El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) investiga si el chalé del juez Juan Carlos Peinado es ilegal

El Ayuntamiento abulense de La Adrada ha abierto una investigación de carácter urbanístico para determinar si el chalé con piscina edificado por el magistrado Juan Carlos Peinado en la localidad está dentro de la legalidad, según ha adelantado la Cadena Ser.

Según informó en exclusiva elDiario.es en junio de 2024, Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, se construyó una piscina sin licencia de obra en una finca a las afueras de su pueblo, La Adrada, junto a un espacioso chalet que lleva tiempo construido y que carece de licencia de primera ocupación por no tener acceso a la red de saneamiento. Un pleno municipal extraordinario forzado por el PP calificó el terreno como “urbano” en 2016, cuando la vivienda llevaba diez años construyéndose.

En su momento, la alcaldesa de La Adrada, la popular Pilar Martínez, denegó a elDiario.es el acceso al expediente urbanístico de la vivienda y la piscina. Con el argumento de la protección de datos personales, instaba a presentar un escrito que analizarían sus servicios jurídicos para dar respuesta en un plazo de treinta días.

Ahora, según un documento municipal al que ha accedido la Cadena Ser, el consistorio abulense responde a un denunciante que “ha iniciado la revisión” del expediente urbanístico correspondiente a la finca del magistrado. De acuerdo a la respuesta municipal, el Ayuntamiento ha designado al arquitecto municipal la gestión del asunto y la ejecución de una “inspección urbanística in situ”.

De acuerdo con la emisora, el consistorio gobernado por el PP asegura que es “consciente de la importancia” del expediente y añade que está trabajando para avanzar en los trámites con la “mayor diligencia posible”, pese a que la respuesta llega después del tercer requerimiento de este denunciante particular.

El anterior alcalde del municipio desde 2015 hasta junio de 2023, Roberto Aparicio, explicaba en junio a elDiario.es que durante su mandato la obra del chalé del magistrad “estaba finalizándose”. “En mi época no recuerdo haber dado licencia de primera ocupación a esa vivienda, ni licencia a esa piscina”, afirma. El hoy concejal fue elegido alcalde por el PSOE. Hoy está en una formación independiente, Nuestra Tierra, la más votada en las elecciones de 2023.

Los trámites para construir la piscina se remontan a mayo de 2022. Con las obras de la mansión próximas a finalizar tras años de contratiempos, el juez presenta una solicitud de licencia de Obra Mayor para un “proyecto de piscina en vivienda unifamiliar”, con su correspondiente proyecto de ejecución, estudio de salud o de residuos. Pero el Ayuntamiento de La Adrada le requiere subsanar una serie de “deficiencias” que se mantienen hoy, y que, explican fuentes con conocimiento directo del asunto, impiden expedir esa licencia de primera ocupación: no hay acceso a la red de saneamiento.

El 23 de mayo de 2022, el arquitecto municipal advierte a Peinado de que “no existe red de saneamiento hasta la parcela, red que también servirá a la vivienda en construcción, luego debe solucionarse antes de la licencia la conexión a la red de saneamiento municipal”. 

Por ello, “se pospone el informe favorable de la licencia de construcción de la piscina, hasta solucionar el problema del saneamiento ya que actualmente la parcela no reúne las condiciones de solar”, indicaba el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Ese “problema” se va a solventar en breve, con la construcción de un colector por parte de la empresa Aqualia, concesionaria del servicio en esa localidad. Pero, pese a las “deficiencias” de las que el Ayuntamiento avisó, la piscina, realizada en hormigón gunitado y con una superficie de 32 metros cuadrados, según el proyecto del magistrado, se construyó y está operativa desde, al menos, 2023, como refleja el visor de Información Geográfica de la Junta de Castilla y León. 

Vecinos de la zona aseguran que el juez y su familia llevan tiempo utilizando la vivienda y la piscina, pese a que la licencia de primera ocupación (que acredita que una obra se ha realizado según las condiciones por las que se otorgaron los permisos) es requisito imprescindible para habitar cualquier inmueble.

El magistrado no ha querido atender a elDiario.es, que preguntó por escrito a Peinado, sin obtener respuesta, por qué tiene un chalé en situación irregular, si está en trámites de legalizarlo, cuándo se hizo la piscina y con qué licencia, si tiene red de saneamiento, o cómo es posible que la piscina se construyera sin subsanar las deficiencias de las que le advirtió el Ayuntamiento hace ya dos años.

Desde el exterior, el enorme chalé tiene el aspecto de una vivienda con todo lo necesario para entrar a vivir. Esta semana, en la casa, con todas las persianas echadas, podía verse un amplísimo porche, un flamante pavimento de hormigón impreso en la entrada y una superficie techada para proteger vehículos. En las traseras de la finca, donde está la piscina, se podía divisar desde lejos un amplio jardín perfectamente cuidado. 

Hace unos días, el Ayuntamiento de La Adrada analizó un informe del arquitecto municipal del 27 de mayo sobre “conexión de las aguas residuales al nuevo colector municipal”. Allí donde se alza el chalé del juez “las Normas Urbanísticas Municipales de la Adrada han clasificado como suelo urbano consolidado parcelas a ambos lados de la calle, algunas ya edificadas con viviendas unifamiliares. Pero hasta esta fecha dichas parcelas carecían de la conexión a la red municipal de saneamiento”.

Como Aqualia está ejecutando ese colector municipal, “y por lo tanto se está dotando del servicio de saneamiento a todas las parcelas a ambos lados de la calle, se debe comunicar a las propiedades que tengan una vivienda”, como es el caso de la del juez Peinado, “que tienen la obligación de conectar a la nueva red en ejecución las aguas residuales de su vivienda”, se lee en el informe. Con ello, se eliminarían las trabas para contar con las preceptivas licencias municipales.

A su vez, la información disponible en el Catastro dice otra cosa: como informó El Plural, esa finca no es un chalé con piscina, sino un “almacén” construido en el año 2000, con una superficie total de 955 metros cuadrados, que se alza sobre una parcela de 2.990 metros cuadrados y con un valor catastral de 170.926,45 euros. El propietario de un inmueble tiene la obligación de que los datos catastrales correspondan a la realidad, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobran los ayuntamientos. Si los datos son incorrectos debe declararlo para que el valor del inmueble se adecúe a la realidad. Pero en muchos casos esta información es responsabilidad del ayuntamiento en cuestión.