Carme Guil, magistrada: "Debemos replantear el mantra de que la única respuesta a un delito es la penal"

Carme Guil es magistrada de la Audiencia de Barcelona y presidenta de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme). Defiende desde hace años extender los procesos de justicia restaurativa en España, un enfoque que está centrado en atender las necesidades que tiene la víctima de un delito y en buscar la responsabilización de quien lo comete. El objetivo es lograr reparación, por un lado, y procurar que no haya reincidencia, por el otro. Horas antes de ofrecer una charla en Santiago de Compostela, organizada por la asociación Andaina de Mulleres y el Museo do Pobo Galego, atiende a este diario, en una conversación en la que cuestiona la óptica punitivista y unas penas de cárcel que ve incapaces de resolver los problemas sociales de base en los delitos.

La jueza explica que los procesos de justicia restaurativa son diversos. El ejemplo más conocido en España es el de los encuentros entre víctimas de ETA y miembros de la banda, pero hay fórmulas que no implican contacto directo entre las partes o que convocan no solo a víctima y victimario, sino también a su entorno. Guil no excluye ningún tipo de delito de los potenciales beneficios de estos modelos y señala que se han aplicado ya en casos de agresión sexual. Esta vía, recalca, es siempre voluntaria y confidencial y no busca ni el perdón ni afectar al proceso penal, que sigue su curso con independencia de que haya o no un espacio restaurativo. Los dos “polos” que debe atender, dice, son dar voz a la víctima y a lo que necesite expresar o recibir como reparación y tratar de hacer ver a quien comete el delito el impacto que tiene.

Usted lleva años implicada con la justicia restaurativa y acaba de dar una charla al respecto en Santiago de Compostela, ¿cuál es su planteamiento?

Que debemos cambiar la mirada sobre lo que hemos estado haciendo en violencia contra la mujer y en violencia sexual en los últimos años. Debemos pensar si la respuesta que hemos dado a las víctimas, que ha sido solo punitiva, es suficiente y cumple el fin que se propone, que es que la persona que ha cometido un delito no vuelva a cometerlo y que otras personas no lo cometan tampoco. Podemos concluir que el proceso penal no ha servido para evitar la violencia contra la mujer ni la violencia sexual y es necesario crear espacios nuevos, restaurativos, que pongan el foco en las víctimas, que les den voz y atiendan sus necesidades y sus intereses.

Evitar la revictimización es uno de los focos de atención cuando se aplica la justicia restaurativa, pero el riesgo se extiende a los procesos ordinarios. Un ejemplo reciente han sido las comparecencias ante el juez de Elisa Mouliaá e Iñigo Errejón.

Hay mala praxis judicial en muchas ocasiones, un olvido de que la ley nos obliga a tratar con respeto a cualquier persona y, en especial, a las afirmadas víctimas (hablamos de afirmadas víctimas porque es antes de una sentencia condenatoria). Es necesario que sean escuchadas y se eviten las preguntas que puedan tener una carga victimizadora. Pero el proceso penal es, en sí, victimizador y hay que explicarle a la víctima, sobre todo en violencia sexual y de género, que le van a hacer preguntas que la van a incomodar, que la van a hacer sentir cuestionada en su relato. No es poner en duda su versión, sino que debe poder someterse al debate contradictorio de las partes: que el abogado contrario, tu abogado o el fiscal te pregunten.

El 'yo sí te creo' es un eslogan para reivindicar, pero en ámbitos terapéuticos, asistenciales, comunitarios y, por supuesto, en un ámbito restaurativo, no en una sala de Justicia. Si significa que el juez tiene que creer lo que le dice una persona que denuncia un delito, es una quiebra del sistema. Entonces, sobramos los jueces y el proceso. Es una caza de brujas; basta un dedo acusador para una condena. Eso nos ha costado siglos superarlo y no podemos, en nombre de un feminismo punitivista, volver ahí.

Habla de punitivismo y caza de brujas. ¿Cree que se están mezclando conductas que son reprochables y conductas que, además, son perseguibles por la Justicia?

Hablando de violencia sexual, yo creo que pensar que todo debe ser un delito es un error. No es que haya un incremento brutal de la violencia sexual, sino una visibilización. Cuidado con la lectura de que cualquier comportamiento sexual que no nos guste es delito.

¿Y la crítica [fundamentalmente, a mujeres en casos de violencia sexual] a las personas que tardan en denunciar?

Otro error. Y los medios de comunicación echan mucha leña a ese fuego de lo que es una buena víctima. La inmensa mayoría de víctimas denuncia cuando puede. Lo que es importante es que estén preparadas para el proceso penal, si quieren ponerlo en marcha. Si no lo están, el proceso probablemente es más victimizador. Es un prejuicio decir que, como ha tardado mucho, es mentira. El problema es que, en el proceso penal, cuanto más tiempo transcurre, más dificultad hay para aportar las pruebas. Y eso también hay que decírselo a la víctima. Si no hay ningún elemento corroborador, es probable que se acabe en una sentencia absolutoria. Forma parte de la reparación decir: “El proceso penal no va contra ti, no es que no te crea, es que las reglas del juego exigen que haya elementos de corroboración”.

Habla de que en España se aplica una óptica punitivista, centrada en las condenas de cárcel. ¿Qué propone?

Es importantísimo que, tanto a nivel político como de medios de comunicación, empecemos a replantear eso que parece un mantra de que la única respuesta es la penal. En violencia sexual hemos visto un incremento de las penas. ¿Eso significa que hay menos delitos? No. El derecho penal no sirve para solucionar problemas sociales. Con robos multirreincidentes, si quien los comete lo hace porque está en una situación de indigencia, muy difícilmente le va a servir de nada la pena. En violencia de género, en muchas ocasiones las penas no han servido y las víctimas no se sienten mejor porque tengan más pena. Muchas de ellas incluso te dicen: “No quiero que vaya a la cárcel, es el padre de mis hijos, lo que quiero es que no sea violento”. ¿Cómo podemos conseguir eso? Es difícil, pero solamente con el castigo no lo vamos a hacer. Hay que incidir en educación, prevención y la necesidad de que, sobre todo con adolescentes, se trabaje el ámbito de la libertad sexual y el respeto.

