El último Super Bowl… con guacamole
El Super Bowl de hoy podría ser el último en el que los norteamericanos disfruten de guacamole hecho con aguacates de Michoacán.
Si se aplica a rajatabla la normativa de Donald Trump para etiquetar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas y se cumple la directiva de la fiscal general Pam Bondi, los productores michoacanos perderían la posibilidad de vender su producto en Estados Unidos.
Le cuento la historia.
Como parte de la transformación de la política de seguridad nacional de EU, la fiscal general Pat Bondi emitió el jueves pasado un memorándum dirigido a los fiscales federales. La instrucción es clara: intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, es decir, eliminarlas.
Este anuncio llega en un momento clave, pocos días después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva que clasifica a dichas organizaciones como grupos terroristas.
El pasado 3 de febrero venció el plazo de 14 días que Trump otorgó al Departamento de Estado para identificar qué grupos recibirían esa designación. Hasta ahora, esa información no ha sido publicada oficialmente.
Sin embargo, el documento de Bondi menciona específicamente al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pero, ¿qué implicaciones tiene esta decisión? Más aún, ¿podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado? ¿Y qué relación tiene con los aguacateros de Michoacán o Jalisco?
Un cambio de reglas en la lucha contra el narco
La orden ejecutiva de Trump redefine las reglas del juego en la estrategia contra el narcotráfico.
Al clasificar a los cárteles como terroristas, se les aplican las mismas leyes antiterrorismo de EU, lo que permite sanciones económicas, congelación de activos e incluso operaciones militares si se considera necesario.
Este cambio no solo amplía las herramientas para combatir estos grupos, sino que también envía un mensaje claro: el gobierno estadounidense utilizará todos sus recursos para enfrentar esta amenaza.
El memorándum de Pat Bondi profundiza este enfoque. Según documentos obtenidos por fuentes cercanas al Departamento de Justicia, la fiscal general ordenó a los fiscales federales priorizar los casos relacionados con el crimen organizado. También estableció nuevas directrices para coordinar esfuerzos entre agencias como el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El objetivo es cerrar brechas legales que han permitido que estas organizaciones operen con impunidad.
Por ejemplo, al aplicar leyes antiterroristas, ahora se puede perseguir no solo a los líderes de estas redes, sino también a quienes financien o faciliten sus actividades. Esto podría incluir bancos, empresas de transporte y otros sectores involucrados, directa o indirectamente.
Y aquí entra el problema para los productores de aguacate.
¿Los aguacateros como “financiadores del terrorismo”?
Muchos agricultores en Michoacán y Jalisco pagan derecho de piso a los cárteles para poder operar y movilizar sus productos.
Con la nueva clasificación de los cárteles como terroristas, estos pagos podrían ser interpretados como financiamiento al terrorismo.
Esto implicaría sanciones, restricciones comerciales y posibles bloqueos para las exportaciones de productos agrícolas provenientes de zonas con presencia del crimen organizado.
Si esto se lleva a cabo, el impacto económico para los productores sería devastador.
Controversia dentro y fuera de EU
La decisión de aplicar leyes antiterroristas al narcotráfico no está exenta de polémica, tanto en EE.UU. como en el extranjero.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió señalando que EE.UU. debería combatir primero a los cárteles que operan en su propio territorio, antes de presionar a México.
Además, expertos en derecho penal advierten que esta estrategia podría derivar en abusos y violaciones de derechos civiles, con detenciones arbitrarias o sanciones injustificadas a sectores enteros de la economía.
Impacto en la política exterior y el comercio
Uno de los efectos más significativos de esta medida será en la relación entre EU y América Latina.
Al etiquetar a los cárteles como terroristas, Washington puede ejercer mayor presión sobre países que han servido como refugio o ruta de operación para estas redes criminales.
México y Colombia, en particular, podrían enfrentar sanciones económicas si no demuestran una cooperación absoluta en la lucha contra estos grupos.
Un antes y un después en la estrategia de Trump
El memorándum de Pat Bondi y la orden ejecutiva de Trump reflejan su visión de cómo combatir el crimen organizado.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de cómo se implemente.
Si las medidas son desproporcionadas o afectan a inocentes o víctimas, el resultado será una reacción adversa tanto en EU como en los países afectados.
Por ahora, si vive en EU, disfrute el SuperBowl con su guacamole… podría ser el último.