Los datos, el poder y la delgada línea entre seguridad y control

Una de las mayores transformaciones del presente sexenio no se está dando en las calles, ni en la visibilidad institucional, sino en el silencioso acopio de información sobre quienes habitamos este país. Laconsolidación de dos proyectos que, bajo la bandera del bienestar y la eficiencia, están sentando las bases de una arquitectura de poder profundamente delicada. La Estrategia Nacional de Seguridad y el programa Llave MX.

Ambos proyectos en marcha, en apariencia independientes, comparten un núcleo común: la recolección, centralización y uso de los datos personales de los ciudadanos. Estas iniciativas, hasta ahora poco debatidas, cambiarán radicalmente la relación entre las personas y el Estado.

La Estrategia Nacional de Seguridad ha sido presentada como un esfuerzo integral para garantizar la paz, reducir la criminalidad y reforzar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. La lógica es clara: más información permite mejores diagnósticos, más coordinación entre instancias, mejor prevención del delito. El problema es que, en el proceso, se están ampliando las facultades de acceso y uso de información personal por parte de las autoridades, especialmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En paralelo, el programa Llave MX ha sido presentado como una solución moderna al problema crónico de la burocracia mexicana. Consiste en una plataforma de “identidad digital” única que permitirá realizar trámites con mayor rapidez, evitando duplicidades y simplificando procesos. Pero detrás de esa promesa de eficiencia hay un riesgo mayor: la concentración de datos personales en manos de una sola agencia gubernamental, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

No se trata de datos comunes. La Llave MX incluirá información biométrica, es decir, datos intrínsecos a cada persona que, a diferencia de una contraseña o una firma, no pueden cambiarse ni regenerarse; se trata de la identidad de cada ciudadano que lo distingue de todos los demás.

Si a lo anterior le sumamos la propuesta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ahora en debate, el Estado no tendría solamente información delictiva, judicial o administrativa, sino además registros de identificación civil, geolocalización, actividad digital y datos biométricos. La integración de estas fuentes genera un perfil del ciudadano sin precedentes: quién es, qué hace, dónde está, con quién se relaciona, a qué servicios accede, qué consume, qué publica.

Lo más preocupante es que todo este andamiaje se está levantando sin un marco robusto de contrapesos y supervisión independiente. La desaparición del INAI —la misma suerte que próximamente correrá el IFT— y la acumulación de funciones en dependencias del Ejecutivo dejan un vacío legal y político que puede ser llenado por la discrecionalidad y el uso político de la información.

México no es el primer país en avanzar hacia la digitalización de la identidad y el cruce de datos personales. Pero en países democráticos y en los que rige el Estado de derecho, estos procesos se acompañan de amplios debates legislativos, auditorías independientes, participación ciudadana y límites estrictos al uso de la información. Aquí, el avance ha sido opaco, vertical e impuesto.

El Instituto Nacional Electoral ha sido la institución custodia de la base de datos biométricos más importante del país. Pero, a diferencia de lo que ahora propone el Ejecutivo, el INE ha sido históricamente un órgano autónomo, con mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Con Llave MX, la misma información estaría en manos de una agencia del Ejecutivo federal sin vigilancia externa ni criterios claros de uso y resguardo.

Además, los riesgos no son solo teóricos. En un contexto de creciente polarización política, de tensiones con medios de comunicación y de uso discrecional del aparato de inteligencia para fines ajenos a la seguridad pública, la tentación de usar esas bases de datos con fines políticos, electorales o represivos es demasiado alta.

El dilema central no es si debemos o no modernizar el Estado. Por supuesto que debemos hacerlo. Nadie defiende una burocracia ineficiente, lenta y desconectada de las necesidades ciudadanas. Tampoco se niega la urgencia de contar con una política de seguridad articulada e inteligente. Pero sí debe cuestionarse el camino que se ha elegido para hacerlo.

La eficiencia no puede ser una coartada para debilitar los derechos. La seguridad no puede ser el disfraz de una vigilancia sin control. La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de un poder que no rinde cuentas. Y la información personal debe ser considerada lo que es: un patrimonio íntimo que sólo debe ser administrado y custodiado bajo estrictas reglas jurídicas y en un andamiaje institucional que permita que quien hace uso de esa delicada información sea vigilado y auditado por instancias independientes y autónomas, y en el cual la persona pueda defenderse si se hace un uso indebido de su información.

Hoy, sin INAI, sin un debate público amplio y sin transparencia en las decisiones, la Llave MX, la Estrategia Nacional de Seguridad y la Ley de Telecomunicaciones están construyendo un ecosistema de control estatal. No se trata de un dicho paranoico: se trata de memoria. La historia de México, y del mundo, está llena de ejemplos de cómo el poder, cuando no se limita, termina usándose para fines que no fueron anunciados.

La clave no es digital. La clave es política. Y mientras no entendamos eso, se estará abriendo la puerta, o la llave, a un Estado arbitrario que, sin frenos ni contrapesos, se impondrá so pretexto de la eficiencia y la seguridad que reclama la ciudadanía.