¿Se desdibuja en el sistema judicial el contexto social o socioeconómico?

El proceso penal lo que trata es de dar una respuesta igual a los casos iguales, olvidando a las personas que están detrás. No se da en justicia juvenil porque ahí la respuesta tiene en cuenta su entorno y situación para ver dónde incidir. Eso en adultos no pasa. En el caso de la víctima es aún más especial porque es su vida la que ha quedado patas arriba y esa respuesta unificadora, que es necesaria en el proceso penal, no es la adecuada para que se sienta escuchada y atendida realmente.

¿Cómo impacta la justicia restaurativa en la víctima y en quien comete el delito?

Lo que se trabaja en un espacio restaurativo es lo que necesita la víctima. Vemos que en muchas ocasiones, sobre todo en violencia sexual, piensan 'es culpa mía, por qué no me defendí, por qué me puse aquella falda'. Todas estas preguntas y esta culpabilización que se hacen no se pueden trabajar en el proceso penal porque no es el ámbito. En un proceso restaurativo se intenta crear ese espacio para que expliquen sus emociones y cómo se pueden sentir reparadas. Y con el victimario se trabaja el '¿te das cuenta del daño que has causado?'. No es una cuestión ya de que reconozca el hecho o no. Tampoco es un espacio, como han dicho algunos, para perdonar. El perdón es un concepto judeocristiano del que no estamos hablando. Hablamos de responsabilización del daño y de encontrar formas para poder reparar. A lo mejor una reparación es decirle a la víctima: “Te escogí al azar”. Esto le quita la carga culpabilizadora a la víctima.

Es un proceso completamente voluntario, es confidencial lo que pase ahí y es seguro. Se pone en manos de profesionales facilitadores formados específicamente en victimización. Lo defendemos porque creemos que son espacios necesarios y que, como comunidad, se los debemos a las víctimas.

Usted habla de problemas de violencia sexual en adolescentes que aprenden con la pornografía. Y esto ocurre en un contexto en el que, por impulso del feminismo, se ha dado visibilidad a la violencia sexual, a lo que significa el consentimiento. ¿No hay una contradicción?

La hay porque el feminismo ha tendido cada vez más al punitivismo. Hemos copiado en el feminismo la lógica de la violencia masculina de que la respuesta frente a la violencia sexual tiene que ser el castigo del Estado y punto. En la educación afectiva y sexual es en donde hay que incidir para prevenir el delito. Lo que queremos es que no haya víctimas, no castigar al victimario.

Pero el ámbito del maltrato dentro de la pareja o expareja y el de la violencia sexual están excluidos de la justicia restaurativa en España.

No comparto esta afirmación. La ley, tanto la de violencia de género como la de violencia sexual, hablan de que está prohibida la mediación y, en la violencia sexual, también la conciliación. La mediación es un proceso en el que hay dos partes en situación de igualdad y, ayudadas por un mediador, intentan solucionar un conflicto. Una víctima no tiene un conflicto con su victimario, sino que es víctima de un delito, no está en igualdad. La ley prohíbe la mediación, pero hay prácticas restaurativas que no están prohibidas.

¿Se están aplicando los métodos de la justicia restaurativa en España?

Se está aplicando, aunque con dificultades porque la previsión legal lleva a algunos a ser tímidos con ello. Ha habido casos en asesinatos, no solo en los de ETA, en violaciones (en Catalunya hay algún ejemplo), en comportamientos sexuales menos graves como tocamientos... El problema es que todos estos procesos se pueden producir en comunidades autónomas que tienen servicios de justicia restaurativa, que son solo Catalunya, País Vasco y Navarra, que tiene una ley. En Andalucía han empezado y en Canarias quieren empezar. Ahí tenemos que poner el foco: tiene que ser cosa de la administración crear servicios públicos de justicia restaurativa que den máximas garantías a las víctimas y permitan procesos seguros. Hay ejemplos en todo el mundo y la ONU tiene un manual.

¿Hay algún tipo de delito en el que estos métodos tengan más impacto?

Hay que recordar que es siempre voluntario. Lo importante es poder decirle a la víctima que tiene ese espacio. En la mayor parte de los países en los que está implantado no se diferencia el tipo de delito, sino las necesidades de la víctima. Esto no anula ni sustituye el proceso penal; no se pretende rebajar las penas. Los dos polos que se trabajan son abordar la restauración con la víctima y la responsabilización con la persona que ha cometido el delito.

Depende de cada víctima, de cómo ha vivido el delito. Lo que está demostrado con investigaciones es que cuanto más grave es el delito, más victimizada está la víctima, más ventajas tiene el proceso. La violencia de género, para mí, es uno de los espacios donde más favorece la justicia restaurativa porque las víctimas están en situación de fragilidad. A veces se sienten culpables, presentan muchas dudas y necesitan el empoderamiento. Cuando la víctima es capaz de decir a su victimario 'mira lo que has hecho, mira cómo me sentía', el victimario puede entender el daño causado y desistir de la violencia. Para la mujer sería conveniente para dejar atrás el miedo, un miedo que siguen teniendo tras la condena y la orden de alejamiento.

¿Falta difusión de esta vía entre los propios jueces?

La inmensa mayoría desconocen qué es un proceso de justicia restaurativa, incluso en comunidades en las que hay servicios.