El TC se dispone a apartar esta semana al magistrado Macías de las deliberaciones sobre la Ley de Amnistía
El Tribunal Constitucional (TC) tendrá que resolver si accede a la recusación que solicitó la Fiscalía para el magistrado José María Macías y lo aparta de la decisión sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que está en manos de la corte de garantías en forma de recursos y cuestiones presentados por 12 regiones, tres parlamentos autonómicos y otro por cargos del PP en el Congreso y el Senado.
El Ministerio Público, en un escrito firmado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defiende que Macías debe echarse a un lado y no participar en la ponderación de la constitucionalidad de la amnistía al "procés" por haberse mostrado contrario a ella cuando era vocal en el anterior Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes jurídicas avanzan a Ep, que lo más probable es que se estime la recusación realizada por la Fiscalía y el magistrado quede apartado esta semana. Y es que, aunque la recusación se refiere únicamente a la cuestión de inconstitucionalidad del TS, la decisión adoptada se extenderá a las demás impugnaciones contra la amnistía. Plantean para ello varias vías. La más "fácil", que el propio Macías se abstuviera, si bien se estudian otras opciones como que se aplique directamente a las demás cuestiones y recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía sin necesidad de que haya recusaciones de parte contra el magistrado conservador.
Fue el pasado 3 de diciembre cuando el Pleno acordó -por 6 votos a favor y 4 en contra- abrir pieza separada para analizar la recusación contra Macías, recayendo la ponencia sobre la magistrada progresista Inmaculada Montalbán. Cabe recordar que las recusaciones lanzadas contra Macías por la Abogacía del Estado en los recursos presentados contra la amnistía fueron rechazadas por extemporáneas.
El Pleno rechazó igualmente las recusaciones formuladas por el PP y las comunidades autónomas que gobierna contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la también magistrada progresista Laura Díez. Hasta ahora el único magistrado apartado de los debates sobre la amnistía es Juan Carlos Campo, que decidió abstenerse porque siendo ministro de Justicia dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional" en los informes a favor de indultar a los condenados por el 'procés'.