Alertan de riesgos y concentración de poder con ley de telecomunicaciones
En el primero de los foros en el Senado para analizar los cambios en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expertos en la materia alertaron por los riesgos que representan los cambios que se buscan hacer en esta materia.
La excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Adriana Labardini alertó que no hay mecanismos para evitar que el crimen organizado tenga concesiones, algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. “Tuvimos serios problemas porque no tenemos las herramientas legales para impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, al crimen organizado, sean concesionarios autorizados”, recordó.
Señaló que aún no hay una manera de evitar que estas concesiones se utilicen para lavar dinero o por miembros de estos grupos.
El director del IFT, Javier Juárez Mojica, defendió la labor que ha realizado el organismo en los últimos 11 años. Aseveró que en este tiempo se benefició a los usuarios, toda vez que el agente preponderante redujo su dominio en banda ancha fija de 73 por ciento a 39 por ciento.
Ante estos reclamos, el senador Javier Corral, encargado de moderar estas conversaciones, adelantó que “por lo que estoy escuchando, viene una reservotota”, para poder modificar el dictamen que ya fue aprobado por las comisiones.
A su vez, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que las facultades que se le otorgarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en la iniciativa de reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) son prácticamente ilimitadas, lo que supone un riesgo para la industria en el país. “Creemos que debería haber mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales”, alertó José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT.
Por su parte, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) advirtió que la superagencia de telecomunicaciones que encabezará José Merino no sólo representa un retroceso normativo, sino que amenaza a todo el ecosistema digital del país.
“El mayor riesgo es la concentración de poder, reúne funciones en una sola persona sin contrapesos. No podemos permitir que un solo ente prevalezca, debe tener un cuerpo colegiado y un consejo ciudadano especializado que aporte pluralidad”, señaló Jorge Bravo, presidente de la Amedi.