas por la Fiscalía y el propio Le Senne, quien alega que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor decreta además para el dirigente de extrema derecha una fianza de 40.000 euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este proceso. Dado que en Balears ya no se aplica la figura del aforamiento de diputados, Le Senne no será enjuiciado por el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma (TSJIB), sino por un Juzgado de lo Penal de Palma.

Se trata del segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo, después de que Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban 14 años y medio de cárcel. A diferencia de Le Senne, Munar anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política antes de llegar a juicio.

Tras conocer la resolución, la Presidencia del Parlament ha remitido un comunicado oficial en el que señala que Le Senne “sigue amparado por la presunción de inocencia” y ha manifestado su “voluntad de colaborar con la Justicia en el acto del juicio para despejar toda duda” de que “no cometió ningún delito”. “Aquel 18 de junio actuó únicamente en aplicación del reglamento y sin ninguna intención de humillar a nadie”, asevera, a pesar de que los propios letrados de la Cámara censuraron su comportamiento. La nota recuerda, asimismo, que está pendiente de resolver el recurso de apelación que interpuso ante la Audiencia Provincial de Balears, “al que el fiscal se ha adherido, reiterando la petición del sobreseimiento de la causa”.

La asociación Memòria de Mallorca ha exigido, por su parte, la dimisión inmediata de Le Senne y, de no hacerlo por propia iniciativa, reclama que se pongan en marcha los protocolos reglamentarios pertinentes para su cese.

En concreto, la entidad memorialista -en unión con los descendientes de la republicana Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación, 13.000 euros de multa y que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez ha rechazado.

La representación procesal de los parientes de Picornell y las hermanas Pascual reclaman, además, una indemnización total de 30.000 euros que destinarían a Memòria de Mallorca para que continúe desarrollando su lucha a favor de la memoria democrática y los derechos de las víctimas del franquismo.

Cabe recordar que, hace tres semanas, el instructor de la causa decretó que el procedimiento continuase adelante mediante un auto en el que consideraba que el gesto de Le Senne lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”.

El juez subrayaba en aquella resolución que “el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las 'Rojas del Molinar' [como se conoce popularmente a las mujeres asesinadas que figuraban en la foto]”. Añadía, además, que “todo ello no puede descontextualizarse del signo político del partido al que pertenece el señor Le Senne, Vox, que, como se acredita con las documentales aportadas con las diferentes querellas y denuncias, nunca condenó el régimen franquista”.

El PP salva a Le Senne

El pasado 3 de septiembre, y sin desvelar el sentido su posicionamiento hasta apenas unos minutos antes de la votación, el PP salvó a Le Senne de la destitución, instada por los grupos de la oposición (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) a raíz de unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears. Con su abstención, los conservadores, quienes el año pasado auparon al dirigente ultra a la presidencia del Parlament a cambio de que los populares pudieran gobernar Balears en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-, facilitaron la continuidad del dirigente de extrema derecha.

La postura del PP contradijo las palabras que la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, había pronunciado días después del incidente y con las que daba “por hecho” que Le Senne dimitiría dado que, según su punto de vista, era la única manera de que el anuncio de Abascal de romper los acuerdos autonómicos de gobernabilidad tuviera efecto en Balears: “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal ayer fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señaló en su día la líder autonómica. A día de hoy, Le Senne continúa siendo la segunda máxima autoridad de la Comunidad Autónoma.

El segundo presidente en ir a juicio y el tercero en ser investigado

En el caso de Munar, la antigua dirigente de UM fue condenada por primera vez en julio de 2012 a cinco años y medio de cárcel -posteriormente confirmados por el Tribunal Supremo- por delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad por haber auspiciado el desvío de hasta 240.000 euros a la empresa Vídeo U, controlada a través de testaferros por Munar y su entonces delfín político Miquel Nadal y utilizada como medio de difusión de los intereses de UM.

Un año después, en julio de 2013, la Audiencia Provincial de Balears la condenó a seis años de prisión por fraude y revelación de secretos a raíz de la venta irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge a la constructora Sacresa. El mismo día en que Munar conocía la sentencia, la Fiscalía instó su ingreso en prisión preventiva por riesgo de fuga y ante la posibilidad de que contara con fondos en el extranjero que le facilitaran evadir la Justicia. En su siguiente juicio, Munar fue sentenciada a otros tres años por cobrar parte de los cuatro millones de euros de soborno que Sacresa pagó a varios dirigentes de UM a cambio de serle concedidos los solares de Can Domenge.

En el resto de casos por los que se sentó en el banquillo, la expresidenta del Parlament acabó aceptando acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que fue condenada a varias penas de inhabilitación, entre ellas por favorecer desde el Consell de Mallorca a Studio Media, una de las empresas más próximas a UM que fueron regadas con fondos de la institución insular.

Asimismo, aunque en su caso ya no era máximo responsable del Parlament cuando se le imputó, otro presidente, Maximilià Morales, fue investigado por las irregularidades cometidas en el proceso de recalificación y urbanización del polígono industrial de Son Oms, en Palma, traducidas en delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Falleció antes de que la causa llegase a juicio. Durante el minuto de silencio que se le dedicó en la Cámara, los diputados de Podemos no se pusieron de pie al considerarlo un político que “nunca se quitó la sospecha de corrupción”.