El Gobierno de La Rioja llevará a los tribunales a Ghali, líder del Polisario, para cobrar la factura del hospital
Acuerda judicializar la reclamación de 45.658 euros tras localizar un domicilio en Madrid del jefe del Frente Polisario
El Gobierno de La Rioja ha decidido llevar a Brahim Ghali a los tribunales para que abone la factura de 45.658 euros que, como ha adelantado LA RAZÓN, todavía no ha pagado por los 44 días que permaneció hospitalizado en el hospital San Pedro de Logroño en 2021 con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar al líder del Frente Polisario de una grave neumonía causada por la Covid-19.
Así lo ha confirmado a este periódico el portavoz del Gobierno de Gonzalo Capellán, y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, quien asegura que "se ha localizado un domicilio en Madrid" de Ghali y se ha decidido en consecuencia "interponer una reclamación judicial para el cobro de la deuda" en la jurisdicción civil. "Tenemos la obligación de cobrar esa deuda", afirma Domínguez, que añade con este paso -que se llevará a cabo previsiblemente en los juzgados de Logroño- "contaremos además con el auxilio judicial" para lograr el objetivo de restituir a las arcas públicas una deuda que el Gobierno socialista de Concha Andreu se negó a judicializar.
"Pasó año y medio hasta que se emitió la factura correcta", recuerda el portavoz de Ejecutivo riojano, que tras esa "inacción" de la anterior Administración hace hincapié en que "es una deuda que tenemos derecho a reclamar, porque recibió una asistencia sanitaria a la que no tenía derecho y asumió por escrito el pago de esos servicios médicos".
La hospitalización en nuestro país del líder del Frente Polisario provocó la imputación de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos a la que Pedro Sánchez dio carpetazo con su inesperado giro respecto al Sáhara, abriendo al mismo tiempo un nuevo frente con Argelia que aún no se ha cerrado.
El Gobierno de La Rioja dejó la reclamación en manos de sus servicios jurídicos en marzo del pasado año después de que el Gobierno de Concha Andreu se negase a precisar el importe de la factura al juez que investigó durante un año una posible prevaricación y falsedad documental en la entrada y posterior ingreso de Ghali en el hospital, una causa que la Audiencia de Zaragoza le obligó finalmente a archivar. La Administración autonómica esgrimió la «intimidad» de Brahim Ghali y la ley de protección de datos para no facilitar esos datos al juez Rafael Lasala.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también intentó averiguar el coste de la hospitalización de Ghali, pero hasta en cuatro ocasiones sus esfuerzos fueron estériles. Hubo que esperar hasta que el PP llegó al Ejecutivo regional para que el Servicio Riojano de Salud desvelase el coste del ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario entre el 18 de abril, cuando aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza, y el 1 de junio de 2021, cuando regresó a Argelia en un avión medicalizado que despegó de madrugada del aeropuerto de Pamplona tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por dos causas que entonces tenía abiertas por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal.
El 7 de julio de 2021 se emitió una primera factura a nombre de Mohamed Benbatouche, el nombre falso que facilitó al formalizar su ingreso en el hospital San Pedro de Logroño. Posteriormente, el 2 de septiembre, se remitió por primera vez la factura a los Servicios Jurídicos de la Administración riojana, que constataron que la persona que recibió esa atención médica (con ingreso en la UCI incluido) no respondía "al nombre que consta en la factura".
Se formalizó, por tanto, una segunda factura en diciembre de 2022, una vez se consiguió dar con su supuesto domicilio. Pero los intentos de cobro resultadon de nuevo infructuosos, por lo que en marzo del pasado año la factura volvió a manos del departamento jurídico para impulsar "las actuaciones tendentes a reclamar el cobro de la misma".