El fraude judicial: el voto no es universal ni directo
La reforma judicial padece evidentes errores de diseño. El más significativo es que no se compadece de la forma en la que se organiza el Poder Judicial. Sus redactores partieron de premisas basadas en el sistema de representación poblacional, sin conocimiento de la dinámica de la función jurisdiccional y, en particular, de la lógica de su distribución geográfica.
En primer lugar, el Consejo de la Judicatura Federal era el órgano encargado de delimitar la distribución de los juzgados y tribunales que conocen de controversias federales. Su función era armonizar dos principios esenciales. Por un lado, maximizar la capacidad de respuesta a la demanda de justicia, esto es, que existan suficientes jueces y magistrados para pacificar los conflictos de manera pronta y expedita. Por otro lado, que las controversias sean resueltas por juzgadores con conocimientos y experiencia pertinentes en el tipo de asuntos que resuelven, por la sencilla razón de que no es lo mismo juzgar sobre el espectro radioelectrónico que sobre una disputa ejidal. Esto explica que el Poder Judicial se organice en ámbitos geográficos básicos –circuitos–, pero con diverso número de juzgados y tribunales y, sobre todo, múltiples modalidades de especialización.
En contraste, la división distrital en materia electoral se rige por la lógica de que la representación poblacional sea lo más homogénea posible. En otras palabras, que en cada distrito el número de personas y cargos a elegir coincida con el de los demás distritos, de manera tal que el peso específico de cada elector en la conformación del poder público no dependa del lugar en el que resida. Que valga lo mismo el ciudadano que vive en Colima que el que vive en el Estado de México.
De manera absurda, la reforma judicial trasladó la lógica de la representación política a la organización de la jurisdicción, como si un juez que reside en la Ciudad de México sólo resolviera asuntos de los habitantes de esa entidad federativa, por el solo hecho de que sus oficinas se encuentran en el Palacio de Justicia de San Lázaro.
Peor aún, bajo el pretexto de hacer viable la reforma, el INE se inventó un ámbito geográfico electoral que no existe en el texto de la Constitución: el distrito judicial. La implicación de este invento es que, ahora, un elector de la Ciudad de México sólo votará por los jueces que el INE le asigne a la sección electoral en la que vive, y no por todos los que pueden decidir sobre su patrimonio, familia, derechos, libertad o la vida.
La explicación es más sencilla de lo que parece: Colima, con aproximadamente 500 mil electores, podrá elegir 6 cargos de jueces y magistrados, mientras que Ciudad de México elegirá 168. La razón está en que en la Ciudad de México se concentra mayor carga de trabajo, pero no por haber más población o conflictos judiciales, sino porque la distribución de competencias federales privilegia el lugar en el que residen los Poderes de la Unión.
Los errores de diseño y los desvaríos en la implementación distorsionan el propio sentido de la reforma: no es cierto que vamos a elegir a todos los jueces y magistrados según la especialidad que van a ejercer.
Para seguir con los ejemplos: el juez federal que sentencia a una organización criminal que violenta a todo el país será elegido en Jalisco o en el Estado de México, según si el procedimiento penal se sigue en el penal de Puente Grande o de Almoloya, pero no sabemos si será en casillas instaladas en Guadalajara, Los Altos, Toluca o Tierra Caliente, justamente ahí donde esas bandas criminales operan a sus anchas.
En suma, la reforma judicial es un fraude descomunal, una torpeza inaudita y un engaño a la buena fe de muchos ciudadanos que aún piensan que esta reforma se hizo para democratizar a la justicia, pero que no es más que un pretexto para capturar al último poder que salvaguarda nuestros derechos y libertades.