Las vacaciones más caras y con la “turismofobia” al acecho
Una semana de alquiler en la playa cuesta 1.160 euros de media, un 10% más que en 2023 y casi el doble que hace 10 años. Pese a ello, los pisos turísticos siguen proliferando en pleno auge de protestas e intentos regulatorios
Si el verano 2023 ya se convirtió en el más caro de la historia, la temporada estival de 2024 batirá nuevos máximos para coronarse como las vacaciones menos accesibles de todos los tiempos. Veranear en la costa alquilando un piso turístico, una costumbre que habían adoptado miles de familias en las últimas décadas a cambio de un moderado esfuerzo económico, ahora es un lujo al alcance de menos. Sólo hay dos opciones: asumir el sablazo, tirar de ahorros o incluso de un préstamo, o reducir las vacaciones al mínimo, elegir destinos menos populares, contener el gasto en bares y restaurantes y competir durante meses con otros miles de interesados por la mejor oferta del verano. Incluso aplicando esta receta de ahorro, los hogares tendrán que desembolsar un 76% más que hace 10 años para alquilar un apartamento en la costa, según datos de pisos.com, y un 10% más que en 2023, según Tecnitasa, con un coste que en los destinos más caros puede superar los 3.000 euros a la semana.
Alquilar un apartamento en primera línea de playa supondrá este verano desembolsar 1.160 euros semanales de media frente a los 1.055 euros del año pasado, según el informe de Grupo Tecnitasa sobre los precios del alquiler semanal en la primera línea de playa de las principales zonas de costa españolas en agosto. Con estos precios, la quincena costará 2.320 euros y el mes completo ascenderá a la friolera de 4.640 euros de media. El encarecimiento del 10% respecto a 2023 asciende a 105 euros más a la semana y supera con creces el alza de precios que experimentaron los alquileres turísticos en la costa el año pasado, del 3,75%. Si echamos la vista más atrás y comparamos con los precios del año de la pandemia, el verano 2020, marcado por los aforos en las playas, la separación entre bañistas y la obligación de llevar mascarillas, la diferencia es abismal: se pagaba 826 euros de media semanal, un 40% menos que ahora. Según Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa, el incremento en los últimos tres años es de alrededor de un 25%.
“Los precios están prohibitivos. Con el dinero que he gastado yo en una semana, pagaban mis padres casi todo un mes en Algeciras”. Marta, de 27 años, ha desembolsado 1.500 euros por una semana en un piso costero de Cádiz, en concreto, en Zahara de los Atunes. Tras más de 20 años veraneando en las costas de Cádiz, primero con su familia y ahora con amigos y pareja, puede constatar un incremento desorbitado de los precios. “Antes si lo cogías con tiempo o en el mes de septiembre encontrabas alquileres bastante económicos. Ahora da igual. Está todo disparado independientemente de cuando lo cojas”, asegura.
“Teniendo mejor nivel de vida que el que tenían mis padres en ese momento no me puedo permitir pasar más de una semana allí. Ojalá pudiera más, pero es que es imposible”, lamenta. Ante esta situación, toca apretarse el cinturón como sea. “Es una casa para dos personas, pero como tiene un sofá-cama va a venir otra pareja y así nos sale más barato”, apunta. A estas cantidades hay que sumarle además el gasto en comida, ocio y transporte. “Nosotros tiramos mucho de comer en casa y aún así 500 euros por pareja no te los quita nada”, explica.
En consecuencia, la elección de destino en muchos casos se ve supeditada al precio. En los destinos más demandados, y también los más caros, como Santanyi, Ibiza y Pollens (Islas Baleares) o Puerto Banús (Marbella, Málaga), un alquiler en la costa supera los 3.000 euros a la semana y le siguen muy de cerca Isla da Toja, en Pontevedra, con un coste de 2.900 euros. Los hogares con un presupuesto más humilde pueden encontrar gangas a 550 euros en Moncófar y Vinaroz (Castellón), aunque ojo, sólo si reservan con tiempo, porque los rezagados lo tendrán muy difícil para encontrar algo de última hora y, mucho menos, a buen precio, advierten desde Tecnitasa.
Sorprende que una comunidad autónoma como Cantabria, que en principio no era de las más demandadas, sea de las que más incrementan sus precios por encima del 12%. En la playa de Comillas, por 70 metros cuadrados se están pagando casi 1.900 euros a la semana; en la Playa de la Concha, en Suances, por 10 metros cuadrados menos, 1.700 euros; y en Laredo y Santoña, sobre los 1.400 euros, por unos 70 m2. En una línea similar está Lugo. El año pasado, en los precios más económicos, había apartamentos por 350 o 450 euros semanales y en 2024 ya no se encuentra nada por debajo de los 550 euros. Otra de las comunidades que más está incrementando precios son las Islas Canarias, tanto en Gran Canaria como en la Isla de Tenerife, donde se aprecia en localidades muy turísticas como Adeje, Mogán, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz o la misma capital de Las Palmas de Gran Canaria, unas subidas de precio con respecto al verano pasado de 300 euros más en apartamentos de 35, 40 y 50 m2.
