Anónimas con nombres y apellidos

Mujeres víctimas no pueden dar la cara, quieren denunciar los abusos de poder y las violencias sexuales que sufren pero no quieren exponerse al ojo público. A ese que las señala, las cuestiona, duda de ellas y de forma sutil o no tan sutil las desvaloriza profesional y personalmente. Las que dan la cara pueden relatar la animadversión que sufren, el desprestigio al que son sometidas. Entre lo que podrían ganar y perder, muchas mujeres supervivientes de las violencias machistas sienten que exponerse a una denuncia policial o judicial es perder, es multiplicar el daño.

Al no denunciar se suman otras formas de silenciar a estas mujeres. La propia dinámica de violencia en la que el factor psicológico y económico son parte del control y sometimiento que su agresor utiliza. También el reconocimiento público o el apoyo que sienten estos sujetos que –tanto en los partidos políticos, el mundo del cine, el académico, las ongs, los clubes deportivos amateur y profesional, las congregaciones religiosas, los fuerzas de orden…– hace que sientan la impunidad del “no se atreverán porque no las creerán”. Pero más allá de la denuncia policial, la judicial, qué alternativas de protección, verdad, reparación y garantías de repetición pueden tener estas mujeres víctimas y supervivientes. 

Antes de que su relato llegue a un muro de Instagram para lograr romper el silencio debería haber, en muchos de los espacios públicos donde estas mujeres se encuentran, mecanismos que garantizarán escuchar su relato y darles el tiempo de tomar conciencia de lo vivido para poder decidir qué quieren hacer para reparar el daño, desde su anonimato para protegerlas (también de su agresor) pero con la ruptura del silencio frente a la agresión sufrida. Un proceso que requiere tiempo para quienes escuchan, atienden, acompañan, preguntan y tejen el tapiz de hechos y emociones, de olvidos y recuerdos. No debería haber prisa para que una mujer víctima denuncie porque más importante que esa denuncia es que ella sienta que quiere denunciar, sea por la vía judicial o a través de un #MeToo. 

Es obvio que el señalamiento a un presunto agresor como autor de una violencia de forma pública tiene implicaciones legales. Y es aquí donde entramos en ese terreno delicado que tanto debate suscita ahora dentro de los feminismos. Sin embargo, hay un operador jurídico en todos estos casos que debería actuar de oficio, debería tener un papel activo en esos procesos para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y si es necesario también su anonimato. Se trata de la Fiscalía que debería poder valorar las medidas de protección adecuadas para las mujeres que necesitan no ser identificadas y quieren interponer una denuncia que desean poner. 

Hay, y debería de haber mecanismos dentro del sistema de protección, que velarán por la dignidad y la seguridad de las mujeres que denuncian para que no sea solo la vía pública a través de las RRSS o un medio de comunicación, y bajo el anonimato, la que les queda para lograr que se escuche la verdad sobre un sujeto cuyos actos no deben ni pueden quedar impunes. La seguridad jurídica debe prevalecer no solo para la presunción de inocencia (por supuesto) sino también para que las mujeres víctimas puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva sin ser cuestionadas ni vilipendiadas. 

Los nuevos escenarios de denuncia ante la toma de conciencia de las mujeres sobre las violencias que sufren nos obligan a pensar en cómo proteger su anonimato sin que con ello se vulnere ningún derecho ni se omita ninguna garantía. Mientras esto va sucediendo somos muchas las que, teniendo noticia de las violencias que sufren las mujeres por parte de hombres que han sido amigos, compañeros o amantes, tenemos que tener algo claro. La verdad y la reparación requieren tiempo y escucha. Requieren romper la lógica de las lealtades para pensar de la lógica de la no violencia en ninguna parte y para ninguna mujer.