México sin justicia: El colapso del Sistema Penal y la decadencia de la sociedad

En México, la ineficiencia del servicio público es un hecho irrefutable. La falta de recursos humanos, la carencia de herramientas jurídicas y la deficiente capacitación de los servidores públicos han convertido a nuestras instituciones en un reflejo de la corrupción y la negligencia gubernamental. Pero si hay un sector donde esta crisis se torna más alarmante, es en la Procuración de Justicia.

Dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hay Agentes del Ministerio Público que cargan con hasta mil quinientas Carpetas de Investigación activas. Es absurdo siquiera imaginar que un solo funcionario pueda investigar de manera eficaz y expedita semejante cantidad de casos. La consecuencia lógica es la parálisis de la justicia. Ya lo he dicho, un Ministerio Público colapsado implica un Poder Judicial sin bases para resolver los casos. Y si no hay Procuración de Justicia, mucho menos habrá Administración de Justicia.

El problema no es nuevo, pero cada día se agrava más. La falta de preparación de los servidores públicos, los salarios mediocres y la ausencia de infraestructura han generado un sistema donde la inoperancia es la norma. En este contexto, el Principio de Justicia Pronta se convierte en un mero deseo, constantemente vulnerada junto con otros Derechos Humanos como el Debido Proceso, la Seguridad y Certeza Jurídica y el Acceso a la Justicia.

Lo más preocupante es que esta situación ha generado una desconfianza absoluta en el Sistema de Justicia. Los ciudadanos han dejado de creer en las instituciones, lo que ha provocado tres fenómenos igualmente peligrosos: 1) Las víctimas prefieren no denunciar, pues saben que sus casos quedarán enterrados en el papeleo de una fiscalía desbordada; 2) la justicia por propia mano se vuelve una opción, ante la inacción de las autoridades; y 3) los infractores actúan con total impunidad, sabiendo que el sistema es incapaz de perseguirlos y castigarlos.

El Estado de Derecho no puede existir cuando la justicia es una farsa. No es posible que tome años integrar una Carpeta de Investigación por delitos graves, tales como delitos sexuales cometidos en contra de menores. No es posible que las víctimas del delito deban contratar abogados particulares porque los asesores jurídicos y defensores públicos carecen de la capacidad o el tiempo para atender sus casos. No es posible que, incluso con un abogado privado, se requiera presionar a la autoridad todos los días, presentar recursos, promover Amparos y hasta denunciar al propio Ministerio Público por su inacción.

Y aun así, después de todo este desgaste, las investigaciones siguen tomando meses para avanzar.

Sin embargo, el problema no es únicamente del Estado. También es responsabilidad de la sociedad mexicana. No podemos culpar solo a las autoridades cuando somos nosotros mismos quienes, como ciudadanos, hemos normalizado la corrupción, la impunidad y la falta de valores.

México ha perdido su sentido de comunidad, de ética y de civismo. El patriotismo ya no existe más allá de discursos vacíos en septiembre. La gente ya no cree en la justicia porque no la quiere, porque prefiere buscar atajos en lugar de exigir soluciones reales. El pensamiento del mexicano ya no gira en torno a lo que es correcto, sino a lo que le conviene.

En lugar de cuestionarnos qué podemos hacer para mejorar como sociedad, la mentalidad predominante es: “¿por qué él sí y yo no?”, “si él lo hizo y no le pasó nada, ¿por qué me pasaría a mí?”, “de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, pues que lloren en la suya” y “a mí de qué me sirve ayudar a otro, si nadie me ha ayudado a mí?”.

Estas frases resumen el profundo egoísmo en el que se ha hundido México. No hay sentido de responsabilidad social ni compromiso con la justicia. Se exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Se pide honestidad, pero se celebran las trampas. Se critica la impunidad, pero se justifican las acciones que la impulsan.

Si este es el estado actual de la Procuración de Justicia en México, ¿qué nos espera con la Reforma al Poder Judicial? Si el sistema ya está colapsado, ¿cómo operará cuando los jueces sean elegidos por voto popular y dependan de intereses políticos?, ¿se convertirán nuestras autoridades judiciales en una versión aún más ineficiente del Ministerio Público?, ¿estamos condenados a vivir en un país donde la justicia sea un privilegio, no un derecho?

Lo cierto es que, si no se revierte el rumbo actual, la justicia en México dejará de existir por completo. Y con ello, la sociedad estará ante una constante de caos, impunidad y abuso del poder. Pero la culpa no es solo de quienes gobiernan... también es de quienes, desde la comodidad de la indiferencia, han decidido no hacer nada.