Begoña Gómez podrá acceder a los juzgados por el garaje, como pidió Presidencia del Gobierno
El Decanato de Plaza de Castilla acuerda la medida que solicitó Moncloa el lunes esgrimiendo razones de "seguridad" y para evitar incidentes
Begoña Gómez podrá acceder a los juzgados de Plaza de Castilla, donde mañana declara como investigada, por el garaje, y no por la puerta principal, como suele ser habitual, tal y como había solicitado Moncloa "atendiendo a razones de seguridad y para prevenir así cualquier incidente de inseguridad a la entrada de los juzgados".
Así lo ha acordado la decana de los juzgados madrileños, la magistrada María Jesús del Barco, en un acuerdo gubernativo en el que accede a la petición efectuada María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que el pasado lunes solicitó a la decana que pudiese entrar en la sede judicial por la puerta trasera, evitando así el "paseíllo" ante los numerosos medios de comunicación que se espera se concentren para su comparecencia.
En la resolución en la que acuerda la medida, la magistrada señala que puesto que la solicitud de Moncloa no especificaba los "motivos o razones concretas para adoptar estas prevenciones", se requirió a la directora de Seguridad de Presidencia del Gobierno "para que ampliara su informe" para que precisara aquellas circunstancias que, según su criterio, "pudieran poner en riesgo la integridad física de Begoña Gómez", más allá de "valoraciones genéricas".
Al mismo tiempo, se pidió a la empresa Secoex, encargada de la seguridad de los juzgados, que determinase si era posible garantizar la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno en el interior de la sede judicial. A lo que esta contestó que en los últimos años han pasado por el edificio "un alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, varios políticos nacionales, grandes empresarios, banqueros, deportistas famosos, etc," sin que ninguna de ellos haya tenido "una sola queja referida a la seguridad".
Según indicaba el responsable de seguridad de esta empresa, el dispositivo previsto incluye la presencia de cuatro vigilantes para "controlar" el juzgado de Juan Carlos Peinado, en cuya sala de vistas declarará Begoña Gómez, y antes de su llegada "se inspeccionará de forma minuciosa toda la zona, tanto a la entrada del edificio como dentro", estando él mismo pendiente en todo momento de que "no suceda ningún inconveniente que afecte a la seguridad del edificio". En conclusión, no apreciaba "ningún impedimento en garantizar la seguridad del edificio" y de "las personas que se encuentren dentro de él".
Ayer mismo, desde Presidencia del Gobierno se indicó a la decana que con la medida solicitada se trata de "prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de Begoña Gómez y evitar circunstancias que los favoreciesen pues, efectivamente, se ha constatado que dichos hechos podrían producirse", según detalla en un escrito adjunto incorporado al expediente "y que aquí se omiten por motivos obvios". En definitiva, comunica a la magistrada que con motivo de la comparecencia se organizará un dispositivo de seguridad "que le acompañará en la entrada, accesos y estancia en el edificio" y para ejecutarlo se "propone" la entrada del garaje "como vía de acceso más adecuada para garantizar tanto su seguridad como el empleo de medios humanos y materiales de seguridad proporcionados".
La decana recuerda que el acceso debe realizarse "con carácter general por las entradas comunes", aunque se trata de personas que "por su relevancia pública o por el interés mediático del procedimiento en el que comparecen solicitan su acceso por un lugar diferente, "debe existir una justificación que excepcione la regla general que afecta a todos los ciudadanos, como la posible existencia de un riesgo para la seguridad, la vida o integridad física de estas personas".
Esta ha sido siempre, subraya, "la motivación de todas las resoluciones dictadas por esta decana ante idénticas solicitudes", basadas únicamente "en el criterio objetivo del riesgo que pudiera existir para la persona que solicita este acceso diferente" y tratando de "amparar y proteger el derecho fundamental a la libertad de información" -añade- a través de "la labor que los medios de comunicación desempeñan en una sociedad democrática, esencial para que los ciudadanos recibamos una información veraz y plural".
Pero en este caso, concluye, "tal y como resulta del informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez por los motivos que se explican en el mismo", por lo que entiende que "si debe ser amparado y protegido el derecho fundamental a la libertad de información, mayor protección y amparo merece el derecho a la integridad física de cualquier persona". Sin que eso suponga, precisa, "una privación de ese derecho a la información, pues se permitirá la entrada a la sede judicial de los medios de comunicación para que puedan cumplir su labor informativa".
En definitiva, la decana acuerda que Begoña Gómez "acceda a la sede judicial de Plaza de Castilla por el garaje para prestar declaración" ante el Juzgado de Instrucción número 41 y que los medios de comunicación puedan acceder al distribuidor de la sexta planta, en la que se encuentra el citado juzgado, aunque limitándose su presencia a tres agencias de noticias, "que podrán distribuir a otros medios la información recabada" y a otros tres periodistas "que seleccionarán los profesionales acreditados".
Eso sí, deja claro que cualquier medida de protección de Begoña Gómez desde su entrada y durante permanencia en el edificio deberá realizarse "en coordinación y colaboración" entre la empresa de seguridad adscrita a los juzgados y el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
Asimismo, la magistrada indica que se cause "el menor perjuicio posible" al resto de actuaciones procesales que se puedan estar practicando en los juzgados de instrucción de la misma planta, así como del resto del edificio judicial.
La decisión de la decana puede recurrirse en alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mediante el correspondiente recurso de revisión en los casos legalmente establecidos.