De la crítica a la deserción
Este año se celebrarán las primeras elecciones judiciales en la historia de México. El proceso de selección de candidatos está en su fase final; aquí la línea de tiempo inmediata: i) mañana 31 de enero, los Comités de Evaluación deberían publicar las listas de los aspirantes idóneos para cada cargo; ii) dichos listados deberán ser depurados mediante insaculación pública antes del martes 4 de febrero, para ajustarlos al número que ordena la Constitución según el cargo; iii) adelgazados los listados después del sorteo, los nombres se enviarán a cada poder para su aprobación; y iv) después de aprobados, el Senado de la República tendrá hasta el 12 de febrero para mandar al INE la lista de las y los candidatos que aparecerán en las boletas de la elección judicial.
Desde hace varios meses, los Comités de Evaluación debieron trabajar permanentemente para garantizar que la ciudadanía pueda elegir a las personas juzgadoras más competentes, honestas y sensibles para impartir justicia y hacer efectivo el acceso a la misma en nuestro país.
Sin embargo, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, so pretexto de una —mal dictada e improcedente— medida de suspensión, frenó sus actividades relativas al proceso de elección judicial extraordinaria 2024-2025. Dicha suspensión impedía que las personas que se inscribieron como aspirantes del Poder Judicial pudieran participar en el proceso y alcanzar la postulación deseada, violando así sus derechos político-electorales.
Derivado de lo anterior, y gracias a varios recursos interpuestos por aspirantes del Poder Judicial, el Tribunal Electoral de la Federación determinó a inicios de semana que los actos dentro de un proceso electoral, como lo es la elección judicial, no deben suspenderse. Por lo anterior, ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal reanudar la selección de personas juzgadoras en un plazo de 24 horas.
El Comité no cumplió con esta resolución y solicitó a la Suprema Corte que atrajera el caso; el mismo que se admitió a trámite por su presidenta, quien, además, ordenó “mantener las cosas en el estado en que se encuentran”, lo que volvió a paralizar los trabajos del Comité, a pesar de que los plazos para la elección siguen corriendo.
No conformes, el mismo lunes 27 de enero las y los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron a sus cargos, alegando que consideraban inviable la tarea constitucional que se les había encomendado. Con esta decisión, abandonaron su responsabilidad de seleccionar a los perfiles más adecuados y presentar sus propias candidaturas.
Como resultado, la depuración del proceso ahora está en manos del Senado, sacando al Comité del Poder Judicial Federal de la jugada y eliminando la prerrogativa que tenía la Judicatura Federal de poner a sus candidatos en la boleta.
Desde los tiempos de AMLO, voces de la Judicatura Federal criticaron arduamente la entonces iniciativa de reforma judicial. Internos y externos aliados alzaron la voz y denunciaron sin cesar todos los riesgos que veían con esta reconfiguración de los poderes judiciales. Paros ilegales y abusos indebidos de facultades jurisdiccionales fueron las armas del Poder Judicial Federal para declararle la guerra a la reforma judicial, al grado de pretender invalidarla y descartarla.
Sin embargo, tal parece que esa resistencia incansable se tradujo en una torpeza política sinigual. De ser el Poder Judicial Federal el mayor crítico de la reforma judicial, se convirtió en un entreguista de oportunidades y con ello renunció a su capacidad de influir en la reconfiguración de la justicia mexicana. El ejercicio responsable del poder público pasa por el respeto a las instituciones y la Constitución es el punto de encuentro de los poderes del Estado. Cumplir con la reforma judicial no solo era un mandato constitucional y un deber de Estado, era, además, una oportunidad política y jurídica. Era suya y la dejaron ir.