Feijóo adelanta a Moncloa: menos burocracia en sus comunidades para agilizar la construcción de vivienda
Dar solución a la problemática de la vivienda será la prioridad en la reunión que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, iniciará hoy con sus barones en Asturias. Un cónclave con el que los populares quieren marcar terreno y, sobre todo, adelantar a Pedro Sánchez, que el lunes celebrará un foro sobre vivienda: buscan presentar una alternativa a la política del Gobierno con medidas específicas para poner en marcha en las doce comunidades en las que gobiernan.
La escasez de vivienda es la causa de un mercado inmobiliario tensionado que termina empujando los precios a niveles estratosféricos. Y aunque la solución pasa por ceder más suelo para la construcción, la burocracia también lastra el proceso, tal y como vienen denunciando las empresas del sector. Es por eso que las doce comunidades gobernadas por el PP firmarán una declaración este fin de semana en la que se comprometen, entre otras cosas, a simplificar los procedimientos administrativos para facilitar el planeamiento y gestión de nuevos desarrollos urbanos, es decir, la construcción de vivienda. La propuesta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, tiene por objeto centralizar en un mismo órgano de competencia autonómica la tramitación de los informes sectoriales preceptivos a la construcción de vivienda para reducir el plazo de recepción de estos. En la actualidad, esta diligencia se demora entre nueve y diez meses. El compromiso de los populares es rebajarlo a tres como máximo.
«Acabar con el infierno burocrático para facilitar la construcción de vivienda» es una de las prioridades que detecta el PP», según explica en declaraciones a este periódico su portavoz Paloma Martín, senadora, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable de Vivienda del partido.
En el caso de las comunidades, estas tienen competencias para designar un órgano correspondiente –como una Consejería– que centralice la gestión de los informes requeridos (de índole ambiental o agrícola) para la construcción de vivienda que son de su competencia y recabarlos en el plazo de tres meses. Por ello, también solicitarán al Gobierno que tome el mismo ejemplo con los informes que son de competencia estatal, como los referentes a carreteras, costas o puertos, entre otros. «Existen cuellos de botella que se pueden simplificar con la emisión de los informes sectoriales en organismos autonómicos», explica la portavoz, que incide en que a la hora de construir es el papeleo lo que lastra la construcción. Una vez se recaban los informes sectoriales y estatales, el tiempo para finalizar un proyecto ya solo depende del plan de edificación y la entrega de llaves.
Estos trámites que desesperan al mercado tienen nombre y apellidos. En Madrid, por ejemplo, se alargaron durante diez años en el barrio de El Cañaveral para la construcción de 14.000 viviendas. En la Comunidad Valenciana, el proyecto «Turianova» ha tardado 15 años en ser una realidad, mientras que todavía sigue paralizada en La Sagrera (Barcelona), la construcción de 593 viviendas desde 2007. O en Málaga, en el distrito Zeta, donde para la edificación de 3.443 viviendas la espera supera ya los 18 años.
Según la portavoz de Desarrollo Sostenible del PP, las consecuencias de estos plazos dilatados en el tiempo inciden en el incremento del precio del suelo y generan inseguridad jurídica. Por otro lado, el retraso de los plazos dificulta a los promotores acceder a las inversiones. Todo ello implicó una caída de la inversión inmobiliaria en España de un 30% en el 2023, según el estudio de vivienda CBRE.
Otra de las consecuencias de la demora en los tiempos de construcción es que el plan urbanizable queda anticuado desde que se planea construir hasta que se lleva a cabo ante el promedio de entre 10 y 15 años para llevarlo a término. Cambian los estilos de vida y necesidades de los ciudadanos, lógicamente.
Los populares se comprometen a reducir los plazos en sus comunidades en el ámbito de sus competencias. De hecho, Galicia es la primera autonomía que ha logrado acortar a la mitad los tiempos de tramitación de nuevo suelo residencial a través de la creación de un nuevo organismo que se encarga, en exclusiva, de la construcción y gestión de pisos públicos.
A nivel nacional, el grupo popular propondrá en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley del Suelo, que es la que de manera definitiva puede acabar con la lentitud del desarrollo urbanístico. En esa reforma, el grupo parlamentario limitará la nulidad por vicios formales de los planeamientos urbanísticos con el objetivo de que la construcción de vivienda no se paralice de manera indefinida.
De este encuentro de trabajo de los populares, a puerta cerrada, saldrá una posición conjunta con otras medidas, como liberar suelo dotacional en desuso para fabricar viviendas. Las conclusiones se darán a conocer mañana, cuando Feijóo encabece un acto público en Oviedo.