Starmer convierte la lucha contra los indocumentados en su prioridad
El Gobierno de Keir Starmer ha convertido la lucha contra los inmigrantes ilegales en su prioridad tras los recientes disturbios de la extrema derecha, avivados por el descontento con la llegada masiva de indocumentados. La ministra de Interior, Yvette Cooper, anunció este miércoles cien nuevos agentes especializados en la lucha contra las mafias de tráfico de personas de un total de mil que quieren reclutar y que se integran a la Agencia Nacional del Crimen (NCA), centrada en la lucha contra el crimen organizado.
Estos agentes serán destinados a localizaciones europeas y trabajarán con la Europol. Se integrarán en el futuro Comando de Seguridad Fronteriza, que reunirá a la NCA, a la guardia de control de frontera y al MI-5 (los servicios secretos internos británicos). Serán financiados con los 90 millones de euros que costaba el plan de deportación a Ruanda del anterior Gobierno, cancelado por Starmer.
Cooper también anunció la reapertura de dos centros de detención de inmigrantes incrementando en 290 plazas la capacidad. Actualmente hay 2.300 huecos. La mayoría de los solicitantes de asilo esperan en pisos compartidos y hoteles, objetivo de los activistas de extrema derecha durante los disturbios.
La ministra ha incrementado las penas a empresas que contratan a ilegales con multas de 70.000 euros por trabajador, cinco años de cárcel y cierre de la empresa. Y ha prometido la deportación de 14.000 sin papeles a sus países de origen en los próximos seis meses. Por tanto, su estrategia es colaboración internacional, deportaciones y ampliación de los centros de detención.
Cooper destacó que desde que llegaron al poder los laboristas el pasado 5 de julio y anunciaron su plan han entrado en barcaza (el equivalente a la patera) 5.720 ilegales, 14% menos que el año anterior en el mismo periodo. En lo que llevamos de año ya han entrado de forma irregular 18.467, en comparación a los 24.898 en España. En 2023, entraron en Reino Unido 29.437 ilegales (33% menos que en 2022) y 59.852 en España.
La inmigración ilegal se disparó en Reino Unido después de la implementación del Brexit. Antes del Brexit llegaban unos 800. Después, se multiplicaron hasta los 45.774 de 2022. Según la Cruz Roja, vienen porque entienden el idioma y tienen familiares aquí. Muchos están perseguidos en sus países y se encomiendan a mafias. La Cruz Roja pide corredores seguros para evitar las zarpas mafiosas como hicieron con hongkoneses, afganos y ucranianos.
Otro factor importante es que, al salir de la Unión Europea en 2020, también se salieron de la Convención de Dublín (ahora Regulación de Dirección de Migración y Asilo-AMMR), que les permitía devolver a los ilegales a los países europeos de procedencia, principalmente Francia. En estos momentos tienen acuerdos de devolución con Vietnam, Bangladesh, India, Pakistán, Nigeria, Serbia, Georgia y Albania. Starmer quiere mejorar las relaciones con la UE, que no acepta acuerdos individuales sino con el bloque. Desde julio ya ha habido nueve vuelos con deportaciones, incluido uno fletado con 200 ilegales.
Una vida en el limbo
Para entender la magnitud del problema, se estima que hay entre 800.000 y 1,2 millones de personas indocumentadas en Reino Unido, según el Consejo para el Bienestar de los Inmigrantes (JCWI), una proporción mayor que en países como Francia o España, donde hay más vías de regularización.
En Reino Unido no hay regularizaciones masivas. La comunidad de indocumentados está más asentada, por ejemplo, que la europea. Más de la mitad ha vivido aquí desde hace cinco o diez años, algunos incluso desde hace quince. Una cuarta parte (215.000) son niños y, de estos, la mitad nacieron en Reino Unido y van a la escuela aquí. Pero los pueden deportar cuando cumplan los 18. Algunos crean sus propias familias con ingleses y viven en el limbo, bajo la amenaza constante de ser expulsados.
El año pasado hubo 67.337 peticiones de asilo (para 84.425 solicitantes) en el Reino Unido, que es el quinto país europeo en peticiones después de Alemania, Francia y España. Mientras que, en número de solicitantes per cápita, Reino Unido ocupa el vigésimo puesto, España el décimo y Chipre, el primero.
Los principales solicitantes son afganos, iranís, pakistaníes, indios y bengalíes. Solo al 63% se les da asilo y se convierten en refugiados. Cooper ha reforzado también el personal para acelerar los trámites. Los conservadores dicen que todas estas medidas están bien pero no serán suficientes. La derecha populista de Nigel Farage y la extrema derecha están expectantes del éxito del plan de Starmer para sacar rédito político.