La instrucción de las causas por los fiscales: la mayor reforma procesal, a la espera
Al margen de la limitación de la acción popular, la reforma procesal de mayor calado que quiere sacar adelante el Gobierno pasa por dejar en manos de la Fiscalía la instrucción de las causas, un proyecto largamente aplazado que despierta recelos en asociaciones judiciales en la medida que se acometa sin garantizar antes la independencia del fiscal general del Estado respecto del Gobierno, como reclama la Comisión Europea. El anteproyecto ha recibido hace poco el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –un informe preceptivo, pero no vinculante–. Pero se trata, no obstante, de un plácet con condiciones, pues los vocales inciden en la necesidad de impulsar reformas legales que blinden la independencia del Ministerio Público. Sobre todo, la del fiscal general de turno respecto al Gobierno, en la medida en que se trata del máximo representante de una institución jerárquica.
El pasado junio, en una entrevista en LA RAZÓN, la presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, se mostraba contundente al respecto. «¿A alguien se le ocurre en las circunstancias actuales pensar que dar la instrucción a la Fiscalía es beneficioso para los ciudadanos? No hace falta ser muy avezado para pensar que podría utilizarse la Fiscalía para perseguir al adversario político», aseguraba. «Hoy es imposible. No podemos olvidar –argumentaba– que la Constitución es muy clara: el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Va a existir siempre esa vinculación porque, además, la Fiscalía tiene una estructura jerarquizada».
Sobre la mesa, la posibilidad de separar los mandatos del fiscal general y del Gobierno para ahuyentar esa imagen de dependencia respecto a quien le ha nombrado para el cargo. El propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, asumía –en una entrevista en este periódico el pasado mayo– que si se da la instrucción al Ministerio Fiscal «hay que cambiar el sistema de contrapesos dentro de la carrera». No obstante, hacía hincapié en que «pensar que el fiscal general del Estado con un dedo puede modificar o intervenir en cualquier asunto a su antojo es no entender el funcionamiento de la carrera fiscal».
En todo caso, el informe del CGPJ marca claramente las pautas de actuación necesarias antes de dar ese paso, entre ellas separar el mandato del fiscal general del final de la legislatura. Para el Consejo, es necesario priorizar una «ambiciosa reforma» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el fin de fortalecer «la independencia del Ministerio Público». De manera que se garantice así, defiende el informe del CGPJ, que «no esté sujeto a órdenes ni instrucciones de ningún tipo» y «quede protegido de injerencias o presiones externas».
El órgano de gobierno de los jueces entiende que hay que prohibir de forma «expresa y taxativa» que el Gobierno imparta al fiscal general «órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo», democratizando las decisiones de calado al otorgar mayor protagonismo tanto al Consejo Fiscal (órgano consultivo del fiscal general) como a la Junta de Fiscales de Sala, que concentra a la cúpula de la carrera.