Disputa por el Tribunal Electoral
En el marco de la reforma al poder judicial, federal y de las entidades de la República, el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, juez noveno en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al sustanciar un juicio de amparo promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ordenó al Tribunal Electoral activar el mecanismo supletorio previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para designar una o dos magistraturas que participen en el proceso de calificación de la elección presidencial.
La decisión generó una reacción excesiva y desproporcionada del gobierno y su partido, de la presidenta electa y de las magistraturas electorales. Recordemos que desde octubre del año pasado dicho tribunal tiene dos plazas de magistraturas vacantes, cuyo nombramiento corresponde al senado, el cual, teniendo ya las ternas remitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en falta, lo mismo que en el caso del INAI, los tribunales electorales locales y diversos nombramientos que no se han concretado por decisión unilateral de la 4T.
Más allá del enfoque jurídico, político y hasta ideológico desde el que se quiera analizar si el juez tiene o no competencia para emitir dicha orden y de que la misma ya no procedió, lo que debemos reflexionar es la postura asumida por el oficialismo, pretendiendo llevar a juicio político al juez o el acuerdo de cuatro de cinco magistraturas del Tribunal Electoral para presentar una denuncia penal en su contra, pese a que decidieron no acatar la medida provisional por considerar que se invadían sus atribuciones, con lo cual, en el diálogo judicial, era más que suficiente.
El gobierno le hizo sentir al juez todo el peso del Estado, más aún porque había rencillas pendientes en temas sobre la ley eléctrica y sobre la explotación de hidrocarburos. El escrito de la Secretaría de Gobernación solicitando el inicio de juicio político entraña una amenaza al juez rebelde identificado con la ministra Norma Piña y sintetiza los comentarios en las mañaneras de AMLO y la postura de Claudia Sheinbaum.
Claro que el tema cayó como anillo al dedo a la 4T para enfatizar la urgencia de aprobar la reforma al sistema judicial. La `insensatez´ de Rodrigo de la Peza fue interpretada como una provocación al presidente, no como un peligro al resultado de las elecciones, porque en rigor, con razón o sin ella, el juez no le dijo al tribunal cómo calificar o cómo no calificar, no aludió a una decisión procedimental ni se metió con temas o reglas de carácter electoral que son competencia exclusiva del TEPJF.
El problema real está en los mensajes del gobierno y su partido en un entorno donde la posibilidad de la reforma judicial está en curso y que, de concretarse, cambiaría el escenario con jueces cuyo origen estará vinculado a la 4T más que a sus méritos profesionales, habida cuenta del mecanismo que se propone para la selección de las candidaturas. ¿Qué juez o jueza podría oponerse a las decisiones del gobierno y a los excesos legislativos que serán la regla y no la excepción? Ninguno.
La democracia mexicana y varios de los principios que le dan rostro están en peligro. No se discute la contundencia de los resultados del 2 de junio que incrementaron la concentración del poder en Morena y sus aliados, lo que sí genera alerta con focos rojos es el uso que se quiere hacer de ese poder para eliminar controles y los pesos y contrapesos que la Constitución establece para ejercerlo con legitimidad y racionalidad.