Decenas de colectivos se manifiestan en Madrid en defensa de los servicios públicos: “Son la mejor herramienta para asegurar la redistribución de la riqueza”

Mayor financiación de todos los servicios públicos a escala local, regional y estatal y su gestión directa por parte de la Administración. Estos dos reclamos han protagonizado la manifestación que este domingo ha recorrido el centro de Madrid convocada por la plataforma Tsunami por los Servicios Públicos. Conformada por colectivos sociales, vecinales, medioambientales y sindicatos, en torno a unas 12.500 personas según la organización han criticado lo que entienden como “destrucción masiva de los derechos humanos y sociales sometidos a las lógicas mercantiles apadrinadas por gobiernos cómplices de distintas ideologías”.

La movilización ha comenzado cuando el reloj de la Puerta del Sol ya había marcado las 12.00 horas. Desde el kilómetro cero madrileño, los manifestantes se han dirigido hacia la carrera de San Jerónimo hasta llegar al Paseo del Prado. Finalmente, la protesta ha terminado en la plaza de Juan Goytisolo, frente al Museo Reina Sofía, en donde dos horas después del inicio de la marcha, secundada por representantes del PSOE y el PCE, han leído el comunicado final.

Jorge Neira ha sido una de las personas que ha decidido secundar la convocatoria. Integrante de la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, este jardinero contratado por una empresa privada que desempeña sus funciones en las zonas verdes de la capital ha criticado que “los discursos políticos se quedan en las palabras”. Desde su punto de vista, “debe ser el activismo social quien sea garante de una mayor argumentación en defensa de los servicios públicos, ya que la política progresista tampoco va más allá del titular”.

Este vecino madrileño ha recalcado que servicios públicos no son solo educación y sanidad, como la mayor parte del mundo se puede llegar a imaginar. “A nivel local hay mucho por hacer: jardinería, funeraria, alcantarillado y sobre todo servicios sociales, que siempre están infrafinanciados, dependen de los ayuntamientos”, ha explicado.

Neira también ha defendido la remunicipalización de estos servicios. A su entender, de esta forma “te quitas a un intermediario a cuya cuenta de resultados va parte de la financiación pública en detrimento de la eficacia y eficiencia de ese servicio”. Además, considera que “con una gestión directa la Administración tiene el control, no una empresa externa que a veces ni cumple los pliegos de condiciones y a la que hay que estar fiscalizando, si hay voluntad de ello, que muchas veces no sucede”.

Devaluar lo público, privatizarlo después

Santiago de la Iglesia, secretario de Organización de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Madrid, ha recalcado que una gestión directa de los servicios también redundaría en unas mejores condiciones laborales para los trabajadores. “Hay una competencia desleal por parte de lo privado que favorece la pérdida de derechos. Es un deterioro a todos los niveles, tanto de los trabajadores públicos como de las plantillas de las empresas privadas”, ha defendido con ahínco.

Este sindicalista ha relatado que “los gobernantes llevan años favoreciendo la entrada de empresas privadas en lo público mientras degradan los servicios”. Y ha añadido: “Así es como justifican que no queda otra fórmula que el modelo de la colaboración público-privada a la par que reducen sus inversiones”. Asimismo, ha incidido en que si en la Comunidad de Madrid esta situación está especialmente agudizada por las políticas del PP, “es porque vienen favorecidas por legislaciones a nivel estatal que el PSOE ha ayudado a implementar”. 

Precariedad en la universidad y la investigación

A la altura del Congreso de los Diputados, Cristina Rodríguez ha puesto el acento en “la precariedad que sufren los investigadores en España”. Ella es presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios y entre sus principales denuncias está “la inestabilidad que supone la carrera investigadora, en la que los profesionales tienen que enlazar contratos temporales mal pagados”. Asimismo, ha criticado que la nueva Ley de Enseñanza Superior que el Gobierno regional pretende aprobar supone un “recorte brutal” que repercutirá en los investigadores, lo que “obedece al fomento de las universidades privadas”.

Mientras tanto, decenas de personas a su alrededor coreaban consignas como “Ayuso, payasa, paga tú las tasas”, “Ayuso privatiza, la uni agoniza” y “la profe luchando también está enseñando”. Miguel Príncipe ha sido uno de los manifestantes que ha secundado estos cánticos. Docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, ha resaltado cómo los profesores cada vez están “más sometidos con mayor carga de trabajo y tareas administrativas por la falta de personal”.

Redistribuir la riqueza a través de los servicios públicos

Cerca de él estaba Carmen Esbrí, portavoz de Tsunami por los Servicios Públicos e integrante de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública - Marea Blanca. Ella dice salir a la calle “porque no existe sociedad democrática allí donde los derechos fundamentales de todas las personas no estén cubiertos con carácter de igualdad y justicia”. Esta activista ha recalcado que “toda la intromisión de lo privado en lo público que vemos ahora tendrá graves consecuencias en unos años que afectarán desde los recién nacidos hasta las personas más mayores”.

Cuando la cabecera de la manifestación encaraba la calle Atocha, Esbrí ha subrayado que “los servicios públicos son la mejor herramienta para asegurar una redistribución de la riqueza y una correcta cohesión de la población”. Mientras tanto, la banda sonora del momento no era otra que cánticos como “recortar en sanidad es un acto criminal” y “la atención primaria, la más necesaria”.

Contra el “mercadeo” de los gobernantes

En torno a las 14.00 horas, los cientos de manifestantes han colmatado parte de la plaza frente al Museo Reina Sofía. Allí han guardado un minuto de silencio por Belén, la trabajadora social asesinada en Badajoz “por la precariedad” de las condiciones laborales, han señalado desde la organización. Después del grito unánime “por Belén que ya no está, lucha y dignidad”, ha tenido lugar la lectura de un manifiesto en el que los convocantes han repetido sus demandas: “Los servicios públicos están siendo desmontados por el modelo neoliberal convirtiéndolos en sus mejores oportunidades de negocio con una clientela cautiva y unos gobiernos cómplices de todas las ideologías desde los años 80”, han comenzado.

También han reivindicado que “los servicios públicos son una herramienta fundamental de la democracia, patrimonio del pueblo soberano”. Los convocantes han citado la pandemia de la COVID-19 como una prueba del “fracaso del modelo”. A pesar de ello, han añadido, “los gobiernos han mantenido el mercado por encima de la salud y una sumisión evidente a corporaciones empresariales”.

De esta forma, han reiterado que “el único propósito de los servicios públicos debe ser el bien común y el prestar servicios eficientes y eficaces que ayuden, protejan y sostengan el día a día de la comunidad”. “La privatización de los mismos es una expropiación dirigida contra sus legítimos dueños, anteponiendo el enriquecimiento de las élites al derecho de la población”, han continuado. Por último, han reivindicado que “los gobiernos que sujetamos las clases inferiores a las que no respetan tienen que salir de sus errores y aplicar una política impositiva que subsane las grandes deficiencias y que vaya directamente a lo público”. “Ningún gobierno democrático puede ser agente de mercaderes, son empleados públicos que se deben a su pueblo”, han finalizado.