El Tribunal de Cuentas paraliza la redacción de la sentencia que estaba preparando para juzgar la responsabilidad contable de los líderes independentistas en el 1-O. La consejera del órgano de fiscalización, Elena Herráez, ha elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europe (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a la causa. Según considera
El órgano considera que el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del "procés" por el que se encuentran encausadas 35 personas afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. De facto, el TJUE va a tener que pronunciarse sobre la legalidad de la amnistía y como primera consecuencia, queda paralizada la sentencia sobre la responsabilidad económica de los líderes del 1-0 hasta "la resolución del incidente prejudicial", según el auto al que ha tenido acceso Ep.
Fue el pasado mes de junio cuando la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento preguntó a Fiscalía y defensas si elevaba esta cuestión. Entonces, explicó que podría consultar al TJUE en relación con una serie de artículos de la ley de amnistía "que podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea". En este sentido, precisó que los preceptos por los que podría plantear una cuestión prejudicial son los relativos a la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", al "principio de cooperación leal", a los "principios de igualdad y de no discriminación" y a los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima" y al "principio del Estado de Derecho".
Según la consejera encargada del procedimiento que afecta al expresident catalán, Carles Puigdemont, y a una treintena de ex altoscargos, subraya en su acto que es "muy difícil conciliar" la Ley de Amnistía con la "prevención de la impunidad de fraude y la corrupción" que persigue el derecho de la UE.
El Tribunal de Cuentas es la primea instancia que decide acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la Ley de Amnsitía y sucede después de que la pasada semana el Tribunal Supremo decidiera llevar la ley al Tribunal Constitucional al considerar que ésta vulnera la Constitución.
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