Reforma judicial: triple golpe al Estado democrático
En breve se concretará la reforma judicial. La mayor alteración al diseño jurídico del Estado mexicano surgido de la Constitución de 1917 y una operación para revertir la conquista democrática de la división de poderes. Por su gravedad, es preciso diseccionar el triple golpe que implica para la democracia constitucional.
Primero, el fondo. Los juzgadores serán electos popularmente. Bien vistas las cosas, no es una reforma o una actualización de la Carta Magna, sino una abierta contravención a lo dispuesto en 1917: ese año los constituyentes determinaron que no procedía la elección popular de jueces. Se revirtió lo que se dispuso de forma expresa en Querétaro, así que no se modificó el edificio constitucional: se demolió en uno de sus pilares.
Los juzgadores serán una suerte de representantes populares de la mayoría política, ya no garantes de las leyes también para las minorías. A juzgador se llegará por una campaña política, no por la carrera judicial. Los atributos de quien imparte justicia no serán el conocimiento de las normas, la experiencia, el profesionalismo y la independencia, sino las adhesiones políticas. Desaparece el Poder Judicial entendido como una instancia de garantía contra mayoritaria; se vuelve un poder también de naturaleza política. Una democracia sin contrapesos a la mayoría deja de serlo. La tiranía de la mayoría, sobre la que alertó Tocqueville, hecha realidad.
Incluso se eliminó la posibilidad de que la Suprema Corte revise reformas a la Constitución que puedan violar los derechos humanos. Fue así desechado el principio de no retroactividad en materia de derechos fundamentales. Un fondo contrario a la división de poderes y a los derechos humanos es un golpe a la democracia.
Segundo, la forma. Las constituciones democráticas son el acuerdo político fundamental de las sociedades. Por eso, la propia Constitución define reglas más rígidas para su reforma que para alterar las leyes secundarias. Puede decirse que la Carta Magna se autoprotege frente a cambios que no sean fruto de amplios consensos. En México, la Constitución establece que puede ser modificada con el respaldo de dos terceras partes de ambas Cámaras del Congreso.
A su vez, el artículo 54 define que ninguna fuerza pueda tener más de 300 diputados por ambos principios ni exceder, en esa Cámara, el 8 por ciento de sobrerrepresentación. Se exige un amplio acuerdo para el cambio constitucional.
La coalición de Morena obtuvo el 54 por ciento del voto popular. No logró el suficiente respaldo para cambiar la Constitución: nueve de cada veinte electores (45 por ciento) votaron por otras opciones. Pero las autoridades electorales, en vez de defender el voto ciudadano, obsequiaron al gobierno una sobrerrepresentación del 20 por ciento en la Cámara de Diputados. El cambio constitucional surgió de una mayoría calificada artificial, que las urnas no dieron.
En su procesamiento, la reforma judicial fue un fraude a las reglas constitucionales, un segundo golpe a la democracia.
Tercero, la instrumentación. La Constitución dice que las elecciones deben ser auténticas. No es el caso. En democracia, la sociedad elige a quién ocupa el poder; en esta elección, el poder dice a la sociedad entre quiénes optar: todas las candidaturas pasaron antes por el cernidor de poder político; se escogerá solo entre candidaturas que recibieron el aval del Ejecutivo o Legislativo, en manos del partido del gobierno.
Se contravienen, además, los principios constitucionales rectores de la función electoral. En una elección real, cada ciudadano tiene el mismo número de boletas y de cargos por los cuales votar; ahora no. Unos electores, por su residencia, tendrán más poder de decisión que otros. Se fracturó la igualdad del sufragio.
Tampoco habrá lugar para la representación de las minorías en los colegiados jurisdiccionales. Dado que para la Corte se podrá sufragar hasta por nueve personas distintas, la mayoría podrá imponer su “planilla” de nueve. Es la institucionalización de las reglas del “carro completo”, figura del autoritarismo.
La cadena de confianza de toda elección legítima está rota, pues no habrá escrutinio y cómputo de los votos en las casillas, ni la transparencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares y del conteo rápido, ni la anulación de las boletas sobrantes.
Una elección donde el poder pone todas las candidaturas, el no voto cuenta igual y no hay certeza es una farsa, un tercer golpe a la democracia.