Farol de la calle y oscuridad de la casa
Los graves delitos cometidos durante la guerra que atravesó la extinta Yugoslavia y el genocidio cometido en Ruanda, ambos de los inicios de la década de los noventa, dieron lugar a que se discutiera y concibiera la creación de un tribunal penal internacional al que se concediera competencia para juzgar ese tipo de delitos de lesa humanidad y otros de comparable gravedad a la luz del derecho internacional. Así, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, pero sin formar parte de ella, con el voto de la mayoría de los Estados que la conforman, nació la Corte Penal Internacional con calidad de órgano permanente de justicia, ubicada en La Haya, Países Bajos.
En la vertiente de la defensa más determinante de los derechos humanos, se trata de un órgano de justicia esencial, pues gozaría del respaldo de la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional, para juzgar a cualquier jefe de Estado que, bajo el cobijo del poder, pudiera cometer crímenes atroces contra las personas. Se trata de un órgano de justicia cuya existencia, por sí misma, inhibe la comisión de barbaridades como las que la humanidad ha visto, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial.
Es tal la trascendencia de la Corte —el tribunal internacional más importante del mundo— que, la semana pasada, la gran mayoría de los Estados firmantes del Estatuto de Roma que la concibieron repudiaron las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca de los Estados Unidos, a través de las cuales se ha ordenado sancionar al organismo y a sus funcionarios, restringiendo recursos y el acceso a visas, por haber expedido la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y otros funcionarios israelíes, con motivo de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos durante la ocupación de Palestina desde 2023.
Existe una coincidencia internacional absoluta en el sentido de que tal acción por parte del gobierno de los Estados Unidos afecta de manera diáfana y directa la independencia con la que ese órgano internacional debe cumplir el papel que tiene encomendado. Con independencia de que nuestros vecinos del norte no hubieran suscrito el Estatuto de Roma, podría decirse que deben abstenerse de sancionar y atacar a un tribunal encargado de juzgar a criminales.
Resulta sumamente relevante citar el hecho de que, entre los Estados firmantes del Estatuto de Roma que condenó enérgicamente las órdenes ejecutivas expedidas por el presidente Donald Trump, se encuentra el nuestro, México, que, en unión de otros 79 países, firmó una carta de repudio a través de la cual se aludió a la impunidad de la que pueden llegar a ser beneficiados los responsables de graves delitos que amenazan con socavar el derecho internacional, al que está ligado el orden y la paz mundial.
Es sumamente atendible el llamado que esa comunidad hace al respeto de las resoluciones de dicho órgano de justicia, ya que nadie puede poner en tela de juicio que una sanción, tan ínfima como puede ser la denegación de visas a favor de los jueces que lo conforman o sus familiares, se constituye en un hecho ajeno a la interpretación de la ley que afecta indudablemente la independencia y la objetividad con la que tales abogados deben cumplir su función e imponer penas a los responsables de tales crímenes internacionales, siempre alrededor de la más pura aplicación de la ley.
Es en ese punto en el que, sin embargo, encontramos en la posición de México una clara contradicción. Todo parecería demostrar que la presente administración, en materia de justicia, se comporta como auténtico farol de la calle... simultáneamente celoso de la oscuridad que reina en la casa.
El viernes pasado aparecieron publicados artículos periodísticos en los que se da cuenta de cómo la Fiscalía General de la República ha abierto carpetas de investigación a través de las cuales se pretenden fincar responsabilidades contra los jueces Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, por haber concedido la suspensión y el amparo con motivo de la demanda a través de la cual se ha reclamado la inconstitucionalidad del proceso que dio lugar a la reforma constitucional del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial el 15 de septiembre del año pasado.
La cosa no queda ahí. También el viernes 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados de Morena por haber destituido a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, por haber pretendido iniciar juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, a efecto de someterlo a juicio por un presunto delito cometido contra su media hermana.
Las dos noticias anteriores vienen a ser, en su esencia, abiertamente contradictorias entre sí, pues mientras para los efectos internacionales el gobierno de la 4T condena cualquier intromisión del gobierno de los Estados Unidos en contra de la labor que realizan los jueces de la Corte Penal Internacional, para los efectos de lo que sucede en el ámbito doméstico, aplaude la intromisión que la fiscalía tiene, en el ámbito de la procuración de justicia, en procesos seguidos contra los jueces independientes a los que la Constitución encomienda defender los derechos humanos. Defienden y atacan a la independencia judicial simultáneamente.
En Palacio Nacional no se ha medido bien cuál es la dimensión del riesgo en el que se coloca a México, al derruir los cimientos que sostienen a la República. Las amenazas que se ciernen contra nuestra soberanía encuentran su origen en el grave estado de desaseo en el que se encuentra la procuración y la administración de justicia, por la intromisión indebida que, desde el Poder Ejecutivo pasado, se organizó en su contra.
Hasta que no se entienda la relevancia que mantiene la edificación de un fuerte Estado de derecho, en el que auténtica y legítimamente prevalezca la observancia de la ley por encima de los caprichos políticos de los gobernantes en turno, como factor indispensable del que depende el ejercicio pacífico de las libertades de la persona, el futuro de México se mantendrá en vilo. Al gobierno de México le sobran políticos e ideólogos, y le hacen falta auténticos abogados.