El Supremo avala el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general y la intervención de su teléfono

La sala de apelaciones del Tribunal Supremo ha decidido avalar la diligencia clave del caso contra el fiscal general: los registros en los que la Guardia Civil intervino tanto sus teléfonos como los de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y también imputada. Los tres magistrados han tomado la decisión por unanimidad y explican que no quedaba “otra alternativa” que poner en marcha esa diligencia. Lo contrario sería “la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad”.

Los jueces también lanzan un mensaje al fiscal general: “Ciertamente, la entrega voluntaria, hubiera hecho innecesaria la medida”. El registro de sus comunicaciones, explica el Supremo, “es la única manera de acceder al modo en cómo se ”reveló“ el correo electrónico tantas veces citado a un tercero, lo cual resulta evidente. En una estructura como la Fiscalía, las informaciones internas son legítimas siempre que no se traspasen sus fronteras”.

El juez Hurtado puso la causa bajo secreto de sumario poco después de abrir las diligencias y su primera medida fue, a finales del pasado mes de octubre, enviar a la unidad de élite de la Guardia Civil a los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid para buscar mensajes y correos relacionados con la filtración. Los agentes no encontraron mensajes en el teléfono de Álvaro García Ortiz, que había cambiado de teléfono una semana antes, pero sí en el móvil de la fiscal provincial de Madrid que se convirtieron en uno de los informes clave de la causa.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado recurrieron esos registros pocos días después y directamente ante la Sala de Apelaciones, recursos que han tardado más de cuatro meses en ser deliberados. Las alegaciones del Ministerio Público fueron presentadas por María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que en una comparecencia ante el juez Hurtado llegó a calificar de “allanamiento” el registro ordenado en su momento por el instructor.

La Sala explica que cuando la causa llegó al Supremo existían “indicios suficientes” para investigar y que un posible delito cometido por correo o WhatsApp “no puede ser más que investigado por esos propios medios: es más, es la única manera de esclarecerlo”. “Los delitos cometidos por medios informáticos o telemáticos deben ser investigados por la propia vía de comisión. Es más, es la única manera de investigarlos”, añaden. “La idoneidad de la medida parece evidente”.

Esta diligencia aportó, sobre todo, los mensajes que tenía Pilar Rodríguez en su teléfono móvil intercambiado esos días de marzo tanto con el fiscal general como con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, o la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra. Mensajes que no revelaban ningún dato sobre esa posible filtración pero sí evidenciaban la crisis informativa de la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente. Esos mensajes cimentaron el informe de la Guardia Civil en el que los agentes dedujeron que la filtración procedía de la Fiscalía, otorgando un papel “preeminente” al fiscal general aunque no hubiera ninguna prueba concreta, postulados asumidos por el juez en sus autos.

El caso contra el fiscal general se encuentra bastante avanzado a falta de la conclusión de dos líneas de investigación iniciadas por el juez Hurtado: su intento de recuperar los mensajes del teléfono borrado de Álvaro García Ortiz y las pesquisas sobre si una asesora de la Moncloa también recibió ese email de forma ilegal. El juez ha llamado a testificar para el próximo mes de marzo a Pilar Sánchez Acera, entonces colaboradora de Óscar López en Presidencia y hoy secretaria de organiación del PSOE en Madrid.