Cada 15 minutos fallece una persona en España esperando una ayuda de la ley de dependencia

Cada cuarto de hora muere una persona en España que estaba en espera de ser evaluada o de recibir prestaciones o servicios en función de la ley de dependencia. Fueron, en 2024, un total de 34.252 ciudadanos y ciudadanas que “no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”, según refleja el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, presentado este viernes en el Congreso.

Frente a este dato, a finales del pasado año había en España 1.636.757 personas en situación de dependencia reconocida (69.650 más que en 2023, un 4,4% más), lo que “significa que el 3,4% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”, según constata el informe. Además de los que ya están en el sistema, 270.325 personas están a la espera de ser atendidas: la mitad de ellas, 127.879, siguen pendientes de valoración; el resto está en un limbo, esperando que se le asignen recursos reconocidos.

José Manuel Ramírez, presidente de la asociacion de gerentes, ha dibujado un sistema de dependencia que avanza a diferentes ritmos en función de la comunidad autónoma y que se está consolidando como un modelo de bajo coste (“low cost”, ha dicho el experto) que opta por pagar prestaciones mínimas a algún familiar por cuidados (269 euros al mes por una atención 24/7) en vez de recurrir al uso de los servicios profesionales. Esta es la atención que reciben cuatro de cada diez dependientes y que recae en su mayoría sobre mujeres: tres de cada cuatro cuidadoras familiares lo son.

Este modelo, ha explicado Ramírez, tiene también consecuencias económicas: disminuye el impacto en la generación de empleo, que por primera vez desde 2020 está por debajo de los 40 empleos por cada millón de euros de inversión pública en el sistema, y disminuye también la tasa de retorno al Estado a través de impuesto de sociedades, cuotas a la seguridad social, IRPF, etc., que con el 40,1%, se sitúa en su tasa más baja de los últimos cuatro años.

A este sistema de bajo coste también colabora que muchas administraciones eligen como prestación única poner una teleasistencia. Este modus operandi, que en algunas comunidades como Madrid suponen una de cada seis intervenciones, le sale a devolver a los Gobiernos regionales, según Ramírez: el nivel mínimo de financiación por persona es superior al coste de estos aparatos.

El sistema avanza hacia el bajo coste pese a que el pasado año se alcanzó un máximo de inversión, con 12.189 millones de euros, ha denunciado Ramírez. Una cifra que representa el 0,8% del PIB y que es la mitad de lo que dedican de media los países de la UE. “El sistema tiene que ir necesariamente al 2% del PIB”, han explicado los gerentes. Y así está previsto, han añadido, pero para 2050.

Sube el tiempo de espera

Los gerentes han denunciado que el tiempo de espera subió el pasado año en diez días, pasando, de media, de 324 jornadas desde que un solicitante pide la ayuda hasta que la recibe a 334. Esta tardanza supone casi duplicar el tiempo ideal de espera, que se fija en 180 días, y explica en parte que más de 34.000 personas fallecieran esperando esa prestación el pasado año.

El informe refleja también la desigualdad con la que las comunidades abordan la dependencia. El análisis ponderado de varios elementos arroja un mapa en el que las dos castillas obtienen más de un 8 sobre 10, frente a “tres comunidades con un problema endémico que lastran todo el sistema”: Canarias, Catalunya y Murcia. Entre medias, la Comunitat Valenciana, Baleares, Madrid, Andalucía, Extremadura, Aragón y Galicia aprueban (están entre un 6,4 y un 5,3 de nota) mientras suspenden Navarra, País Vasco, La Rioja (estas tres se sitúan entre el 4 y el 5), Asturias, Ceuta y Melilla, Cantabria y las tres citadas, que no superan el 4.

Ramírez ha explicado que aún así la situación no es comparable entre las nueve autonomías que han suspendido. Navarra y Euskadi, por ejemplo, “tienen unos servicios sociales potentísimos” que permiten compensar por esta vía lo que la gestión de la dependencia no cubre. El responsable de la asociación ha criticado duramente a Canarias (“desidia e impericia”, ha definido) y Catalunya (“terrible por el volumen, uno de cada tres casos en lista de espera está ahí”).

El experto ha defendido en el Congreso que pocas cuestiones sociales alcanza tanto consenso como la atención a las personas en situación de dependencia, y ha definido la ley como el mayor avance social en el país en los últimos 20 años. Pero el informe de los gerentes también advierte de que 18 años después de su aprobación el sistema “sigue sin desarrollar su potencial”. “Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, advierte el dictámen.