"Salvemos Almaraz", la iniciativa contra el apagón
El pasado mes de marzo se dieron cita en Madrid 70 representantes de las distintas redes de jóvenes relacionados con la energía nuclear pertenecientes a 27 nacionalidades distintas. El objetivo de la reunión era, además de compartir «know how», dar voz a la iniciativa «Salvemos Almaraz», promovida por los Jóvenes Nucleares españoles. La organización defiende la prolongación de la vida de la planta ubicada en Cáceres, al considerar que sus dos reactores llevan operando desde hace más de 40 años de una manera segura fiable y respetuosa con las personas y con el medio ambiente. En este sentido, Jóvenes Nucleares recuerda, a través de un manifiesto, que la generación de Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de toda España, abastece a más de 4 millones de hogares, evita la emisión de 7,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y genera 2.900 empleos. Pese a ello, el Gobierno, mantiene su política antinuclear y se niega a prolongar más allá de los 46 años la vida útil de las centrales ubicadas en territorio nacional. Una postura que contrasta con la adoptada en el resto del mundo, lo que ha convertido a España en un verdadero reino taifa en torno a la nuclear. Y como muestra, un botón. Estados Unidos acaba de aprobar la novena central nuclear para que amplíe su periodo de operación de 60 a 80 años. Se trata de la central de Monticello situada en Minnesota de 691 MW de potencia. Asimismo, la NRC ha informado que están actualmente realizando el proceso de evaluación para las solicitudes de 6 plantas más para ampliar la operación de 60 a 80 años. La autoridad, a fin de calcular el trabajo que va tener que realizar en los próximos años, ha realizado una consulta a las 90 centrales nucleares autorizadas a operar 60 años, preguntando cuántas presentaran al organismo regulador nuclear la solicitud de extensión a 80 años, y la respuesta es que prácticamente todas lo harán.
Este rumbo que está tomando Estados Unidos, uno de los países pioneros en el uso de la energía nuclear, se está convirtiendo en una tendencia internacional, a la que se están sumando el resto de países con centrales. Así, por ejemplo, Japón también ha anunciado oficialmente que las suyas operarán más allá de los 60 años. Finlandia, por su parte, acaba de aprobar que una de sus centrales esté activa más allá de 70 años. En Francia, el regulador y EDF consideran que sus centrales pueden operar hasta 60 años, y han empezado a hacer estudios para analizar la viabilidad a los 80, siguiendo la línea de Estados Unidos. Suiza también ha dado luz verde a que varias de sus plantas nucleares prolonguen su vida más allá de 60 años, al igual que Eslovenia y Suecia, que incluso ya ha autorizado varias de ellas a funcionar por ocho décadas, y Brasil, que ha aprobado ampliar 20 años más la operación de Angra 1.
«España, que tiene actualmente siete centrales nucleares aprobadas a operar unos 46 años, debe sumarse a esta tendencia internacional, y presentar al Consejo de Seguridad Nuclear, la solicitud para ampliar la fecha de operación de esas siete centrales a 80 años. A la par, España debe hacer un proceso para reducir los impuestos innecesarios a la nuclear, dado que a otras fuentes de energía se les dan subvenciones. En este sentido, se debe suprimir la subvención que ahora se quiere dar a alguna fuente de energía emisora de CO2, como el gas, que España debe comprar a otros países, bajo el concepto de subvención por capacidad», aseguran fuentes del sector.
El Colegio y la Asociación del colegio e Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) también aboga por un futuro energético en el que tenga cabida la nuclear. Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares españolas producen más del 20% de la electricidad consumida actualmente en nuestro país, por lo que si no se extiende la vida útil de las plantas en funcionamiento, la nación podría enfrentarse a un déficit de cobertura de la demanda eléctrica. Y es que la centrales ofrecen un suministro constante y, además, sin emitir un gramo de CO2 a la atmósfera.
En este contexto, el cese actualmente previsto no sólo incrementará emisiones sino, también, las importaciones de gas, aumentará la necesidad de abundantes metales de los que España no dispone ante el muy superior consumo metálico por megavatio hora producido por parte de las renovables, por lo que un futuro energético sin nuclear se vislumbra como bastante incierto.
Millones dilapidados
En 2004, se acordó con el consenso de todos los partidos –excepto IU– y el aval de expertos en la materia, la creación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, Cuenca. Este proyecto fue concebido como una solución para gestionar de manera eficiente los residuos nucleares de alta actividad en España. Sin embargo, en julio de 2018, Teresa Ribera decidió detener su desarrollo, marcando un punto de inflexión en la política energética. Según fuentes del sector nuclear, la paralización de este proyecto representó no solo un freno a una infraestructura clave para el futuro energético, sino también un desperdicio de los millones de euros invertidos durante 16 años de trabajo, financiados con recursos provenientes de los ciudadanos a través de sus recibos de luz. A este gasto, se suman los 3.000 millones que se «dilapidarán» con el cierre progresivo de cada una de las centrales nucleares del país.