Remesas bajo asalto: el nuevo impuesto que redefine la relación México–EU
En Washington, un proyecto avanza con sigilo y consecuencias colosales para México. Bajo el nombre de The One, Big, Beautiful Bill, la Cámara de Representantes de Estados Unidos debate una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y liderada por el congresista Jason Smith que propone imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas no ciudadanas. Un movimiento que no solo busca recursos fiscales, sino que envía un mensaje político de exclusión y castigo.
El golpe sería inmediato. En 2024, México recibió 64,745 millones de dólares en remesas, de las cuales el 96.6% provino de Estados Unidos. Si esta iniciativa se aprueba, se estima una pérdida directa de más de 3,200 millones de dólares anuales. Para millones de familias mexicanas, ese dinero no es un lujo: es lo que paga la comida, la escuela de los hijos o los medicamentos de los padres. En estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato o Guerrero, las remesas son la arteria que sostiene economías locales enteras.
Pero esta medida no es solo económica: es profundamente simbólica. No está dirigida a quienes defraudan al fisco, sino a quienes trabajan sin voz política. Castigar las remesas es castigar el trabajo en silencio, el desarraigo forzado, la contribución no reconocida.
Cronología de un agravio anunciado
Desde diciembre de 2024, el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso alertó sobre la expiración de los recortes fiscales de 2017. La estrategia del Partido Republicano fue clara: construir un nuevo paquete fiscal que mantuviera los beneficios para ciudadanos estadounidenses, y financiarlos parcialmente con medidas punitivas contra migrantes.
El 13 de mayo de 2025 se presentó formalmente el proyecto. Un día después fue aprobado en el comité. Se prevé que el pleno de la Cámara de Representantes —de mayoría republicana— lo someta a votación antes de finalizar mayo. De ahí pasará al Senado, donde el equilibrio es más frágil, aunque podría utilizarse el mecanismo de “reconciliación presupuestaria” para aprobarlo con mayoría simple. La Casa Blanca ya ha anticipado su entusiasmo por firmarlo antes del 4 de julio, como símbolo de “recuperación de soberanía”.
¿Quién lo impulsa? ¿Quién puede frenarlo?
Jason Smith es el operador clave, pero detrás de él se alinean actores como Marjorie Taylor Greene y el ala dura del trumpismo. La narrativa es conocida: el migrante como carga fiscal, como amenaza cultural, como culpable conveniente. Omiten que los migrantes —incluso los sin documentos— pagan impuestos, consumen, y han sostenido durante décadas sectores estratégicos de la economía estadounidense.
Ahora bien, ¿basta el ala trumpista para aprobar esta ley? En la Cámara de Representantes, sí. Aunque representan apenas una fracción del Partido Republicano, su poder radica en su capacidad para movilizar a toda la bancada bajo la lógica de unidad partidista. Con 220 escaños republicanos, y si se mantienen disciplinados, pueden aprobar la ley sin necesidad de votos demócratas.
El Senado es otra historia. Allí los republicanos suman 49 escaños frente a 51 de demócratas y aliados. Para aprobar esta iniciativa, tendrían que usar el procedimiento de reconciliación presupuestaria, que permite votar leyes fiscales con mayoría simple. Aun así, necesitarían no solo la unidad interna, sino convencer a posibles indecisos o esperar un cambio de composición tras las elecciones. Hoy, no tienen los votos asegurados.
En paralelo, organizaciones de defensa de derechos civiles preparan recursos legales. El componente más polémico —el bloqueo total de remesas para personas indocumentadas mediante decreto presidencial— podría ser impugnado en cortes por violar la Cuarta Enmienda (privacidad financiera), aunque ese litigio podría tomar meses y no detendría automáticamente la implementación fiscal.
¿Y México?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta como una “injusticia discriminatoria”. El Senado mexicano y la cancillería han planteado conformar una comisión diplomática para entablar diálogo directo con el Congreso estadounidense. Pero el momento exige más que eso.
Este no es un tema bilateral más. Es una redefinición del vínculo México–Estados Unidos a través del castigo económico. Y México no puede permitir que millones de sus ciudadanos —aunque vivan del otro lado de la frontera— sean tratados como enemigos financieros. Las remesas no son limosnas: son ingresos legítimos que nacen del trabajo. Cobrarles impuestos es como penalizar la nostalgia, castigar el lazo que los migrantes se rehúsan a romper con su país.
No se trata solo de números, sino de dignidad. México debe levantar la voz, articular alianzas con gobiernos locales, cámaras económicas, organizaciones transfronterizas y medios internacionales. Porque si esta ley se convierte en realidad, lo que se perderá no solo será dinero: será parte de la justicia básica que nuestros migrantes merecen.