“Caso Koldo”: La Guardia Civil duda del importe del “trueque” que Canarias hizo con la trama
El Gobierno canario evitó pedir la devolución del dinero por las mascarillas que no cumplían los requisitos y aceptó un cambio
En dos de los contratos del “caso Koldo” hubo problemas con el material que se entregó: en Baleares y en Canarias hubo errores por que la trama les intentó “colar” mascarillas que no cumplían con los requisitos de la adjudicación. Mientras en Baleares se abrió un expediente para la devolución del importe de 2,6 millones de euros, en el caso de las Islas Canarias se optó por un “trueque”, un cambio de precio en las mascarillas de menor protección, cuyo importe no está del todo claro para los agentes que investigaron la adjudicación.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que “las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública no concuerda ni con las actas de entre ni con la factura proforma presentada por Soluciones”
El entramado que se hizo con 53 millones de euros de dinero público selló cuatro contratos con el Gobierno canario cuando lo presidía Ángel Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El PP solicitará su comparecencia como expresidente de Canarias en el momento en que se firmaron las adjudicaciones bajo sospecha y después de que Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, lo señalase como su "interlocutor" para que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entrase como proveedor en el archipiélago.
El contrato en cuestión se facturó el 22 de abril de 2020. En la licitación de emergencia y sin publicidad se solicitaban 2.750.000 mascarillas del tipo FFP2 por un importe total de 6.875.000 euros, a 2,50 euros cada unidad. Este material debía ir a los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de Salud y se abonó mediante una segunda factura fechada el 4 de mayo.
El material sanitario se envió con gran celeridad y despachó los días 23, 25 y 28 de abril. Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro hospitalario detectó un “pufo”: había 837.800 mascarillas que incumplían con las características de protección FFP2. El importe de la partida errónea fue de 2.094.500 euros, casi un tercio del total de la adjudicación.
Tras analizarlas, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo confirmó que se trataba de mascarillas FFP1, con un nivel de protección inferior.
Soluciones de Gestión quería evitar a toda costa tener que devolver el dinero en metálico por esa partida, por lo que en octubre de ese año se puso en contacto con las autoridades canarias para hacerles una propuesta de “trueque”. En una carta y en un email a la Dirección General de Recursos Económicos, les propuso cobrar las mascarillas como quirúrgicas, a 0,85 euros la unidad, por un importe de 707.518 euros y completar el pedido con 555.0000 unidades FFP2, que eran las correctas. Estas se cobraron a 2,5 euros, con un importe de 1.387.500 euros.
Con este “cambio” pretendían completar el importe inicial de la adjudicación y no tener que devolver ni un céntimo del dinero que ya se les había abonado por parte del Gobierno canario.
Bajo el argumento del incremento de los contagios, el director del Servicio Canario de Salud aceptó el "trueque". “Esta Dirección acepta como compensación y resarcimiento de la situación generada ajena a esta Administración, la propuesta planteada”, señala el texto, una decisión que contó con el visto bueno de la Dirección General de Recursos Económicos.
Sin embargo, en el informe de la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción señala que aunque el trueque con el que se quería compensar este error se valora por un importe de 2.094.500 euros, el importe que finalmente se abona es de 2.095.018,50 euros. Según los agentes, "se desconoce” el motivo de que el importe pagado sea superior.
Además de estas diferencias de precios que impiden determinar el importe exacto que se abonó a la sociedad del “caso Koldo”, se cumple otra de las características presentes en otros de los contactos investigados. Y es que la documentación aportada "no aclara cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y SOLUCIONES que puedan justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra”. Tampoco han dado con documentos que indiquen de qué manera se tuvo conocimiento de que la sociedad investigada era proveedora de este tipo de material.
El proceso de entrega de mascarillas por parte de la empresa de la trama incluidas en la adjudicación y en el trueque posterior finaliza el 13 de noviembre, siete meses después de que se contratara “a pesar de haber sido tramitado como emergencia”, subrayan los agentes a cargo de la investigación.