China condena las investigaciones de la UE sobre subsidios extranjeros como un grave freno al comercio y la inversión

China ha advertido que las políticas de la Unión Europea para proteger a sus empresas de subsidios extranjeros representan un grave impedimento para el comercio y la inversión. Este nuevo choque recrudece la intensa batalla comercial y pone de manifiesto la creciente fractura entre ambas partes.

La declaración surge de un exhaustivo análisis de seis meses solicitado por la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos. Según el ministerio, las acciones de la UE violan principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, incluyendo la no discriminación.

La parte china ha denunciado las sanciones de la UE como inapropiadas y los plazos como excesivos, además de criticar la falta de transparencia y legitimidad en los procesos. El organismo enfatizó que estas regulaciones fueron "aplicadas de manera selectiva" y que los criterios para detectar subsidios extranjeros son confusos y poco claros.

Las indagaciones europeas han sido tildadas de desproporcionadas, generando una "carga enorme" para las empresas chinas. La investigación señala que “este enfoque ha restringido la entrada de productos, servicios e inversiones chinas al mercado europeo, poniendo en riesgo la competitividad de las compañías chinas en un entorno global ya complicado”.

Los resultados del estudio sugieren que las empresas chinas han enfrentado pérdidas económicas importantes, tanto directas como indirectas, estimadas en aproximadamente 7.600 millones de yuanes (cerca de 1.060 millones de dólares) en proyectos de licitación cancelados, además de otros proyectos afectados que superan los 8 mil millones de yuanes.

Por otra parte, las autoridades chinas han alertado de que estas acciones podrían resultar en un aumento de los costos operativos para las empresas, elevar los precios para los consumidores y causar pérdidas de empleo dentro de la UE, lo que, a su vez, podría obstaculizar el desarrollo económico y social sostenible de los Estados miembros.

No obstante, Pekín no ha especificado las medidas que implementará tras los resultados del análisis. Previamente, advirtió que, de confirmarse que las políticas extranjeras constituyen barreras comerciales, podrían optar por entablar diálogos bilaterales, iniciar un proceso multilateral de resolución de disputas y adoptar "otras medidas pertinentes". También se señaló que estas acciones podrían incluir la recomendación de "medidas de represalia". Con todo, el portavoz del ministerio, He Yadong, subrayó que tienen la intención de solicitar conversaciones al respecto, aunque no se ofrecieron detalles específicos.

Esta polémica se enmarca en un conflicto comercial más amplio con Bruselas, ya que la UE ha impuesto aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos fabricados en China tras determinar que las subvenciones estatales otorgaban una ventaja injusta a la industria china de este tipo de vehículos. El Gobierno chino apuntó el jueves que el bloque ha emprendido sondeos en profundidad sólo contra las empresas de su país que participan en la contratación pública, además de controles inesperados y otras estrictas medidas coercitivas contra sus compañías. De este modo, “los productos chinos están recibiendo un trato más desfavorable en el proceso de exportación a la UE que los de terceros países”, declaró el Ministerio de Comercio.

El objetivo del reglamento europeo es combatir los efectos de las subvenciones extranjeras y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas de los 27 Estados miembros. Confiere a Bruselas la facultad de examinar las ayudas que considere capaces de distorsionar sus mercados. Los reguladores disponen de la posibilidad de imponer multas, suspender licitaciones o bloquear directamente las adquisiciones estatales.

Por otro lado, un estudio realizado por la Cámara de Comercio Europea en China revela que las empresas europeas operando en el país enfrentan presiones para adaptar sus actividades a la normativa local, lo que compromete su eficacia y reduce su competitividad global. El informe advierte que el incumplimiento de las regulaciones locales puede resultar en barreras comerciales y sanciones severas.