Angel Maass: Reforma Judicial
La división de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— no es una idea moderna ni un capricho de los tiempos actuales; es una columna vertebral de la democracia, ideada para evitar que el poder absoluto corrompa absolutamente. Cada uno de estos poderes juega un papel esencial: el Ejecutivo gobierna, el Legislativo crea leyes, y el Judicial vela por su cumplimiento. Este sistema de contrapesos permite que ninguno de estos poderes se sobrepase. Ahora, la nueva propuesta de reforma judicial en México parece sacudir este equilibrio con un movimiento que muchos consideran polémico: elegir a los ministros, magistrados y jueces por voto popular.
La propuesta plantea que la elección de estos cargos se realice en dos etapas: en 2025 y 2027. Una idea que, sobre el papel, podría sonar democrática, como permitir que los ciudadanos tengan voz directa en la elección de quienes interpretan las leyes que los gobiernan. Sin embargo, la polémica ha explotado como una olla a presión. ¿Es esta reforma el fin del sistema de contrapesos que tanto protege la democracia, o simplemente una oportunidad para hacer más transparente y accesible el Poder Judicial?
La Justicia en Manos del Pueblo: ¿Una Lotería Democrática?
Algunos defensores de la propuesta argumentan que esta reforma reducirá la corrupción y hará que los jueces y magistrados respondan a los intereses de la ciudadanía y no a las presiones políticas o económicas. No obstante, críticos de la reforma, incluidos bancos y agencias calificadoras, alertan sobre los riesgos de politización del Poder Judicial. El Banco de México, sin ir más lejos, ha expresado preocupaciones sobre su posible impacto en la inversión extranjera y, por ende, en la economía mexicana.
Una elección popular para cargos judiciales podría compararse a una lotería donde la justicia se sortea en boletos. Hoy en día, jueces y magistrados acceden a sus cargos a través de una carrera judicial que mitiga el riesgo que aquellos con menos preparación y experiencia ocupen puestos de alta responsabilidad. Imaginemos por un momento que se elige al juez más carismático o con mejor discurso, pero no necesariamente al más capacitado. ¿Se estaría realmente eligiendo a la persona más apta para aplicar las leyes? Parece una apuesta arriesgada para un país donde la certeza jurídica es esencial para atraer y retener inversiones.
La Reacción de los Actores Económicos
La comunidad empresarial y los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos y Canadá han mostrado su preocupación por esta reforma, destacando que podría deteriorar el clima de negocios y afectar negativamente la confianza de los inversores. La incertidumbre jurídica es el enemigo número uno de cualquier economía que aspire a crecer y prosperar. Como si fuera un partido de fútbol donde cambian las reglas a mitad del juego, los inversionistas necesitan certezas, no sorpresas.
Además, las agencias calificadoras ya han advertido sobre una posible rebaja en la calificación crediticia de México si esta reforma sigue adelante. Para los inversionistas, una menor calificación implica mayores costos de financiamiento, lo cual podría repercutir en un aumento del riesgo país, encareciendo la deuda y limitando el acceso a recursos externos.
Justicia: ¿Más Transparente o Más Débil?
La pregunta que subyace es si la reforma realmente mejorará la impartición de justicia o, por el contrario, debilitará la autonomía judicial. La politización de la justicia es un fenómeno conocido y temido en muchas democracias jóvenes. Una justicia que responda más a las pasiones del momento o a los intereses políticos que a la ley misma es, al menos, preocupante. La independencia judicial es fundamental para que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, sin influencias externas.
Además, ¿quién asegura que los candidatos elegidos por voto popular estarán libres de corrupción o conflictos de interés? Imaginemos un escenario donde los jueces son elegidos con campañas financiadas por actores con intereses específicos. No sería sorprendente ver un desfile de promesas judiciales al estilo de un concurso de belleza, donde lo que menos importa es la verdadera justicia.
Una Reforma para el Debate
Entonces, ¿estamos ante una reforma que representa un avance democrático o una amenaza para el Estado de derecho? La respuesta no es sencilla y seguramente dependerá de la perspectiva de quien la analice. Por un lado, podría abrir la puerta a una justicia más cercana a las necesidades de la población; por otro, puede ser la antesala de una politización peligrosa del Poder Judicial.
Tal vez, más que cambiar las reglas del juego, la verdadera reforma que México necesita es fortalecer la carrera judicial, garantizar una mayor transparencia en los procesos y mejorar la rendición de cuentas. No se trata de reinventar la rueda, sino de asegurarse de que esta gire de manera justa y equilibrada. La justicia no debería ser un acto de fe, sino una certeza fundamentada en instituciones sólidas y democráticas.
Al final del día, la pregunta clave es: ¿Queremos una justicia de espectáculo o una justicia imparcial? Quizá, como diría un sabio refrán, “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Pero, ¿quién sabe? Tal vez México esté a punto de darnos una lección sobre cómo evolucionar sus instituciones, aunque el riesgo de una recaída siempre esté presente.