Mayorías calificadas al servicio del Ejecutivo
Las vueltas que da la vida; en el pasado, en el siglo XX, para los gobiernos priistas era normal tener el control del Congreso federal y de las entidades federativas mediante la avasalladora mayoría legislativa que ostentaban con más del 75% de legisladores de esa franquicia política en las curules y escaños; ahora, esos personajes que se desgarraban las vestiduras por ese agandalle del partido en poder, se escudan en las mismas artimañas legaloides que esgrimían los tricolores para, mediante todo tipo de triquiñuelas, impedir la alternancia en el poder con cerrarle los espacios políticos a sus opositores.
La oposición está reducida en la Cámara de Senadores y su colegisladora a las migajas que les dejó el oficialismo, y con ello remarán a contracorriente para impedir la instauración de la “dictadura perfecta”, que ya se esboza con todo su esplendor al alcanzar artificialmente las mayorías calificadas en ambas Cámaras, además de obtener dicho objetivo también en el Congreso local de la CDMX, entre otros tantos congresos de las entidades federativas, con lo cual podrán conformar una nueva Carta Magna con un articulado a modo para mantener el poder por varias décadas, tal como lo citó el flamante presidente del Senado, el “erudito y prócer” Gerardo Fernández Noroña.
Una mayoría calificada es el umbral establecido en los sistemas de votación para la aprobación de cambios constitucionales o de especial transcendencia en el órgano legislativo en el que se vota.
En México hablamos de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el salón de plenos. En la Cámara de Diputados se requieren 334 votos para alcanzar la mayoría calificada y en la de Senadores, son 85 de los 128 legisladores, para lograr dicha mayoría.
Entre la “ayudadota” que les dieron siete consejeros del INE, encabezados por Guadalupe Taddei y cuatro magistrados del Tribunal Electoral, para tener mayor representación en ambas Cámaras, por encima de lo que marca la propia Constitución y los traicioneros que se vendieron ante el oficialismo, sin importar el respaldo que en su momento les dieron los ciudadanos que votaron por ellos amparados por las siglas del PAN, PRI y PRD, pues ya tienen la anhelada mayoría calificada para hacer del país lo que se les antoje.
Para qué se usará tanto poder concentrado en la presidenta de la República, por lo pronto, esperamos, en primera instancia, en solventar las crisis que prevalecen en la economía y en la relación con nuestros principales socios comerciales; y luego, en recomponer el rumbo de la nación mediante la certidumbre jurídica, el respeto al orden constitucional y a los derechos fundamentales, al tiempo de recobrar la paz social que está sostenida con alfileres.
No hace falta recordar que buena parte del territorio nacional está tomado por los criminales y ello, de suyo, habla de un Estado fallido.
Habrá que recordar que la base de la democracia y el establecimiento de un Estado de derecho están en las votaciones que se llevan a cabo en las legislaturas del Congreso de la Unión que está facultado para legislar en todos los asuntos del Estado mexicano.
A partir del 1 de octubre habrá que acostumbrarnos, no a resignarnos, que toda iniciativa presidencial para reformar la Carta Magna será aprobada de inmediato por el Poder Legislativo y ello permitirá construir un nuevo andamiaje constitucional que impida la alternancia en el poder, además de buscar todo tipo de ingresos tributarios para que el gobierno pueda seguir fondeando los programas de política asistencial con tintes electorales y todos los proyectos de infraestructura que dejó pendiente AMLO, como el Tren Maya y Dos Bocas, entre otros compromisos que hay que solventar como el pago de los intereses de la deuda y las pensiones, rescate de Pemex y CFE.
Desde luego, Claudia Sheinbaum requiere tener un presupuesto que, por un lado, revierta el déficit fiscal y, por otro, permita cumplir con todas sus promesas de campaña. Entonces, en ese sentido, es menester contar con todas las herramientas, instrumentos y recursos presupuestales suficientes para alcanzar sus objetivos y, como se sabe, se necesita una reforma fiscal que permita al gobierno captar mayores ingresos tributarios.
Con la mayoría calificada, por ejemplo, se pueden ampliar los rangos en la contratación de nueva deuda pública y darle mayor flexibilidad a los techos de endeudamiento del gobierno federal, así como crear nuevos impuestos o gravar actividades que por ahora están exentas.
Son innumerables los mecanismos para que un gobierno totalitario atente contra el patrimonio de los mexicanos y de las empresas; para ello tan solo requiere que las mayorías calificadas en el Congreso se dispongan a aprobar todo lo que les solicite la jefa del Ejecutivo federal.