Poder Judicial: la reforma mentirosa
Revisando las preguntas que fueron formuladas en la encuesta practicada este fin de semana para validar la intención de ir adelante con la iniciativa de reforma, no deja de sorprender la burda simpleza de los cuestionamientos, que llevan los resultados al nivel de linchamiento popular.
Discutir si se requiere o no reforma al Poder Judicial, bajo un planteamiento abierto e impreciso, es por demás tendencioso y predecible. Podemos afirmar con contundencia que, a la luz de una realidad cambiante, todas las leyes e instituciones requieren ajustes de cuando en cuando. Y si hablamos de un engranaje tan basto, tan complejo como un sistema de administración de justicia que tiene ramificaciones en todo el país, en todos los niveles, es evidente que las reformas son el único camino a la mejora continua.
De ahí, a pretender una transformación como la que se plantea, particularmente en el tema de elegir jueces por la vía del voto popular, el escenario cambia sustancialmente. Justificar, como ya se hace, esta revolución a partir de opiniones ciudadanas es el mayor despropósito de la historia. Una decisión que dinamita los fundamentos de la administración de justicia en México hasta niveles impensables.
No existe comentario alguno en medios que no ponga la atención en el trabajo, altamente especializado, que los jueces realizan gracias a una esmerada y continua capacitación académica y práctica. Para muchos de los jueces que operan en juzgados de distrito -igual que magistrados o ministros-, son décadas completas de preparación diaria para desarrollar la técnica depurada que exige su delicada labor para definir libertades, patrimonios y situaciones que inciden dramáticamente en la vida misma de los justiciados. Para muchas personas, el sentido de una sentencia judicial marca sus vidas para siempre.
El lado oculto de la propuesta de reforma, que ha sido ya denunciado por múltiples colegas, radica en la intención de denostar al Poder Judicial federal, dejando intocados los poderes judiciales de los diversos estados de la República. Siendo el federal el poder al que compete poner coto a reformas y leyes inconstitucionales, es el que se ha convertido en blanco de los ataques del Ejecutivo. Es inconcebible que, aún antes de tomar posesión, la presidenta electa asuma ya el lenguaje propio del Poder Legislativo, sin que nadie repare en ello.
En mi caso, habiendo litigado por cuatro décadas de manera ininterrumpida, confiar en el Poder Judicial federal ha sido una constante. Se que, como muchos colegas, asumimos sentencias cuestionables de primera instancia o de apelación, esperando la reparación que ofrece el juicio de amparo. Sé que, en asuntos de altos vuelos, las intromisiones de toda clase de intereses se traducen en presiones enormes a jueces y magistrados, pero en el grueso de asuntos la calidad técnica de los tribunales federales es garantía de apego a la ley.
Revisando las preguntas que fueron formuladas en la encuesta practicada este fin de semana para validar la intención de ir adelante con la iniciativa de reforma, no deja de sorprender la burda simpleza de los cuestionamientos, que llevan los resultados al nivel de linchamiento popular. Como podrá apreciarse en las encuestas, no se discrimina siquiera en las preguntas sobre el entendimiento básico del opinador sobre si es materia local o federal.
Si a esas encuestas, que pretenden ser la base que soporte la reforma, se añade un proceso de falsa deliberación, que sea realizada con el único afán de maquillar lo que ya está decidido, el daño causado será irreversible. No tengo duda, de todas las decisiones tomadas en este gobierno, esta es la de mayor impacto en la degradación de los pilares que sustentan la vida de la República.