La Cámara de Cuentas destapa un agujero de 1,2 millones sin justificar en ayudas del Gobierno andaluz a hoteles

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha destapado un agujero de 1,2 millones de euros sin justificar en las ayudas que el Gobierno de Juan Manuel Moreno otorgó a los hoteles afectados por el parón de la actividad económica durante la pandemia del Covid-19 en los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Es una de las conclusiones del informe de fiscalización de las subvenciones concedidas al sector por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que acaba de hacer público el órgano de extracción parlamentaria que fiscaliza las cuentas de la Junta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas es llamativo, no sólo por denunciar un desequilibrio en la contabilidad y exigir al Gobierno andaluz que “revise y detecte los errores”, sino porque uno de los principales responsables en el departamento de Turismo durante el periodo investigado era el exviceconsejero del ramo, Alejandro Cardenete, presidente hoy del órgano fiscalizador que ha emitido un informe cuestionando su propia gestión en la cartera de Turismo.

No se trata de un informe desfavorable, sino de una resolución “con opinión de legalidad con salvedades”, que insta a la Junta de Andalucía a corregir esos “errores” implantando otro sistema de control de las ayudas que corrobore que las empresas hoteleras beneficiarias usaron el dinero para aquello que estaban destinadas. La Consejería de Turismo, a preguntas de este periódico, no valorado el contenido del informe y asegura que “en este momento se está analizando”.

Entre los incumplimientos que reseña el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, estaca ese desfase en la contabilidad: “El importe que la Dirección General de Turismo ha comunicado a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) asciende 17.578.500,59 euros, mientras que el importe concedido e incluido en GIRO (Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales) suma la cantidad de 18.771.300,59 euros. Existe por tanto una diferencia de 1.192.800 euros, correspondiente a 204 expedientes (el 21% del total de los beneficiarios), que no se incluyen en el fichero extraído a partir de dicha base de datos”.

La Cámara de Cuentas señala que este agujero en las cuentas andaluzas incumple la Ley General de Subvenciones, en relación a la obligación que tienen las administraciones de “garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones y ayudas públicas convocadas en cada momento” a través de la debida publicidad y transparencia. En el mismo sentido se incumpliría el decreto Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El informe también percibe incumplimientos de la legalidad vigente en un puñado de expedientes analizados -el 8% del total de subvenciones otorgadas equivalente al 37% del gasto total-, por ejemplo, una empresa beneficiaria cuyo domicilio fiscal no está en Andalucía; otros nueve establecimientos hoteleros que registraron su domicilio fiscal en esta comunidad “con posterioridad a la fecha límite” establecida en la norma, “y no se ha obtenido evidencia de que el domicilio fiscal anterior estuviera en Andalucía”. Se señala a empresas que reciben ayudas superiores a los 200.000 euros que fija como límite la legislación, y otras que son beneficiarios pese a no justificar la finalidad de la subvención otorgada acorde a la ley.

Las subvenciones de la Consejería de Turismo a hoteles andaluces afectados por el impacto de la pandemia están cofinanciadas por fondos europeos. Las llamadas “ayudas de minimis” están destinadas a empresas que los Estados miembros de la UE no tienen que notificar a la Comisión Europea. En tres expedientes analizados por la Cámara de Cuentas, “el importe total concedido en concepto de ayudas de minimis supera la cantidad establecida por ley”.

En 37 expedientes de la muestra analizada, no se cumple el plazo de seis meses para resolver y notificar la resolución que establece la normativa. En otro caso, una empresa beneficiaria no siguió dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) después de percibir las ayudas, como rige en la ley. El órgano fiscalizador también ha detectado en otros siete expedientes de ayudas que los beneficiarios no han permanecido seis meses de alta en el IAE, y otros dos “no cumplen con el mantenimiento de la inscripción en el Registro Turístico de Andalucía a los seis meses”.

La Cámara de Cuentas también afea a la Consejería del ramo que no haya realizado los controles precisos sobre el terreno ni haya elaborado un plan para controlar el uso legítimo de las ayudas concedidas a estos hoteles.

Entre las recomendaciones que recoge el informe destaca la obligación de desarrollar otro sistema de control interno para “detectar errores”, que permita “identificar factores de riesgo en ciertas áreas y posibilitar lograr los objetivos a través de la implementación de controles para mitigar los riesgos detectados”. También insta a “establecer y comprobar que se realizan controles en la totalidad de los expedientes, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se deben mantener a los seis meses por parte de los beneficiarios”.