Barcelona y otras 11 ciudades piden a la UE que la inversión en vivienda no compute para deuda como la defensa

Si la amenaza de Rusia para la seguridad del continente ha llevado a la UE a plantear medidas excepcionales como la relajación de la disciplina fiscal para que el aumento del gasto militar no compute para la deuda y el déficit, la crisis de la vivienda es el enemigo interno que se debe atajar con herramientas similares. Es lo que plantean los alcaldes de Barcelona y otras once ciudades europeas que se han aliado bajo el concepto 'Alcaldes por la vivienda' para reclamar en Bruselas más celeridad y ambición en la materia.

En el documento que han entregado a la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y al comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, proponen una revisión de las reglas fiscales “para excluir las inversiones en vivienda asequible de los límites máximos de déficit y deuda establecidos por el Pacto de Crecimiento y Estabilidad”. Ese es el planteamiento que ha hecho Ursula von der Leyen para el gasto en defensa: levantar las restricciones y que esas partidas presupuestarias no computen para el camino del déficit y la deuda, que se deben situar en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

Otro de los planteamientos que formulan los regidores, entre los que se encuentran ediles socialistas (los de París, Atenas, Roma, Bolonia o Lyon); verdes como el de Budapest o la representación de Amsterdam; liberales como Lisboa o Gante, y conservadores, como el de Varsovia, es que los fondos de recuperación que no se hayan ejecutado puedan dedicarse a la vivienda. Esa es otra de las propuestas que tiene sobre la mesa la Comisión Europea para la defensa.

Los regidores reclaman, además, que los fondos se puedan transferir a las ciudades para que la gestión sea directa. Eso supondría un ahorro de tiempo ante lo que consideran que es una emergencia. El encargado de leer esa parte del manifiesto ha sido el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, que lidera un gobierno progresista en el 'reino' ultraderechista de Viktor Orbán. Lo que pretenden, además, es que la Comisión Europea facilite marcos regulatorios para las ciudades y sortear así los bloqueos de los gobiernos nacionales, como el de Giorgia Meloni, que también impide las iniciativas de gobiernos locales como el de Roma o Bolonia. “La UE no es una unión de gobiernos nacionales sino de naciones y los ciudadanos no deberían ser castigados por los gobiernos”, expresó Karacsony.

Igualmente, instan a la Comisión Europea a modificar el marco de las ayudas de estado para permitir que los países puedan incrementar las inversiones en el sector. Von der Leyen, que ha reconocido que la crisis de vivienda es una de las prioridades de su mandato después de que los técnicos comunitarios lleven tiempo haciendo sonar las alarmas, hizo esa propuesta durante el discurso de su investidura en julio, pero no se han dado pasos en esa dirección todavía. Se espera que Ribera presente su propuesta en julio de este año.

A pesar de darle un carácter prioritario a la vivienda, el plan europeo tendrá que esperar al menos hasta 2026 para estar listo, según el programa de actuación presentado por la Comisión Europea la semana pasada. Ese ritmo es insuficiente para los 'alcaldes por la vivienda'. “Necesitamos solucuones y las necesitamos ya”, ha dicho Collboni al leer el manifiesto en el Parlamento Europeo: “Tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales”.

Barcelona vs Madrid en Bruselas

Collboni lleva varios días en Bruselas defendiendo la propuesta y el martes compareció en la Eurocámara para exponer las medidas que está adoptando Barcelona en materia de vivienda. Con la misma finalidad estuvo el regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se mostró partidario de intervenir lo mínimo posible en el mercado, en contra de lo defendido por el catalán, aunque no descartó “estudiar ninguna medida para resolver el problema de la vivienda”. “Pero creo que tienen que ser muy limitadas”, puntualizó.

Aún así, Almeida presumió precisamente de la regulación que ha puesto en marcha para controlar los pisos turísticos y aseguró que ocho de cada diez que han sido inspeccionados han decidido “voluntariamente” renunciar a su actividad económica. No obstante, defendió fundamentalmente la necesidad de construir nueva vivienda como fórmula para solucionar la crisis.

Collboni, por su parte, defendió con firmeza la ley estatal de vivienda -que en la Comunidad de Madrid no se aplica- y aseguró que “cambiar las reglas del juego para proteger a las familias” ha permitido reducir un 3,5% los precios del alquiler en Barcelona en el mes de diciembre. “Podemos decir que hemos parado la escalada de precios”, dijo el dirigente del PSC, que defendió la extinción de las licencias para los pisos turísticos en 2028: “10.000 viviendas que en 2028 pasarán al mercado ordinario para ser vendidas o alquiladas. 25.000 personas que se podran quedar a vivir en Barcelona”.