La Fiscalía rechaza que el Supremo reabra la investigación contra el rey emérito por su fortuna
El Ministerio Público informa a favor de inadmitir la querella que varios exmagistrados, exfiscales y juristas presentaron contra Juan Carlos I para que fuera encausado por fraude fiscal al entender que saldó sus deudas con Hacienda cuando ya sabía que estaba siendo investigado
La fortuna del rey emérito vuelve a los tribunales dos años después del carpetazo de la Fiscalía
La Fiscalía ha pedido al Supremo que la investigación que cerró hace tres años sobre la fortuna de Juan Carlos I siga archivada. El Ministerio Público ha informado en contra de admitir a trámite la querella que diversos juristas, entre ellos exmagistrados del propio tribunal, presentaron para combatir que los hechos hubiera prescrito o que el monarca estuviera protegido por la inviolabilidad de la corona. Esta nueva querella,“ explica la Fiscalía, no aporta ”ni hechos ni fuentes de prueba distintas“ a las que ya tuvieron en cuenta en 2022 para archivar el caso.
El Ministerio Público, primero bajo la batuta de Juan Ignacio Campos y en su tramo final con Alejandro Luzón al frente, investigó durante meses las finanzas de Juan Carlos I y constató que, a lo largo de los años, amasó una fortuna en el extranjero que nunca declaró a la Hacienda española. Más de 60 millones de euros llegados desde Arabia Saudí o dinero acumulado en un 'trust' del paraíso fiscal de Jersey, fondos que en parte acabaron en una fundación fuera del alcance del fisco, y pagos con los que empresarios le agasajaban con viajes y otros gastos.
La Fiscalía concluyó que los posibles delitos fiscales y de blanqueo pudieron existir pero que el padre de Felipe VI estaba blindado por la pinza de la prescripción y la inviolabilidad. Si los jueces todavía estaban a tiempo de investigar algunos hechos, la inviolabilidad de la corona taponaba cualquier tipo de diligencia.
La nueva querella estaba firmada, entre otros, por los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, los exmagistrados José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger y juristas como Javier Pérez Royo y Joaquín Urías, entre otros, y combatían el núcleo de ese archivo: que los pagos que Juan Carlos I hizo apresuradamente a Hacienda no le eximían de someterse a una causa penal porque, para entonces, ya sabía que estaba siendo investigado.
La Fiscalía insiste ahora en que gracias a su investigación fue posible “recuperar” los más de cinco millones de euros que el monarca emérito terminó pagando a Hacienda para evitar el banquillo “incluyendo recargos e intereses”. En cuanto a su 'trust' en Jersey, añade que para cuando Juan Carlos I abdicó en 2014 sus disposiciones de ese dinero “en ningún caso” alcanzaban las cantidades que permiten hablar de un delito fiscal.