El 71% de los abogados ha sufrido maltrato o restricciones en el ejercicio del derecho a la defensa
Según el ICAM, el año pasado hubo cifras récord de solicitudes de amparo, que aumentaron un 123%, al pasar de 13 a 29 solicitudes
Los casos de maltrato y de restricciones en el ejercicio del derecho de defensa hacia los abogados afectan al 71% de los abogados. A pesar de ello, más de la mitad de los afectados (61%) ha optado por no emprender ninguna medida. De acuerdo con el “I Estudio integral sobre la situación de la abogacía madrileña” llevado a cabo por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Desde 2023 se han disparado las solicitudes de amparo respecto a 2022: son un 123% más, pasando de 13 a 29 solicitudes. A la par, han aumentado los amparos concedidos un 166% más, con un total de ocho aprobados en 2023 frente a los tres del año anterior.
De hecho, la Junta de Gobierno del ICAM ha concedido, en la reunión mantenida este miércoles, amparo colegial a siete colegiados que denunciaron vulneraciones de su derecho de defensa, siendo el mayor número de amparos concedidos en una sola sesión. Entre los casos destacados, se encuentran varios relacionados con actuaciones abusivas de agentes policiales y acoso por parte de clientes.
Uno de los amparos fue concedido a un abogado sancionado injustificadamente por la Guardia Civil, quien denunció insultos y amenazas mientras asistía a un menor. Otro caso involucró a un abogado que fue objeto de acoso constante por parte de un cliente, incluyendo amenazas y campañas de desprestigio en internet. Ambos amparos subrayan la importancia de proteger la independencia y dignidad profesional de los abogados.
La Junta de Gobierno del ICAM también ha amparado a una abogada sancionada por la Policía Nacional en una céntrica comisaría madrileña y a otra que enfrentó un expediente sancionador injustificado en una de otro distrito. Además, se otorgó amparo a una abogada que denunció extralimitaciones por parte de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional.
De los ocho amparos sometidos a consideración de la Junta de Gobierno, solo uno no ha sido aceptado por entender que no concurren los presupuestos normativos, al tratarse de una cuestión particular del solicitante y todavía sub iudice.
Para el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, “estos acuerdos refuerzan el compromiso de esta Junta con la protección de la dignidad, independencia y libertad de los profesionales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas”. Por su parte, Javier Mata, Diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, recuerda que "el amparo colegial no solo protege al profesional del derecho; su objetivo final es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, que es fundamental y constitucional".