“El incremento del precio del alquiler, en más de seis puntos este año, para veranear en primera línea de playa, es debido a que la demanda, tanto nacional como extranjera, se mantiene muy fuerte, y supone que esté casi todo reservado desde hace meses”, explica José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa. “Veranear cada vez es menos accesible, no sólo por el precio, sino porque todo está cada vez más masificado. Antes iba a playas de Zahara de los Atunes que estaban vacías todo agosto, que apenas se conocían, y ahora es imposible ir o tienes que madrugar mucho para coger hueco, porque se llenan hasta no poder estar allí”, explica en este sentido Marta. A ella no le queda otro remedio que alquilar en agosto, en plena temporada alta, porque su empresa cierra durante la primera quincena del mes. “Si no, sin duda hubiera optado por la segunda quincena de septiembre para intentar ahorrar y evitar la masificación”, añade.
En los últimos meses, ha proliferado la hostilidad contra el turismo de masas en destinos como las Islas Canarias y las Baleares, donde se han producido recientemente protestas por su impacto negativo en la vivienda y el medio ambiente. Las críticas contra “los malos turistas” se han extendido a otras regiones como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Cantabria, entre otras, y ponen en el disparadero a un sector que se defiende por su peso para la economía española y que culpa del boom de la turismofobia a la proliferación descontrolada de pisos turísticos.
Su menor coste, comodidad y el trasvase sufrido desde el alquiler residencial por los topes de precios de Ley de Vivienda han impulsado la cifra de arrendamientos turísticos hasta nuevos máximos. Según datos trasladados por Exceltur a partir de análisis realizados por AirDNA, en el primer trimestre de 2024, las 25 principales ciudades de España alcanzaban las 287.000 plazas de alquileres turísticos, un 25% más que en 2023 y un 11% más que en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, cuando se registra el anterior máximo. Por ello, desde Exceltur urgen al Gobierno a tomar medidas inmediatas para poner coto a los pisos turísticos, ya que impactan en la habitabilidad de las ciudades y dañan la imagen del sector. "Hay que contener el desmadre que ha habido", alertaba este martes Gabriel Escarrer, presidente de la patronal turística Exceltur y CEO de la hotelera Meliá Hotels International. “El modelo actual de los pisos turísticos no es el modelo que queremos en España", resaltó.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió esta semana con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se planteó modificar de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A nivel local, en Barcelona el alcalde Jaume Collboni ha tomado la decisión de no renovar las licencias y que desaparezcan las 10.000 viviendas turísticas en un plazo de cuatro años y el ayuntamiento de la Ciudad Condal también aprobó este semana subir de 3,25 euros hasta los 4 euros (el máximo posible) la tasa turística para todas las modalidades de alojamiento.
En Madrid, la concejala del Ayuntamiento en representación de Más Madrid Rita Mestre, ha propuesto imponer una tasa de tres euros a los turistas que duerman en Madrid con la que se recaudarían 65 millones anuales y se destinarían a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. En Baleares ya se aplica una ecotasa a los alojamientos turísticos y, en base a esta experiencia, Exceltur asegura que la medida no es efectiva para reducir la afluencia de turistas. Siguiendo en las Islas Baleares, en Palma, el Ayuntamiento de la capital balear propuso en mayo prohibir las nuevas viviendas de alquiler turístico y limitar los cruceros y los coches de alquiler.
Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. Asimismo, a principios de junio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió una investigación sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia en diferentes ciudades españolas, una práctica que supondría una infracción de la ley de los consumidores y que podría llegar a ser sancionada con hasta 100.000 euros. Esta misma semana el departamento dirigido por Pablo Bustinduy se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los ayuntamientos que aporten información para intensificar esta investigación y ha planteado introducir el IVA en la actividad de los pisos turísticos y que tributen "como cualquier actividad comercial" para frenar el aumento de la oferta ilegal.
El sector turístico, pilar de la economía
Durante 2023, 85,1 millones de turistas extranjeros visitaron España, un nuevo récord, y gastaron 108.662 millones de euros. Según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el turismo contribuirá con casi 225.000 millones de euros al PIB español en 2024, un 12,1% más si se compara con los niveles máximos que se alcanzaron hace cinco años, antes de la pandemia, y representará el 15,2% de la economía nacional. Además, calcula que agrupará alrededor de tres millones de trabajadores, lo que supone el 14% del mercado de trabajo en España.