Ocho de cada diez españoles vive en una comunidad de propietarios. Y es que cada vez es más habitual que las personas se decanten por residir en uno de estos inmuebles integrados en un edificio al tener una mayor seguridad o servicios. No obstante, la convivencia no siempre es fácil, por lo que al vivir en estos edificios, debe existir una figura que asuma una serie de obligaciones y responsabilidades para el buen funcionamiento de la comunidad y evitar posibles conflictos entre los vecinos.
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece en su artículo 13 que los órganos de gobierno de una comunidad de propietarios son el presidente, los vicepresidentes, el secretario y el administrador.
"El cargo de administrador y, en su caso, el de secretario-administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones", explica la vigente normativa. Pero, ¿es esta figura es obligatoria?
"La figura del administrador, aunque recomendada, no es estrictamente obligatoria en todos los casos", explican desde la plataforma de servicios relacionados con la vivienda, Housfy. Por tanto, si la comunidad de propietarios no designa un administrador, sus funciones administrativas pueden ser asumidas por el presidente, siempre y cuando se acuerde en una junta de propietarios. Esto es algo habitual en aquellas comunidades pequeñas donde la carga de trabajo no justifica la contratación de un administrador profesional.
Ventajas de contratar a un administrador de fincas
A pesar de que esta figura no es obligatoria en una comunidad de propietarios, desde Housfy aseguran que contar con un administrador puede suponer varias ventajas "significativas":
Conocimiento legal: el administrador es conocedor de las leyes y regulaciones que afectan a las comunidades de propietarios, lo que puede garantizar que estas cumplan con todas las normativas y eviten problemas legales.
Acceso a recursos y redes: la plataforma explica que los "administradores de fincas suelen tener una red de contactos y recursos que pueden ser beneficiosos para la comunidad" como abogados o profesionales del sector inmobiliario, entre otros.
Resolución de conflictos: esta figura también puede actuar como intermediaria en la resolución de conflictos entre vecinos con el objetivo de que reine la armonía en la comunidad.
Transparencia y control financiero: el administrador llevará una contabilidad "clara y detallada" que ayudará, en un futuro, a planificar y presupuestar proyectos de la comunidad.
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