Los sindicatos de la Agencia Tributaria piden al Congreso que repruebe al secretario de Estado de Hacienda por no atender sus demandas ni recibirles
Miles de trabajadores de la Agencia Tributaria se han concentrado este miércoles en toda España para reclamar mejoras laborales
Miles de empleados de la Agencia Tributaria se han concentrado este miércoles ante las sedes de las delegaciones especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia para reclamar mejoras laborales y salariales, una protesta a la que ha acompañado la petición de reprobación del secretario de Estado de Hacienda.
Las organizaciones convocantes, que iniciaron las movilizaciones el 8 de mayo de 2024 con una concentración de protesta en Madrid, frente a la sede de la Dirección General de la AEAT, han extendido las movilizaciones, "ya que el Ministerio de Hacienda sigue negándose a reactivar el acuerdo para la carrera profesional, pendiente de desarrollo desde el año 2007, así como la negociación de un nuevo convenio colectivo. El actual lleva año y medio denunciado", ha señalado CSIF en un comunicado. Según ha informado UGT, tras las concentraciones de este miércoles, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, se reunirá este jueves con los sindicatos.
Los sindicatos reclaman la reactivación del acuerdo para la carrera profesional, un nuevo convenio colectivo, el desarrollo del teletrabajo, revisar el complemento de productividad y mejorar las condiciones laborales del personal de Vigilancia Aduanera. "Estamos en conflicto para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y la justicia salarial en la AEAT. En los últimos 6 años la dirección de la AEAT, que está incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de carrera profesional del personal de la AEAT, se ha dedicado a congelar la negociación colectiva y sin embargo sube de manera discrecional las retribuciones de los que más cobran. En 2023 la AEAT tenía 1.265 trabajadores de los grupos A1 (cuerpos superiores), que cobran los específicos más altos de toda la AGE", recoge CSIF.
Los sindicatos denuncian que en los últimos años las condiciones laborales de la plantilla se han deteriorado hasta el punto de afectar a la prestación de un servicio público fundamental para la ciudadanía como es la información, asistencia y apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
El responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto, ha asegurado que la directora general está "simulando una predisposición a la negociación", por lo que avanza que reclamará "garantías" antes de levantar el conflicto. También CCOO plantea dudas sobre el resultado de la reunión de este jueves y recuerda que el objetivo es negociar las condiciones de "todo el personal: el funcionario y el laboral, el antiguo y el nuevo, el fijo a tiempo completo y el fijo discontinuo". "Tenemos derechos a salarios dignos", coincide CSIF, que advierte de que si el Gobierno no "reacciona" las movilizaciones continuarán durante la fase de atención presencial de la campaña de la Renta, que arranca el 3 de junio. Los sindicatos no descartan ampliar las movilizaciones en plena campaña de la renta e incluso convocar una huelga.
Reprobación del secretario de Estado de Hacienda
En paralelo a las concentraciones, SIAT, CCOO, UGT, CCOO y CIG han registrado un escrito en el Congreso de los Diputados en el que piden a los grupos parlamentarios la reprobación del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón -que asumió el cargo en junio de 2022-, porque, en su opinión, no cumple con las obligaciones de su cargo.
Los sindicatos acusan a Gascón de incumplir todos los compromisos adquiridos con la plantilla de la AEAT, así como de "planteamientos abiertamente antisindicales", como negarse a recibir a los sindicatos desde su nombramiento en 2022, mientras mantiene "privilegios" para inspectores -"justificando con cursos fraudulentos la asistencia a congresos" con el fin de "opinar e influir en la dirección de las asociaciones profesionales- o algunos delegados, a los que se permite ocupar viviendas públicas.
Esto ha dado lugar a la presentación de dos conflictos colectivos, uno en 2022 -que se retiró tras alcanzarse ciertos compromisos- y otro en 2024 -ante el incumplimiento de estos compromisos-.