El «reinicio» de la relación entre Reino Unido y la UE prometido por Starmer no llega

Nadie sabía en qué consistía exactamente el «starmismo» cuando el laborista Keir Starmer se mudó en julio a Downing Street, poniendo fin a una era de catorce años de Gobierno conservador. En la antesala de los comicios, al igual que pasó con Tony Blair en 1997, se comparaba la cautela del político al de un hombre cargando un jarrón chino Ming de valor incalculable sobre un suelo muy pulido. El jarrón representaba la gigantesca ventaja que sacaba en las encuestas. Y el miedo a que se le cayera estaba grabado en su rostro. Starmer no quería dar ningún paso en falso.

El problema es que cinco meses después de haber conseguido una aplastante mayoría absoluta, el primer ministro sigue sin mostrar sus cartas. Los críticos hablan de un tecnócrata sin imaginación y sin una gran visión para el país. Lo cierto es que el «starmismo» sigue siendo a día de hoy una incógnita y el tan esperado «reinicio» de las relaciones con la UE tras los turbulentos años del Brexit no llega.

Hace casi una década que Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, pero el histórico divorcio vuelve a estar en la agenda política, ya que Londres y Bruselas deben revisar en 2025 el pacto alcanzado «in extremis» en la Nochebuena de 2020 sobre las nuevas relaciones.

Starmer insiste una y otra vez que «no se trata de volver a entrar en la UE». Pero está claro que quiere suavizar las barreras comerciales. «Quiero asegurarme de que consigamos un mejor trato para la gente», dijo, para que «se sientan mejor, obtengan mejores servicios públicos». En un principio, se creyó que bajo el nuevo Gobierno laboristas se podría negociar un ayer un acuerdo de libre circulación para menores de 30 años a fin de facilitar relaciones comerciales. Pero Starmer se muestra ahora tajante. «La libertad de movimiento es una ‘línea roja’ para nosotros, y no tenemos planes en relación con la libre circulación en ningún nivel», matiza.

Según las filtraciones a la prensa británica, Bruselas se está preparando para «llevar a cabo una negociación dura» y «fijar un precio alto», a cambio de conceder al primer ministro mejores condiciones en defensa, seguridad y comercio. Según el «Financial Times», las «duras líneas rojas» de la UE incluyen «un acuerdo temprano sobre los derechos de pesca» y la aceptación por parte de Londres de la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo (TJE).

Este último es un tema sumamente delicado en Westminster, ya que el núcleo duro de la oposición conservadora y el partido Reform UK del populista Nigel Farage cada vez más popular en las encuestas, piden salir del TJE después de que el tribunal paralizara el polémico plan del anterior Ejecutivo conservador para mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados por vías irregulares. La inmigración sigue siendo clave en la agenda.

Downing Street ha dicho en repetidas ocasiones que no se reincorporaría a la unión aduanera o al mercado único, ni aceptaría la libre circulación, pero un portavoz del Número 10 se negó a descartar un papel del TJUE.

Pese a que los euroescépticos consideran que el Brexit es un asunto más que cerrado, lo cierto es que las nuevas normas comerciales con la UE que siguen entrando manera paulatina en Reino Unido a fin de dar a los empresarios un margen de acomodación están golpeando a la economía. Y el mayor objetivo del primer ministro es precisamente impulsar el lento crecimiento económico de Reino Unido.

En definitiva, el camino por delante no es fácil para el Ejecutivo laborista. Los recientes intentos de Starmer de cortejar a los líderes europeos sufrieron además a mitad de diciembre un nuevo revés, cuando la Comisión Europea decidió llevar a Reino Unido a los tribunales por su supuesto incumplimiento de la ley de la UE sobre la libertad de movimiento después del Brexit. La polémica deriva de acciones del anterior ejecutivo «tory», pero salpica de lleno ahora al inquilino de Downing Street.

Las nuevas negociaciones coincidirán además con la entrada en vigor de Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Todos los turistas que quieran visitar Reino Unido, excepto los ciudadanos británicos e irlandeses, deberán obtener este permiso para poder entrar al país a partir de 2025. El ETA, similar al que ya pide EE UU, tendrá un coste de alrededor de 12 euros. Ya es obligatorio para los ciudadanos de Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania. Pero a partir del 8 de enero se aplicará a los no europeos y en marzo se extenderán luego a los europeos.

Por otro lado, otro de los grandes retos para Starmer en 2025 será encontrar un acuerdo para Gibraltar, que sigue en el limbo desde que el Brexit lo dejara fuera de la UE. En la Nochevieja de 2020, a pocas horas de que terminara el período de transición, Londres y Madrid conseguían cerrar «in extremis» un principio de acuerdo para evitar los estrictos controles en la única frontera terrestre –junto con la de Irlanda– que une ahora a Reino Unido con la UE. El texto contenía las directrices para cerrar un tratado entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre la Roca. Pero se trata tan solo de una solución temporal que puede rescindirse en cualquier momento por las partes.

Si se quiere flexibilidad en la verja, se debe externalizar la frontera Schengen al puerto y aeropuerto del Peñón. Pero eso obliga a tener la presencia de agentes de España (miembro Schengen). Y ahí está el quid de la cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que el suelo donde está construido el aeropuerto no estaba contemplado en el Tratado de Utrecht (1713-1715).

Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la verja. Entre ellos, 15.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son españoles de una zona como la del Campo de Gibraltar, donde pocas veces se baja de una tasa de paro del 30%.

En las negociaciones se habla de «una zona de prosperidad compartida», un eufemismo para evitar hablar de la soberanía sobre la colonia británica. Pero es la soberanía, al fin y al cabo, lo que ha marcado el contexto de los últimos 300 años. Y la cuestión que, en definitiva, dificulta ahora la ansiada fumata blanca. Nadie quiere cerrar una verja que sacuda tanto a la economía del Peñón como de las regiones españolas aledañas. Pero, al mismo tiempo, nadie quiere firmar cualquier término, cualquier punto, cualquier coma que pueda afectar al tema de la soberanía en un tratado internacional.