Los campos de deportación de Meloni suman apoyos en la UE
Una vez más, el debate sobre la inmigración ha incendiado una cumbre europea. Los Veintisiete parecen decididos a endurecer la legislación vigente como modo de luchar contra la inmigración ilegal, pero no hay consenso sobre las recetas apropiadas. Quizás el que mejor haya sabido resumirlo es el líder de ultraderecha Geert Wilders. “Un nuevo viento está soplando en Europa”, ha asegurado el ganador de las últimas elecciones en Países Bajos que finalmente no pudo convertirse en primer ministro.
Este encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno ha estado protagonizado por un nombre propio: la primera ministra Giorgia Meloni. A la mañana, la política italiana ha organizado una mini cumbre previa a la que ha acudido la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Finalmente, los países participantes han sido Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Austria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Malta y Eslovaquia. Ni Francia, ni Alemania ni España se han apuntado a esta cita en la que Meloni ha explicado el plan italiano de transferencia de demandantes de asilo a centros de Albania desde los que poner en marcha posibles deportaciones.
Aunque Bruselas calificaba hasta hace poco estas iniciativas como ilegales y fuentes diplomáticas reconocen también problemas logísticos, este pasado lunes Von der Leyen pareció bendecir esta propuesta. En una misiva dirigida a los Veintisiete antes de la cumbre, la política alemana instó a las capitales europeas a poner en marcha “soluciones innovadoras” para hacer frente a la inmigración ilegal y pidió “extraer lecciones” de los centros puestos en marcha por Italia en un país tercero.
En el texto de conclusiones de la cumbre, no se hacía alusión explícita al plan de Meloni, pero se abre la puerta “a nuevas maneras de evitar y contrarrestar La inmigración irregular en línea con la legislación europea o internacional”.
Berlín, sin embargo, mira con suspicacia este plan. Más por cuestiones logísticas y prácticas que por el debate moral. “Está claro que, cuando se miran las cifras representan algunas gotas ( en el océano) , no son realmente una solución para un país tan grande como Alemania”, ha declarado el canciller Olaf Scholz.
A pesar de esto, Berlín sí está a favor de aumentar las repatriaciones de los inmigrantes ilegales. En una carta de 14 países redactada hace unas semanas pidió al Ejecutivo comunitario una nueva regulación sobre los retornos de los inmigrantes ilegales al entender que la directiva de 2008 está obsoleta. Según ha recordado el canciller, el pasado año llegaron unos 300.000 migrantes de manera irregular a Alemania, pero en un centro de deportación apenas se podrían albergar entre 1.000 y 2.000 personas. “Los delincuentes deben ser devueltos. Debemos hacer la inmigración posible, dar protección a aquellos que lo necesitan, pero no todo el mundo puede venir”, ha asegurado.
España se desmarca de la iniciativa de Meloni y considera que la principal premisa debe ser evitar las llegadas de migrantes irregulares. Por eso, apuesta por seguir firmando acuerdos con terceros países para que controlen en origen los flujos migratorios. Además, nuestro país aboga por adelantar la legislación aprobada hace unos meses y cuya entrada en vigor estaba prevista en dos años. Una exigencia que comparte con Francia y Alemania, pero a la que se oponen los países del Este que votaron en contra de esta normativa al considerar que se quedaba corta para la situación actual.
El primer ministro checo, Pert Fiala, considera que este pacto se quedó “ a mitad de camino. “Ahora estamos hablando sobre cosas que solían ser un tabú. La política de retornos no está funcionando. El número de personas que son deportadas son solo un 20% y esto tiene que cambiar”, ha asegurado. Para el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, las expulsiones de migrantes irregulares “ son el eslabón perdido” de la política migratoria y es necesario “pensar fuera de lo establecido”.
En la reforma del sistema de asilo acordada hace pocos meses y que todavía no ha entrado en vigor, los Veintisiete pactaron por poner en marcha este tipo de centros en las inmediaciones de las fronteras europeas, como “salas de espera”, según la expresión utilizaba por fuentes diplomáticas comunitarias. En ningún momento plantearon que las demandas de asilo pudieran tramitarse desde países fuera del club comunitario y proceder desde allí también a las expulsiones, a pesar de que Reino Unido había aprobado por las mismas fechas una regulación para deportar a los inmigrantes ilegales desde Ruanda.
Resulta evidente que la aprobación de la reforma del pacto de migración y asilo tras seis años de largas negociaciones no ha conseguido calmar las aguas. El nuevo Gobierno de ultraderecha de Países Bajos ha pedido negociar un "opt-out" (cláusula de exclusión) que le permita no cumplir con la normativa europea en materia de asilo y Hungría está dispuesta a seguir sus pasos, si bien esto implicaría una revisión de los tratados. Tras la salida de Reino Unido del club comunitario, tan solo Dinamarca disfruta de esta posibilidad. Además, La Haya ha comenzado también a plantearse enviar a Uganda a los demandantes de asilo.
Polonia también ha anunciado la suspensión de derecho de asilo ante las llegadas de inmigrantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, al entender que este aumento de llegadas suponen una “amenaza híbrida”. Finlandia ya dio este paso hace meses por la misma situación.