Starmer rechaza abrir la investigación sobre abusos

El pasado siempre vuelve. Sobre todo, si Elon Musk se empeña en ello. El hombre más rico del mundo, dueño entre otros de Tesla y X (antes Twitter), ha acusado al primer ministro británico, Keir Starmer, de ser cómplice del “mayor crimen en masa cometido en la historia del Reino Unido”, al resucitar un escándalo sobre abusos a menores ocurrido hace décadas.

La tormenta en las redes sociales se apoderó ayer por completo de la primera sesión de control al Gobierno de este nuevo año, generando graves problemas para un inquilino de Downing Street, cuya popularidad no consigue aún remontar en los sondeos tras la mayoría absoluta cosechada el pasado verano. Fue el hartazgo de la ciudadanía con la era tory lo que explicó el triunfo laborista más que la confianza en Starmer. El premier, cuyo carisma brilla por su ausencia, pretendía ir ganándose luego poco a poco al electorado. Pero sus constantes enfrentamientos con Musk, quien ocupará un destacado puesto en la nueva administración de Donald Trump, se lo están poniendo complicado.

Jess Phillips, secretaria de Estado de Interior, rechazó la semana pasada la solicitud del ayuntamiento de Oldham para llevar a cabo una investigación pública dirigida por el gobierno sobre las bandas de abusos a menores en la ciudad, argumentando que eso corresponde “solamente a la autoridad local” y no al ejecutivo. Pero Musk, quien nunca ha ocultado su animadversión por el gobierno laborista, pidió su encarcelación y acusó además a Starmer de ser “cómplice” de los atroces crímenes cometidos hace décadas por bandas de británicos de origen paquistaníes contra menores al no investigarlos supuestamente durante sus años como fiscal general de Estado. Las acusaciones son falsas, ya que Starmer, entre otras cosas, reabrió muchos de los casos enterrados por la policía por miedo a ser acusados de racistas.

Con todo, la bola se va haciendo cada vez más grande y la oposición conservadora no dudó ayer en sacar provecho de la polémica. El Partido Conservador impulsó ayer una enmienda al proyecto de ley sobre el Bienestar de los niños y las escuelas que se tramita actualmente en Westminster para exigir una investigación nacional completa sobre estas bandas pedófilas. La legislación durante la etapa de “segunda lectura” no se puede modificar, aunque los diputados pueden presentar una “enmienda razonada”. Esta comienza con las palabras “se niega a dar una segunda lectura”, lo que significa que mataría por completo el proyecto de ley. Pero al rechazar la enmienda, los laboristas ofrecieron a los tories la oportunidad de decir al público que votaron en contra de una investigación nacional completa sobre los acosadores de niños.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo a Starmer que corría el riesgo de alimentar las acusaciones de "encubrimiento". Pero el premier argumentó que ya se habían realizado varias investigaciones al respecto y que una nueva “solo retrasaría la acción que quieren las víctimas”.

Después de que The Times sacara por primera vez el escándalo en 2011, la Investigación Independiente de Abuso Infantil publicó en 2022 una serie de recomendaciones. Pero los tories, en el poder desde 2010 hasta 2024, no implementaron ninguna. Su justificación ahora es que “estaban dirigidas principalmente a otros problemas de explotación sexual infantil y cubrían sólo seis de las ciudades implicadas en el escándalo de violaciones en grupo”.

El papel de la religión de los perpetradores en estos crímenes sigue siendo un tema delicado en la política británica, que muchos claramente se muestran cautelosos a la hora de abordar. Algunos medios locales como The Spectator aseguran que “es difícil evitar la conclusión de que la exigua mayoría de Jess Phillips [secretaria de Estado que rechazó una nueva investigación] podría influir en su forma de pensar”. La diputada laborista por Birmingham Yardley ganó las últimas elecciones por sólo 693 votos. Su circunscripción, como otras de Birmingham, tiene una población musulmana significativa. En su momento, la diputada laborista por Rotherham, recibió amenazas de muerte y se vio obligada a dejar su papel como portavoz de Igualdad en la oposición en 2017 después de escribir: “Reino Unido tiene un problema con los hombres británicos paquistaníes que violan y explotan a las niñas blancas”.