La alternativa al «chantaje»: los mismos créditos extraordinarios que aprueba cada martes el Gobierno

«Tenemos que encontrar los vehículos más eficaces, en el marco de los presupuestos, para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz [a la catástrofe]. La vinculación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha establecido entre las ayudas a las víctimas de la DANA y la aprobación de unos nuevos presupuestos generales del Estado (PGE) no se sostiene ajustándonos a la realidad de las posibilidades legislativas, y más si se atiende al historial de este Gobierno en el uso del fondo de contingencia y en la aprobación de créditos extraordinarios.

Ni siquiera sería necesario utilizar la fórmula del real decreto, que Moncloa ha usado con mucha frecuencia para sortear su precariedad parlamentaria y que en este caso, además, tendría la ventaja de que ningún grupo se opondría a las medidas de apoyo a las víctimas valencianas. Salvo que el Ejecutivo caiga en la tentación, insinuada ayer por el presidente Sánchez, de utilizarlas de escudo para aprobar otras iniciativas, como los presupuestos, vinculadas directamente a la continuidad de la legislatura y a intereses, por tanto, de partido.

Las ayudas a las víctimas de la DANA pueden salir adelante con la máxima diligencia simplemente con la decisión del Consejo de Ministros de aprobar créditos extraordinarios y transferencias. El artículo 55 de la ley General Tributaria, que regula los créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado, establece que «cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto».

La financiación de estos créditos se realizará mediante baja en los créditos del fondo de contingencia, o en otros no financieros que se consideren adecuados, si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto. O con deuda pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza, si la necesidad surgiera en operaciones financieras del presupuesto.

Todos los martes, en las reuniones del Consejo de Ministros, hay modificaciones de crédito. El fondo de contingencia tenía casi 4.000 millones al iniciarse 2024, y hoy le quedan 1.600 millones de euros debido al uso que se ha hecho de la vía reglada en el citado artículo 55. Esas modificaciones de crédito se han aprobado para cuestiones como gastos en publicidad institucional, y también para otras materias de mayor rango como aumentar la inversión en defensa o las partidas destinadas a los programas especiales de armamento. Tema delicado este último para el Gobierno de coalición, porque enfrenta al PSOE con Sumar y con otros socios de izquierdas: esta fórmula les evita sustos y contratiempos en el Parlamento. También mediante este instrumento se produjo el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A principios del pasado octubre, el Gobierno cogió más de 600 millones de euros del fondo de contingencia para garantizar la financiación del IMV, según se reflejó en la referencia del Consejo de Ministros.

Este marco hace difícil digerir las declaraciones que ayer hizo el presidente con la intención de convencer a la ciudadanía de que el plan millonario de ayudas a Valencia tiene que ir vinculado a los presupuestos generales del Estado, encallados por la dificultad de poner de acuerdo a todos sus socios. El Gobierno cada vez tiene más urgencia de ser capaz de aprobarlos, cuesten lo que cuesten, por su creciente debilidad política en el marco de las investigaciones del «caso Koldo» y la que afecta también a la esposa del presidente, a Begoña Gómez.

En su viaje a la India, Sánchez anunció informalmente que esperaba que en las próximas semanas pudiese sacar adelante el techo de gasto, vetado por Junts, y primer paso para la aprobación de unas nuevas cuentas. El partido de Carles Puigdemont ha dejado claro que las negociaciones del techo de gasto y de los presupuestos van por separado, y que en cada una de ellas quieren cobrarse distintos peajes. El techo de gasto podría llegar a salir porque es una vía para que las comunidades aumenten sus respectivos presupuestos y puedan aprobarlos: Junts quiere colgarse esa medalla en Cataluña a pesar de estar fuera de la Generalitat y, a diferencia de ERC, en un oposición frontal contra el Gobierno de Salvador Illa. Los presupuestos son otro obstáculo distinto y hay mucha menos seguridad sobre la capacidad de Moncloa de sacarlos adelante. El Gobierno ha ido retrasando sus propios plazos y ya los deja para marzo-abril.

Por otra parte, las declaraciones de Sánchez en la presentación del paquete de ayudas han servido para que Génova y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ponga algo de sordina a las diferencias que les separan en la gestión de la tragedia. En la dirección popular se quejan de que Mazón no haga caso a sus «consejos», y no solo en lo que tiene que ver con la declaración de emergencia nacional y la renuncia a ostentar el mando. También les costó convencerle, el pasado jueves, de que hiciera la petición formal de que se enviaran todos los efectivos del Ejército disponibles. Ayer, Génova y Generalitat cerraron filas en su oposición a la vinculación de las ayudas por la DANA con los próximos PGE.

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Los socios tampoco «tragan»

El vínculo que el presidente del Gobierno estableció ayer entre la urgencia de aprobar unos nuevos presupuestos y la inmediatez de las ayudas a las víctimas de la riada de Valencia tampoco «cuela» entre los socios de investidura de Pedro Sánchez, de los que depende realmente la aprobación de las nuevas cuentas porque PP y Vox jamás podrán estar del lado del Gobierno en esa votación. Las negociaciones están abiertas desde hace tiempo, y sin que Moncloa firme la lista de exigencias planteadas por los independentistas catalanes y nacionalistas vascos no podrá aspirar a encauzar su proyecto presupuestario. Con independencia de cómo tramite los fondos para las víctimas.