Yolanda Díaz recrudece su guerra contra Garamendi y la CEOE: "Dejen de inmiscuirse en la acción del Gobierno para que vuelva a gobernar el PP"
El presidente de la CEOE cargó contra la ministra de Trabajo de no negociar en el diálogo social y aprobar sus reformas por decreto. "Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", dijo
La guerra entre Yolanda Díaz y la Antonio Garamendi coge velocidad de crucero y sube el tono a medida que la CEOE se descuelga de cualquier acuerdo impulsado por la ministra de Trabajo. Hoy sin ir más lejos, Díaz ha aprovechado la presentación en el Congreso del decreto de reforma del subsidio por desempleo para acusar al presidente de la patronal de "inmiscuirse directamente en la acción pública del Gobierno" y "casi auspiciar la caída del Ejecutivo para que vuelva a gobernar el PP de Alberto Núñez Feijóo".
Díaz respondía así a las declaraciones de Garamendi en las que advertía que reclamará revertir "cualquier modificación de la jornada laboral" cuando se produzca un cambio de Gobierno en caso de que el Ministerio de Trabajo pase por encima de las empresas y apruebe la Ley de desempleo sin contar con la patronal. "No puedo negarle a la ministra la facultad de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que sí tengo es la libertad y la capacidad de decir que a mí eso no me parece diálogo social. Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", dijo.
A raíz de estas palabras, Díaz ha advertido al dirigente empresarial que sea "cauteloso" porque la política "se dirime en el Congreso de los Diputados", al tiempo que le ha reclamado" que sea leal con su papel institucional en la mesa de diálogo social y que alguien, cuando quiere dedicarse a la política, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones. Sería conveniente separar la política del papel institucional de los agentes sociales", ha subrayado la vicepresidenta segunda, antes de reiterar que "sus palabras no fueron relativas a la mejora de los derechos empresariales o laborales, sino que se inmiscuyó directamente en la acción pública del Gobierno llegando a decir además que casi auspiciaba, como hace el señor Feijóo, que este Gobierno caiga y que venga el Partido Popular a gobernar. Le pido lealtad, respeto institucional y que no distorsione".
La ministra también ha recordado los 20 acuerdos de diálogo social firmados -sin especificar los que ha firmado sólo con los sindicatos, que han sido la mayoría desde la reforma laboral de 2020- y las cuatro mesas de diálogo social abiertas esta legislatura, de las que ya se han cerrado dos, la última de ellas, la de las medidas planificadas contra el acoso laboral del colectivo LGTBI, "con acuerdo tripartito". También ha asegurado que la reforma del subsidio, que no ha sido acordado con la CEOE, sí que recoge "aportaciones importantes la propia patronal".
Esa ha sido la única concesión agradable que ha estado dispuesta a hacer la ministra, tras agradecer a la patronal sus aportaciones. Díaz ha dado las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, "por estos meses largos de trabajo. Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma", y ha citado especialmente la mejora de la compatibilidad del subsidio y la prestación por desempleo con una actividad laboral, así como sus aportaciones en el nuevo diseño del subsidio para mujeres víctimas de violencia machista.
El Congreso de los Diputados ha convalidado, sin ningún voto en contra, el real decreto por el que se reforma el subsidio por desempleo, después de que Podemos haya mostrado su apoyo al texto que rechazó en enero junto al PP y Vox y que, entre otras medidas, incrementa hasta en 90 euros al mes esta prestación durante los seis primeros meses de percepción y amplía los colectivos protegidos. La reforma es un hito del Plan de Recuperación ligado al cuarto desembolso de los fondos europeos, cuyo plazo no pudo cumplir el Gobierno, lo que hizo que la Comisión Europea tuviera que ampliar dos meses dicho período.
Se trata del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. Además de la transposición de la citada directiva, el decreto contiene también la superioridad aplicativa de los convenios colectivos autonómicos cuando las condiciones sean mejores que la de los estatales. Esta era una reivindicación del PNV a cambio de su apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tanto sindicatos como patronal han criticado que esta última medida se haya adoptado sin diálogo social.