Mascarillas inseguras y fuera de plazo: Illa adjudicó 217 millones de euros a una empresa que se dedicaba a la alimentación

Más 28 millones de mascarillas de estos contratos no se entregaron a personal sanitario y otras 7,5 millones debieron ser destruidas

El Ministerio de Sanidad fue la cartera que adjudicó un mayor volumen de fondos públicos en 2020 mediante la contratación de emergencia, con un total de 513 millones de euros. Tal como confirmó la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la comisión mixta de Congreso y Senado la semana pasada, de esos fondos, 217,5 millones, equivalentes al 42% del total, fueron a parar a una única empresa mediante cuatro contratos de emergencia que registraron numerosas irregularidades. Se trata de FCS Select que, según el tribunal contable, desarrollaba su actividad en el rubro de la alimentación.

Los incumplimientos e irregularidades que rodean a estas adjudicaciones son abundantes y el Tribunal de Cuentas las detalla en uno de sus informes. En total, a esta empresa se le adjudicó la compra de 508 millones de mascarillas, además de otro material hospitalario. De esa partida, al menos 28,6 millones de unidades que deberían estar disponibles únicamente para personal sanitario se distribuyeron fuera del Sistema Nacional de Salud. De ellas, 25 millones fueron a delegaciones de gobierno y el resto a distintos ministerios y ONG, sin que haya quedado claro que sus destinatarios fueran personal sanitario.

Y es que las mascarillas quirúrgicas sin marcado CE que se recibieron en estos cuatro contratos hasta abril de 2020 no fueron rechazadas, sino que se aceptaron bajo el amparo de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020. Este texto indicaba que este material solo podía ponerse a disposición del personal sanitario, pero no hay certeza de que haya sido así, dada su distribución.

De acuerdo con el contenido del “Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por los ministerios del área de administración económica del estado y sus organismos autónomos”, también hubo una partida de 7,5 millones de mascarillas defectuosas abonadas con dinero público que debieron ser destruidas por el ministerio de entonces lideraba Salvador Illa, actual candidato del PSOE para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña del 12 de mayo.

Ese lote de 7,5 millones de unidades “se especifica por el Ministerio que debían ser destruidas debido a la imposibilidad de su identificación por un problema externo de logística en el embarque en origen y posterior almacenamiento”

Además de para adquirir 508 millones de mascarillas quirúrgicas, los 217,5 millones de euros de estos cuatro contratos también se destinaron a financiar la adquisición de 10 millones de guantes de nitrilo y 150.000 gafas de protección.

"Los cuatro contratos fueron adjudicados el 23 de marzo a un mismo contratista, sin vinculación con el ramo sanitario sino con el de la alimentación”, señala el órgano fiscalizador, que subraya que la ejecución de las cuatro adjudicaciones "fue bastante irregular y la Administración tuvo importantes dificultades para tratar de conseguir los suministros”.

“Deficiente calidad” y retrasos

Pero hubo más problemas relacionados con la calidad de estos cuatro contratos. Según indica el documento, “el Ministerio de Sanidad requirió a los adjudicatarios y obtuvo la reposición de parte de las mascarillas, debido a su deficiente calidad”. En estas cuatro adjudicaciones, esta situación afectó a 27,1 millones de mascarillas, equivalente al 5,3 % de las adquiridas. Además, el contratista volvió a incumplir el nuevo plazo de ejecución con la Administración, “generando retrasos adicionales al recibirse el suministro”, denuncia el documento.

Y es que desde un principio se registraron problemas con los plazos de envío pactados en contratos que estaban justificados por la emergencia sanitaria de aquel momento y que, con unos servicios sanitarios saturados, requerían de material suficiente lo antes posible.

Según constata el Tribunal de Cuentas, una vez finalizado el plazo inicialmente previsto, solo se habían entregado 106,9 millones de mascarillas hasta el 30 de abril de 2020, es decir, el 21% de las pactadas. Faltaban por remitir 401,1 millones de mascarillas.

El contratista sabía que lo que estaba intentando importar era material no apto para uso médico. De hecho, justificó los retrasos en los cambios en la legislación china que impedían exportar el material adquirido por no ser mascarillas aptas para uso médico a no ser que la empresa firmara un documento comprometiéndose a no utilizarlo en centros sanitarios.

Desde Sanidad le recordaron a la empresa contratista el incumplimiento. Esta presentó un nuevo calendario y el 22 de mayo aprobó una ampliación del plazo de ejecución que ampliaba las cuatro semanas iniciales a 20 semanas. “Este nuevo plazo también fue incumplido”, señala el informe, ya que la última entrega el 24 de septiembre.

El ministro Illa, lejos de plantear una reclamación a través del recurso a la imposición de penalidades para reclamar daños y perjuicios, descartó esta posibilidad. Desde el Ministerio de Sanidad se consideró que “era un plazo aceptable dadas las necesidades existentes”.

“No obstante, los defectos más graves de los 106,9 millones de mascarillas recibidas hasta abril consistieron en que no tenían un etiquetado y envasado que garantizase la suficiente calidad del producto y la responsabilidad del fabricante, del representante autorizado y del contratista”, denuncia el Tribunal de Cuentas.

En sus alegaciones, el Ministerio de Sanidad reprocha al ente fiscalizador que incluya “opiniones de carácter subjetivo, meras suposiciones” y se basa en hacer una comparativa entre este informe y los anteriores emitidos por el Tribunal de Cuentas para que “sean tratadas de forma similar”, pero sin entrar a explicar detalles como por qué se destruyeron 7,5 millones de mascarillas o por qué no se reclamó por los incumplimientos de la adjudicataria de más de 42% del dinero público que destinó la cartera de Salvador Illa a adquirir material sanitario en 2020.