Dignidad y Justicia acusa a Sánchez de dejar a las víctimas "sin capacidad de acción"
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cargarse" las acusaciones populares y dejar a las víctimas "sin capacidad de acción", por el registro de una proposición de ley por parte del PSOE en el Congreso que busca limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos ni asociaciones y fundaciones vinculados a ellos.
Advierte de que "el proyecto hace algo perverso: prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan vinculación con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado, pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación", ha afirmado en un comunicado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien ha asegurado también que "va contra el artículo 125 de la Constitución".
"Se carga las acusaciones populares y deja a las víctimas sin capacidad de acción, pues no nos permite participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo", explica Portero.
Dignidad y Justicia incide en que Sánchez "está dando un golpe de Estado y encaminando al país hacia una tiranía" ya que, tras tener "controlado" el poder Ejecutivo, Legislativo y el Tribunal Constitucional, ahora "pretende" controlar todo el sistema judicial "por la puerta de atrás, con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno".
El pasado viernes el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales, que pretende, entre otras, frenar las "acciones judiciales abusivas" y acotar el papel de las acusaciones populares porque, alega, lo hacen "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". Sin embargo, Portero avisa la realidad es que Sánchez lo que quiere es eliminar la figura de la acusación popular con el fin de que solo sea la Fiscalía la que tenga el poder para impulsar procedimientos. Y recuerda que, "sin la acusación popular, sin embargo, ni el caso Faisán, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria".