Merideños sobreviven a la crisis de los servicios públicos y precarios salarios
Durante los primeros meses de 2024, en la región andina se registraron al menos 16 protestas pacíficas, de las cuales el 31 % […]
Durante los primeros meses de 2024, en la región andina se registraron al menos 16 protestas pacíficas, de las cuales el 31 % fueron documentadas en el estado Mérida por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.
Por Jesús Quintero / Corresponsalía lapatilla.com
Para nadie es un secreto la compleja situación que atraviesan los ciudadanos (padres y madres de familia), quienes buscan la manera de sobrevivir en medio de condiciones salariales paupérrimas que le impide ofrecer calidad de vida a su núcleo familiar.
Lamentablemente los más afectados son los empleados dependientes de la administración pública, que devengan salarios insuficientes con los cuales no cubren necesidades básicas como alimentación, transporte y atención familiar de salud y recreación.
Los docentes merideños durante varios meses han liderado acciones sindicales en la calle apoyados por el sector salud para exigir un salario acorde a la realidad económica que se vive en Venezuela. El bajo poder adquisitivo no permite cubrir la cesta básica alimentaria, vulnerando los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar de enero de 2024 se situó en 535,23 dólares.
— CENDAS (@CENDASFVM) February 21, 2024
Aunado a esto, la precariedad de los servicios públicos, y en especial la electricidad, somete a los a continuos y prolongados racionamientos, sumado a las innumerables variaciones de voltaje durante cualquier hora del día o la noche, lo que ha quemado electrodomésticos y aparatos electrónicos en el hogar y también en los lugares de trabajo, afectando la operatividad y el rendimiento del sector privado y comercial en la entidad.
Esta situación produce un efecto en cadena que perjudica directamente el funcionamiento otros servicios públicos como la distribución de agua potable, debido a la paralización de las bombas. También afecta la telefonía fija y móvil, y no menos importante, la conectividad a internet, lo que retrasa los pagos de bienes y servicios a través de canales electrónicos.
Es de recordar que el acceso a agua potable y energía eléctrica forma parte del derecho de toda persona a tener a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Asimismo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 117, el cual establece el derecho de toda persona a disponer de bienes y servicios de calidad, mientras que el artículo 156 señala que es obligación del Estado garantizar servicios de electricidad, agua potable y gas.
Las acciones de protesta pacífica de la sociedad civil, gremios, sindicatos y empleados públicos, se ha hecho sentir en reiteradas oportunidades en las calles merideñas mientras exigen la firma de contrataciones colectivas, respeto a los convenios contractuales vigentes y servicios públicos de calidad.
A pesar de haber dirigido en reiteradas oportunidades documentos con las denuncias en la sede regional de la Defensoría del Pueblo, la situación de los servicios públicos no mejora y los merideños viven en carne propia el detrimento de la calidad de vida.