Un fallo judicial avala que la Ley de Memoria Democrática no arrase con todas las cruces
El parque de Ribalta en Castellón fue, en enero de 2023, escenario de tensión, con llantos y rezos, durante los trabajos para desplazar una antigua cruz de los caídos hasta su nueva ubicación, con un importante dispositivo de agentes de la Policía Local y Nacional para templar los ánimos.
La asociación Amics del Ribalta había pedido al Ayuntamiento –de PSPV, Compromís y Podem-EUPV– su eliminación en 2017, y aquel día culminaba una larga batalla judicial que ha seguido su curso.
El pasado mes de junio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Castellón daba la razón a la Fundación Española de Abogados Cristianos y al concejal de Vox Luciano Ferrer al considerar irregular la eliminación de un elemento religioso que rechaza todo tipo de violencia, puesto que ya había sido despojado de toda simbología franquista. Ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) el que ha dictado sentencia: las cruces que hayan sido resignificadas o que carezcan de inscripción no pueden ser incluidas en el catálogo de vestigios elaborado por la Generalitat valenciana del socialista Ximo Puig en 2022.
El fallo menciona expresamente cruces como la del parque de Ribalta de Castellón, la cruz de las Germanías de Elche, la cruz de Herbés, de Morella o la de la Avenida Doctor Gadea de Alicante.
Para el TSJV, «la resignificación de algunos elementos–cruces ha supuesto la desaparición de la connotación que sí pudo haber tenido en sus orígenes: elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial», por lo que «no se ajusta a derecho su inclusión en el catálogo y, en consecuencia, se impone su anulación. En este grupo procede incluir a las cruces que carecen de texto o expresión alguna alineada con la conmemoración, exaltación o enaltecimiento de referencia».
Abogados Cristianos anuncia que va a solicitar la revisión de todas las sentencias que han avalado el derribo de cruces en la Comunidad Valenciana, como la de Callosa, entre otras.
Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que «es un espaldarazo a nuestra defensa de las cruces en España. No vamos a permitir ni un derribo más», afirma, y su intención es iniciar «procedimientos para que regresen a sus emplazamientos todas las que han sido derribadas hasta ahora».
Aquella protesta de enero de hace dos años, convocada por la Plataforma de defensa de la Cruz del Ribalta –levantada en 1944–, defendía que había sido resignificada por el consistorio en 1979 como un símbolo en contra de la violencia.
La actuación para sacar la cruz, y recuperar el jardín en el estado previo a su colocación, según los planos de 1926, se cifró en casi 60.000 euros.