Asociaciones judiciales avisan sobre la ley de Justicia: "reforma cosmética" y más "colapso" para los ciudadanos

La Ley de Eficiencia del Servicio Público aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre, que se espera que en los próximos días salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, supondrá principalmente que los más de 3.800 juzgados de toda España se transformen 431 en tribunales de instancia.

Bajo la óptica de Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), “faltan reglas claras” sobre cómo se van a implementar la oficina judicial y los tribunales de instancia ya que el texto legislativo se compone de “cláusulas muy abiertas” que provocan que haya dificultades a la hora de interpretar artículos de la propia ley a nivel técnico.

Especialmente, señala el representante de la segunda asociación con más afiliados de la carrera judicial, porque no existe una dotación presupuestaria concreta para financiar estas modificaciones que prevé la reforma legal. Por lo que a priori no descarta que acabe siendo un “cambio cosmético meramente” o una “ensoñación” que no acabe por solucionar, como se pretende, los graves problemas de los que adolece la Justicia.

“Habrá que ver si de verdad responde a una voluntad de mejorar las cosas o es una reforma a coste cero", añade. Lo que echa en falta Oliva como elemento fundamental es que se aclare en términos económicos dónde se va a invertir, si es en instalaciones nuevas o en más medios materiales y humanos para las que ya hay...

Como puntos positivos señala Oliva que con ella se deja atrás el binomio de juez-juzgado para dar paso al tribunal de instancia que aumentará la ratio de jueces por habitante, aunque ve en la ley un deseo de convertir al juez en un funcionario más.

En cualquier caso, insiste el portavoz de la Francisco de Vitoria en que se aclarará si sirve o profundiza en las deficiencias cuando se implemente en primer lugar en los Juzgados mixtos a partir de marzo. Entonces, veremos si su aplicación se hace con “seriedad y firmeza, trayendo bondades" o no y "trae más problemas que soluciones”.

Por su parte, Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI), deja claro que ellos están radicalmente en contra de la idea que se tiene en el Gobierno de que los problemas de la Justicia pueden solucionarse con una organización distinta de idénticos recursos, como entiende que se desprende de la ley. Lo que no quiere decir, matiza, que nieguen que la instauración de los tribunales de instancia pueda traer efectos positivos.

Tienen claro, eso sí, explica Portillo, que no logra acabar con el principal problema de nuestra sistema jurídico: la sobrecarga de litigios que existe en los tribunales. Recuerda el portavoz de la tercera mayor agrupación judicial que se viene aumentando año tras año, con una media de 11,92 miembros de la magistratura por cada 10.000 habitantes, mientras que la media europea es notablemente superior y está en 17,43.

Tampoco ven con buenos ojos en FJI que se pretenda con esta legislación organizar a los jueces a modo de una Fiscalía en cuanto a que si a un señalamiento falta un día un juez por estar enfermo, pasa a suplirle un compañero, cuando hasta ahora se suspendería la sesión.

Lo que para Foro infiere que se pretende maquillar las estadísticas judiciales “a costa de los riñones y las espaldas” de los jueces ya que el suplente, además de los asuntos que ya tiene encomendados, “tendría que hacer también los de él de al lado”. Lo que va en contra, opina Portillo, tanto de los derechos profesionales como de que se pueda impartir una Justicia de calidad.

Pone el foco también como otro indicio de que esta reforma puede acabar “sobrecargando a los jueces más” que los mecanismos de conciliación que se imponen y ahora se hacen obligatorios se convierta, como afirma que ocurre en lo Social, en un “trámite más para ir al Juzgado” porque que funcionasen implica que haya seguimiento de los casos y que la unidad administrativa competente compruebe realmente que no hay acuerdo y no ocurra como en la actualidad que es “un eslabón más” antes de que el juez te dé una solución final a tu problema.

Edmundo Rodríguez, que encabeza la asociación progresista Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), considera que su aprobación supone la llegada de un “avance reclamado hace mucho tiempo”, que no es otro que la reorganización de la Justicia a través de los tribunales de instancia.

Destaca que permite “el trabajo colegiado” y desaparecen los juzgados independientes, lo que permitirá para su asociación -la cuarta en número de miembros de la carrera afiliados- a las administraciones públicas -tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades que tienen las competencias transferidas en esta materia- invertir más y mejor y, al mismo tiempo, que lleguen a los tribunales los jueces que hoy en día faltan.

Todo ello, pone de relieve Rodríguez a modo de ventaja, “sin necesidad de crear un Juzgado nuevo, que depende de que así lo convengan las regiones con el Gobierno, con negociaciones de por medio para intentar que se contraten a más funcionarios, se cree una nueva sede judicial o se implante un nuevo sistema informático”.

Todo ese “dineral” iría, sin embargo, estos cambios para JJpD a que haya más jueces y un órgano colegiado que de salida cada año a más asuntos dictando así un mayor número de sentencias. Pone como ejemplo de lo que prevé que supondrá que, si ahora en Valladolid hay seis Juzgados de lo Social con seis magistrados titulares, va a pasar a haber una única sección de lo Social con 12 jueces.

“No creas nada ni duplicas, sino que generas la posibilidad de resolver más haciendo más eficaz la inversión y consigues incorporar más jueces ampliando las convocatorias del turno libre y el cuarto tuno”. El "cuello de la botella" de las carencias de la Justicia es en España para Rodríguez que no hay suficientes magistrados. Ahora, esta reorganización que se va a producir tiene claro que “está bien ya que ofrece más eficiencia” porque se destierra la necesidad de que la inversión se haga en un juzgado concreto.

También ven un punto positivo en los mecanismos de conciliación y no entienden las controversias que están generaron ya que supone para JJpD “que se puedan arreglar un asunto antes de ir a juicio, lo que va a tener consecuencias como que aquel que ponga impedimentos sea sancionados en costas por su resistencia” a intentarlo. Esto será útil, anticipan, para poner remedio a la ola de litigación de los consumidores contra bancos, aerolíneas y telefonía a través de la promoción del acuerdo previo. Lo que sustituirá también a un juez de paz local que no tiene casi competencias y e encuentra infradotado.

En cuanto a la oficina de justicia que se implantará en los 3.000 ayuntamientos que existe en nuestro país la idea señala que es convertirlas en el lugar donde puede acudir a realizar gestiones judiciales como presentar escritos, recoger notificaciones, certificados o reclamar el acceso a la Justicia gratuita.

De igual forma para comparecer desde ellas en los juicios, ahora que van a ser telemáticos, para evitar que, por ejemplo, para cumplir con una citación, una vecino de Canarias tenga que acudir a Oviedo al tener ahora una oficina al lado de su pueblo de Santa Cruz de Tenerife con un funcionario, del cuerpo municipal, que le pueda atender, con una cámara a través de la que declarar y así, al mismo tiempo, generan un ahorro para las partes y mayor comodidad para que quien no vive en grandes ciudades pueda acceder a la Justicia.

Eso sí, insiste Rodríguez, “todo ello es muy bonito sobre el papel, pero se necesitan inversiones”, sobre la que apunta a que podrá venir de los fondos europeos y ello explica que se hayan dado tanta prisa en aprobar la norma.